Médicos alertan de "deterioro insostenible" y "déficit estructural" de la sanidad pública
La sanidad pública de Castilla-La Mancha afrontó este martes una de las jornadas más tensas de los últimos años con el inicio de la huelga de médicos convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). La protesta, que se extenderá durante cuatro días consecutivos y que enlaza con dos fines de semana, se plantea como una movilización “de enorme importancia” en palabras del propio sindicato, que advierte de un “deterioro insostenible” del sistema y de “déficits estructurales” cronificados desde hace más de una década. Sobre ese diagnóstico, los facultativos han decidido elevar la presión a su máximo nivel.
Desde primera hora, los responsables sindicales reiteraron que esta huelga no es un gesto coyuntural ni un conflicto menor, sino la expresión de una situación que, afirman, se ha vuelto límite. El secretario general de CESM-CLM, Óscar Quintana, describió un escenario marcado por la sobrecarga asistencial, las demoras crecientes, la falta de reconocimiento profesional y el bloqueo de la carrera profesional desde 2012. Recordó que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que no reconoce nuevos grados, una circunstancia que ha generado “una discriminación injustificada para miles de médicos y facultativos” que ejercen en la región. Por ello, el sindicato exige al Gobierno autonómico que incluya en los presupuestos de 2026 la dotación necesaria para reactivar este derecho, paralizado desde hace trece años.
Pero la carrera profesional no es la única reivindicación. Quintana insistió en que la situación asistencial exige una adecuación real de las plantillas, la reducción de una carga laboral que calificó de “excesiva e incompatible con una atención de calidad”, la actualización urgente de la normativa de guardias físicas y localizadas, el refuerzo de la seguridad frente a agresiones y la mejora de las condiciones de residentes y sustitutos, a los que —denunció— se les sigue exigiendo “un esfuerzo que no se corresponde con su nivel de supervisión, descanso ni retribución”.
El dirigente sindical quiso dejar claro que la movilización “no es contra los ciudadanos, sino por ellos”, y enmarcó la protesta en la defensa de un sistema sanitario que, en su opinión, no puede sostenerse en la disposición permanente de los profesionales ni en la normalización de jornadas maratonianas que afectan a su salud y a la de los pacientes.
También intervino Jorge Juan Curiel, presidente regional del sindicato y miembro del comité de huelga nacional. Subrayó que los médicos se han visto “obligados” a recurrir a un paro de estas dimensiones ante la “falta de interés” del Ministerio de Sanidad y de los consejeros autonómicos para abordar los problemas que arrastra el sistema. Según explicó, las negociaciones se han estancado entre reproches cruzados y “ausencia total de medidas concretas”. Curiel alertó de que la fuga de profesionales continuará mientras no haya mejoras reales, y denunció además la “improvisación” con la que se han fijado los servicios mínimos, comunicados —dijo— con escaso margen, remitidos incluso a personal en descanso o vacaciones y generadores de “confusión y sobrecarga” en numerosos centros.
La vicesecretaria del sindicato en Ciudad Real, Rosa Sarabia, apeló directamente a la ciudadanía, a la que pidió apoyo en una movilización que “no debería haberse retrasado tanto”. Señaló que el colectivo ha asumido durante años condiciones que se justificaban en la “vocación”, pero que eso ya no puede sostenerse. Los médicos, afirmó, solo reclaman jornadas equiparables a las del resto del personal sanitario, el reconocimiento de las horas efectivamente trabajadas y condiciones dignas para estudiantes y residentes. Sarabia criticó que en algunos centros los servicios mínimos equivalen “al 100 % de la plantilla”, restringiendo de forma casi absoluta el derecho a huelga. Aun así, garantizó que la huelga continuará mientras no haya una respuesta efectiva del Ministerio y del Gobierno autonómico.
La dimensión nacional del conflicto, marcada por el rechazo unánime al borrador del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio, aporta un trasfondo adicional. CESM exige un Estatuto Propio que reconozca la singularidad y responsabilidad de la profesión médica y establezca una clasificación profesional adecuada, al considerar que el documento actual es “insuficiente y alejado de la realidad del ejercicio médico”.
La impugnación de los servicios mínimos
El malestar del colectivo se acrecentó al conocerse que CESM-CLM ha presentado un recurso de impugnación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra los servicios mínimos fijados por el Gobierno regional. El sindicato sostiene que son “desproporcionados”, “sin justificación técnica homogénea” y que “igualan o exceden la actividad ordinaria” en muchos centros, algo que —señalaron— no se había producido ni en huelgas previas ni en periodos estivales.
Para el sindicato, esos mínimos “impactan directamente en el contenido esencial del derecho de huelga”, reduciéndolo a un acto “simbólico e imposible de ejercer”. Consideran que no es una decisión tomada a la ligera, sino un recurso necesario para defender un derecho constitucional que “pertenece a todos los trabajadores”. La huelga autonómica —insisten— responde a doce años de derechos bloqueados y a una realidad asistencial en la que los médicos se ven obligados a asumir una presión excesiva sin reconocimiento ni mejora organizativa.
