La Junta evalúa los daños en el campo de Toledo por los incendios
El Gobierno de Castilla-La Mancha visitó este miércoles La Iglesuela del Tiétar (Toledo), el municipio más castigado por el incendio del Valle del Tiétar, para evaluar sobre el terreno los daños sufridos por las explotaciones agrarias y ganaderas. El operativo de valoración, coordinado por la Vicepresidencia Primera, incluye el análisis de la información recopilada por las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs) de Talavera de la Reina, Almorox y Torrijos.
La visita coincide con la exigencia de ASAJA Toledo de ayudas "rápidas y suficientes" para todos los afectados, una organización que advierte de que los daños no se limitan a la superficie quemada sino que se extienden a los perjuicios causados por la maquinaria pesada empleada para abrir cortafuegos: arranque de olivos, destrucción de vallados y deterioro profundo del suelo.
La directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez; el coordinador de la Delegación de la Junta en Toledo, Javier Úbeda; y la delegada provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Elena Martín, recorrieron este jueves 6 de agosto La Iglesuela del Tiétar (Toledo) y las localidades evacuadas de Almendral de la Cañada y El Real de San Vicente para comprobar los daños del incendio forestal y constatar, según el Gobierno regional, que estas poblaciones "van recuperando la normalidad". La visita se enmarca en los trabajos de seguimiento y evaluación que coordina la Vicepresidencia Primera para conocer el alcance total del siniestro en las explotaciones agrarias y ganaderas de la comarca del Valle del Tiétar.
La Delegación de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural trabaja en el análisis de la información aportada por las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs) de Talavera de la Reina y Torrijos, la Unidad Técnica Ganadera (UTG) de Almorox, calificado por la directora general como "un trabajo imprescindible para cuantificar los daños y definir las ayudas y medidas que permitan paliar las pérdidas sufridas por agricultores y ganaderos afectados". Las administraciones han pedido a los productores que comuniquen a estas oficinas todos los perjuicios en cultivos e infraestructuras agrarias, poniendo a su disposición tanto la red de OCAs como el personal adscrito a ellas.
Fueron once los municipios evacuados en esta zona: Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez, Pelahustán, Almendral de la Cañada, Sartajada y La Iglesuela del Tiétar. Durante los días más críticos, cuando el incendio fue declarado de nivel 3 bajo emergencia nacional y el Mando Unificado de Extinción asumió el operativo, la Delegación mantuvo el contacto con agricultores, ganaderos y alcaldes para facilitar el acceso a las explotaciones, acreditar la titularidad de las mismas y atender, incluso, las consultas relativas a animales de compañía de pequeñas explotaciones.
En coordinación con los ayuntamientos afectados, las OCAs trabajan también en la identificación de daños en infraestructuras de titularidad municipal, como caminos rurales, con el objetivo de disponer en las próximas semanas de "una evaluación lo más completa posible en la que queden reflejados todos los daños y afecciones".
El incendio se originó el 22 de julio con los focos de Almorox y de Burgohondo —este último en Ávila, aunque con incidencia en la provincia de Toledo—. De forma simultánea, se produjeron otros fuegos de menor magnitud en localidades como Mazarambroz, Malpica de Tajo, Navalcán, Calera y Chozas y la Pueblanueva, todos atendidos por la Delegación.
Garantías para el cobro de la PAC
La Consejería de Agricultura se ha comprometido a que los agricultores y ganaderos afectados cobrarán las ayudas que les correspondan en el marco de la Política Agraria Común (PAC). Para ello, se coordina con la Consejería de Desarrollo Sostenible con el fin de delimitar el perímetro de las explotaciones afectadas y aplicar, cuando sea necesario, la causa de fuerza mayor. Esto garantiza que no habrá problemas para cobrar el anticipo de la PAC de este año y que las consecuencias del incendio no impedirán a los productores cumplir determinados compromisos vinculados a las ayudas agroambientales y los ecorregímenes.
