El Parlamento Europeo exige recuperar la caza para salvar Cabañeros

La Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo aprobó el pasado 6 de mayo de 2026 un informe que insta al Gobierno español a revisar el marco jurídico que regula los parques nacionales para permitir la caza regulada dentro de Cabañeros, el espacio natural situado entre las provincias de Ciudad Real y Toledo con 409 kilómetros cuadrados de extensión. El texto, respaldado por una amplia mayoría de los eurodiputados, surge tras la misión de inspección que una delegación del Parlamento Europeo realizó en febrero en la zona y que permitió constatar sobre el terreno el deterioro del ecosistema.

El informe aprobado reclama al Ejecutivo español que "revise, modifique o, cuando proceda, derogue el marco jurídico actual que regula los parques nacionales" para garantizar su gestión, incluyendo "las medidas necesarias de control poblacional, como la autorización de actividades cinegéticas reguladas dentro de los parques nacionales, también en terrenos de propiedad privada cuando corresponda". La Eurocámara solicita asimismo "una nueva evaluación de la situación medioambiental en el Parque Nacional de Cabañeros y una valoración de los impactos socioeconómicos de la prohibición de la caza, garantizando que las políticas de conservación vayan acompañadas de un apoyo adecuado a las comunidades rurales".

La resolución exige además la "introducción de mecanismos de control poblacional para abordar el desequilibrio ecológico causado por la sobrepoblación de ungulados y prevenir una mayor degradación de la biodiversidad, así como un grave riesgo para la agricultura y la seguridad pública".

Cinco veces por encima del límite óptimo

El origen del conflicto se remonta a diciembre de 2020, cuando expiró la moratoria prevista en la Ley de Parques Nacionales que permitía el control poblacional de ungulados. Desde esa fecha, los propietarios privados de fincas integradas en el parque no han podido llevar a cabo actuaciones de gestión, lo que ha disparado la cabaña animal. Según las estimaciones manejadas por la Asociación de Afectados del Parque Nacional de Cabañeros (AAPNC), la población de ungulados multiplica por cinco el límite considerado óptimo, provocando un deterioro progresivo del ecosistema.

En 2021 se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión, y en 2023 el Plan de Gestión de Ungulados, pero ambos instrumentos han quedado sin aplicación efectiva por la falta de convenios con los titulares de las fincas. Hasta la fecha, solo una de las nueve fincas privadas incluidas en el parque ha firmado convenio —el pasado 14 de enero de 2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de enero—, y aun este acuerdo no ha podido ejecutarse al no contar con dotación presupuestaria. Las ocho restantes permanecen a la espera de que se inicien negociaciones.

"Un espaldarazo para unas reclamaciones ignoradas"

La aprobación del informe fue recibida con satisfacción por la AAPNC, que llevó el caso a las instituciones europeas precisamente ante la falta de respuesta de las autoridades nacionales. Rafael Sánchez, portavoz de la asociación, valoró que la resolución supone el reconocimiento de unas demandas que hasta ahora habían sido ignoradas. "Nos alegramos de que nuestra voz se haya escuchado en Europa y que una delegación de eurodiputados pudiera constatar el declive que sufre el ecosistema por la decisión de no llevar a cabo acuerdos que permitan el control poblacional mediante la caza. Esperamos que las autoridades nacionales tomen nota", declaró Sánchez.

Miguel Temboury, abogado de la asociación, fue más explícito sobre la estrategia seguida y sobre los pasos que podrían dar si la situación no se desbloquea. "Acudimos a las instituciones europeas como método para que las autoridades españolas cumplan con sus obligaciones legales y conservacionistas para tratar de evitar un desastre ecológico irreversible. El informe del Parlamento Europeo es un primer paso y esperamos que el Gobierno tome cartas en el asunto", afirmó, antes de añadir una advertencia: "Recurriremos a otras instancias si es necesario".

La Comisión Europea, en guardia

El informe aprobado en la PETI solicita también a las autoridades competentes que garanticen "la aplicación efectiva de la legislación medioambiental de la UE, al tiempo que reevalúan el marco de gestión del Parque Nacional de Cabañeros para proteger la biodiversidad sin marginar a las comunidades locales, a los propietarios privados ni a las actividades tradicionales, evitando asimismo imponer cargas regulatorias desproporcionadas sobre las comunidades locales y las prácticas rurales tradicionales". El texto insta igualmente a "acelerar las negociaciones con los propietarios privados para concluir acuerdos de gestión sobre todos los terrenos incluidos en el parque, garantizando una gestión coherente y eficaz del ecosistema".

El Parlamento Europeo fue más allá y reclamó directamente a la Comisión Europea que actúe "ante la falta de medidas inmediatas por parte del Gobierno de España y de las autoridades competentes para corregir la situación en el área privada del Parque Nacional de Cabañeros" y que "adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento estricto de la Directiva de Hábitats y frenar el deterioro de la flora en este espacio protegido".

Durante el debate celebrado en la Eurocámara el pasado mes de abril, el representante de la Comisión Europea reconoció que la firma del primer acuerdo dentro del plan de gestión de ungulados en Cabañeros constituía un "paso muy favorable hacia la resolución de la situación" y que mantendrían una "vigilancia permanente" de la implementación en los terrenos privados.

Un parque en la encrucijada

El Parque Nacional de Cabañeros, que forma parte de la Red Natura 2000, está considerado uno de los espacios naturales más valiosos de la Península Ibérica por la singularidad de su paisaje de raña y su biodiversidad. Sin embargo, la combinación de la prohibición de la caza, la falta de convenios con propietarios privados y la ausencia de recursos presupuestarios para ejecutar los planes de gestión ya aprobados ha desembocado en una situación que la propia Eurocámara califica de "desequilibrio ecológico". La AAPNC, que agrupa a los titulares de las fincas privadas dentro del parque, lleva años alertando de daños que, advierten, pueden volverse irreversibles si no se actúa con urgencia. El respaldo del Parlamento Europeo abre ahora una nueva fase en este conflicto que enfrenta los modelos de conservación estricta con la gestión activa del territorio rural.