Seguimiento del 34,4% y creación del comité de seguimiento
Mientras el sindicato exponía su diagnóstico, el Gobierno regional proporcionaba su propia lectura del inicio del paro. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha informó de que el 34,4 % de los 9.000 facultativos llamados a la huelga secundaron la movilización en su primera jornada, según datos provisionales. La Consejería subrayó, además, que la plantilla médica ha crecido en 3.000 profesionales en los últimos diez años, cifrándolo como un refuerzo estructural que contrasta con las acusaciones de abandono sindical.
Sin embargo, el elemento central de la respuesta institucional no fue la cifra de seguimiento, sino la activación de un Comité de Seguimiento destinado a monitorizar en tiempo real el impacto de la huelga y a garantizar que los servicios mínimos esenciales se cumplen en todos los centros sanitarios.
La Consejería destacó que esta huelga tiene una particularidad que la hace especialmente sensible: al desarrollarse durante cuatro días laborables encadenados con dos fines de semana, puede suponer hasta nueve días teóricos sin actividad ordinaria en algunos centros. Esta prolongación obligó a activar un dispositivo de vigilancia “permanente y extraordinario” para evitar tensiones asistenciales que puedan comprometer la evolución clínica de los pacientes.
A lo largo del día, la Consejería informó de que el comité —integrado por el Consejo de Dirección del Sescam— se encontraba analizando de manera continua la actividad en hospitales y centros de salud, con especial atención a Urgencias, áreas críticas, hospitalización, quirófanos y Atención Primaria. El objetivo, aseguraron, es detectar “cualquier incidencia que pudiera alterar la continuidad asistencial”, garantizar que la atención inaplazable esté disponible en todo momento y evitar que la falta de rotación asistencial derive en saturaciones peligrosas.
La autoridad sanitaria subrayó que una cosa es el aumento inevitable de los tiempos de espera, inherente al ejercicio del derecho de huelga, y otra muy distinta que no pueda prestarse atención “cuando los recursos asistenciales indispensables no están disponibles”. En este sentido, remarcaron que los servicios esenciales están garantizados, que los centros funcionarán con normalidad en las áreas críticas y que todas las consultas, pruebas o procedimientos que no puedan realizarse serán reprogramados con la mayor celeridad, informando individualmente a los pacientes afectados.
En su comparecencia ante los medios tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, defendió la legalidad y proporcionalidad de los servicios mínimos. Señaló que el Ejecutivo ha tratado de compatibilizar el derecho fundamental a la huelga con el derecho a la protección de la salud, y sostuvo que el equilibrio alcanzado es razonable en el contexto de una movilización de estas características. “Si los sindicatos no están de acuerdo, en su mano está recurrir”, afirmó, en referencia directa a la impugnación anunciada por CESM.
Ruiz Molina añadió que el seguimiento registrado en la región demuestra que el sistema “está en condiciones de garantizar la atención esencial necesaria”, y que la activación del comité de seguimiento responde precisamente a la necesidad de “evitar cualquier situación que pueda comprometer la normal prestación de los servicios sanitarios”.
Desde la Junta insistieron durante toda la jornada en un mensaje clave dirigido a la población: “tranquilidad, porque todos los servicios esenciales están garantizados”. Asimismo, se comprometieron a mantener informados tanto a los profesionales como a la ciudadanía, con actualizaciones regulares a través de los cauces oficiales.
El conflicto entra también en el terreno político
La tensión generada por la huelga tuvo una inmediata traducción política. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, reclamó al jefe del Ejecutivo autonómico “respuestas inmediatas” ante lo que definió como una “gravísima situación sanitaria”. Núñez atribuyó la huelga “no al capricho de nadie”, sino a “diez años de abandono, mentira y desidia” por parte del Gobierno de Emiliano García-Page. Según su análisis, la región ha perdido una década clave para modernizar su sistema sanitario, reforzar la Atención Primaria y mejorar las condiciones de los profesionales.
El líder popular urgió a Page a “dejar de esconderse” y sentarse a negociar con los representantes sanitarios. A su juicio, “ningún Gobierno digno puede permitir que los médicos tengan que recurrir a la huelga para exigir lo mínimo”, y advirtió de que la situación actual forma parte de “un patrón incontestable” que, en su opinión, ha llevado a Castilla-La Mancha a quedarse atrás en términos de crecimiento, servicios y oportunidades.
En Toledo, la portavoz del PP-CLM, Alejandra Hernández, elevó el tono al denunciar “los 10 años de mentiras de Page” y reclamar la implantación inmediata de la carrera profesional sanitaria. Hernández enumeró los puntos de los programas electorales del PSOE desde 2015 en los que este compromiso aparece recogido y sostuvo que “no ha cumplido ni una sola de sus palabras”. Aseguró que la falta de desarrollo de la carrera profesional está expulsando talento, saturando centros y demorando diagnósticos críticos, incluso los vinculados al cáncer de mama.
La portavoz popular afirmó que existen “dos listas de espera: las oficiales y las que siguen guardadas en el cajón” y reprochó al Ejecutivo regional que presuma de disponer de “la mejor sanidad de la historia”. Llamó a Page a convocar “de forma urgente e incondicional” a los representantes de los profesionales para negociar la implantación inmediata de la carrera profesional y reclamó un plan de choque real para retener talento y ejecutar inversiones “que se vean y lleguen a los ciudadanos”. Según Hernández, mientras los médicos “cuidan con vocación y sacrificio”, los pacientes sufren los retrasos, y la Junta —afirmó— “sigue ausente, de puente otra vez”.