Estas medidas de flexibilización se aplicarán tanto a las explotaciones afectadas en estos incendios como en el conjunto de los registrados en Castilla-La Mancha que hayan superado las 100 hectáreas.
ASAJA Toledo exige ayudas que cubran también los daños de los cortafuegos
Mientras el Gobierno regional avanza en la cuantificación de los daños, ASAJA Toledo ha elevado la presión sobre las administraciones regional, nacional y provincial para exigir "una respuesta rápida, coordinada y suficiente". La organización agraria ha instado a los agricultores y ganaderos a documentar y cuantificar cuanto antes las pérdidas mediante un informe detallado —con fotografías y pruebas gráficas— que identifique las parcelas dañadas y refleje el conjunto de perjuicios, para su presentación en la OCA correspondiente.
ASAJA Toledo subraya que el daño provocado por los incendios no se circunscribe a la superficie calcinada. En la Sierra de San Vicente, especialmente en fincas de La Iglesuela del Tiétar, la entrada de maquinaria pesada para la apertura de cortafuegos y zanjas de seguridad ha supuesto el arranque de árboles —incluidos olivos—, la destrucción de vallados y cercados, el deterioro de pastos y el daño profundo del suelo. "Hay explotaciones en las que el fuego ha destruido pastos y otras en las que la maquinaria utilizada para contenerlo ha dejado daños que también habrá que reparar. Todo eso tiene un coste y debe ser tenido en cuenta", señaló la presidenta de ASAJA Toledo, Blanca Corroto.
Los incendios que han afectado a la provincia tienen un alcance diverso. El de Villa del Prado-Almorox afectó tanto a la Comunidad de Madrid como a Toledo; el del Valle del Tiétar con incidencia en la Sierra de San Vicente; el de la Sierra del Castañar con afección en Mazarambroz; y el de Retuerta del Bullaque.
"Estamos gastando ahora el alimento que necesitaremos en invierno"
Aunque el ganado no sufrió daños directos por las llamas, las dificultades de acceso a determinadas fincas durante la emergencia provocaron episodios de mastitis al no poder realizarse el ordeño con normalidad. Ahora, la pérdida de pastos obliga a los ganaderos a consumir el heno almacenado para el invierno. "Solo supone aplazar el problema", reconoció una de las afectadas, porque cuando llegue la temporada fría tendrán que comprar pienso y asumir un sobrecoste que puede prolongarse durante meses.
Una de las ganaderas calcula que la recuperación de la vegetación necesaria para el pastoreo puede tardar entre tres y cuatro años. A ello se suma la recuperación del suelo, muy deteriorado por las zanjas excavadas a gran profundidad con maquinaria pesada para perimetrar la zona. ASAJA Toledo insiste en que, para las ayudas, "el daño económico no termina cuando se extingue el incendio, sino que se prolonga durante meses e incluso años".
Toledo, dentro de la declaración estatal de zona afectada
ASAJA Toledo recuerda que la provincia figura entre los territorios incluidos en la declaración estatal de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aprobada por el Gobierno central. El acuerdo abarca los incendios que motivaron la declaración de emergencia de interés nacional del pasado 23 de julio e incluye un total de 211 episodios catastróficos registrados entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026, en su mayoría incendios forestales.
La declaración contempla ayudas gestionadas por el Ministerio del Interior para paliar daños personales y materiales, así como medidas para establecimientos, servicios y quienes realizaron prestaciones personales o de bienes durante la emergencia. Además, abre la puerta a que otros departamentos del Gobierno habiliten beneficios fiscales, medidas laborales y de Seguridad Social, y ayudas para la reparación de infraestructuras.
En el ámbito regional, junto a la flexibilización de la PAC, ASAJA Toledo reclama también la revisión de los criterios de admisibilidad de los pastos afectados, incluidos el coeficiente subvencionable y la carga ganadera. La organización agraria insiste en que estas medidas son necesarias pero insuficientes si no van acompañadas de una respuesta económica que permita a las explotaciones recuperar su capacidad productiva. "Ningún agricultor ni ganadero afectado puede quedar atrás", concluye Blanca Corroto.