Huelga de médicos en Castilla-La Mancha: Sanidad garantiza los servicios mínimos

El SESCAM estima un seguimiento cercano al 30% en la primera jornada del paro convocado por CESM. El sindicato eleva el respaldo al 80% en Toledo, niega el consenso en los servicios mínimos y denuncia precariedad laboral y falta de carrera profesional.
Médicos protestan a las puertas del Hospital de Toledo con motivo de la huelga convocada, este lunes - EFE/Ismael Herrero
Médicos protestan a las puertas del Hospital de Toledo con motivo de la huelga convocada, este lunes - EFE/Ismael Herrero

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha activado este lunes el Comité de Seguimiento de la huelga médica convocada por el Sindicato Médico CESM durante cinco días consecutivos con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos y asegurar la atención sanitaria esencial en todos los centros del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). La primera estimación oficial sitúa el seguimiento del paro en torno al 30% del colectivo convocado, a falta del cierre definitivo de datos al término de la jornada.

Desde la sede del SESCAM en Toledo, el director gerente, Alberto Jara, y el director general de Recursos Humanos y Transformación, Íñigo Cortázar, han defendido que la Administración regional respeta plenamente el derecho constitucional de huelga, pero debe compatibilizarlo con la garantía del derecho a la protección de la salud de los ciudadanos. “Nuestra prioridad es muy clara: que ningún paciente vea comprometida su evolución clínica y que la atención sanitaria esencial esté plenamente garantizada”, ha subrayado Jara.

El Comité de Seguimiento, integrado por el equipo directivo del SESCAM, permanece activo y monitoriza en tiempo real la situación en hospitales, centros de salud y dispositivos asistenciales de la región, con especial atención a los servicios considerados críticos.

Servicios mínimos “negociados y proporcionales”, según Sanidad

La Consejería sostiene que los servicios mínimos no han sido impuestos de forma unilateral, sino negociados con el Comité de Huelga y diseñados con criterios técnicos y de proporcionalidad. Según Cortázar, Castilla-La Mancha es “una de las pocas comunidades autónomas, y probablemente la única”, que ha alcanzado un acuerdo formal con los representantes sindicales sobre este extremo.

De acuerdo con la Resolución de 6 de febrero de 2026, están garantizados al 100% los servicios de urgencias, las unidades de críticos, la diálisis, el Hospital de Día Oncohematológico y los tratamientos oncológicos en curso, entre otras prestaciones consideradas esenciales. En el resto de áreas asistenciales se han establecido refuerzos específicos para evitar situaciones de saturación o impacto clínico en pacientes vulnerables.

El director general de Recursos Humanos ha recordado que en la anterior convocatoria los sindicatos recurrieron judicialmente los servicios mínimos y que la reclamación fue desestimada. “Independientemente de que hayamos conseguido una victoria judicial, preferimos negociar con los representantes de los trabajadores antes que llegar al juzgado”, ha afirmado.

En cuanto al seguimiento, Cortázar ha señalado que en las huelgas convocadas el pasado año el respaldo rondó el 34%, con un pico inicial en la primera jornada que descendió ligeramente en los días posteriores, manteniéndose en torno a un tercio del colectivo. En España están llamados a secundar el paro unos 190.000 facultativos, mientras que en Castilla-La Mancha la cifra se sitúa en aproximadamente 10.000 profesionales, incluyendo médicos hospitalarios, de Atención Primaria, especialistas y Médicos Internos Residentes (MIR).

Impacto asistencial y plan de contingencia

Jara ha recordado que la huelga del pasado mes de diciembre afectó al 53% de las intervenciones quirúrgicas programadas, sobre una media de 500 operaciones diarias en el conjunto del sistema sanitario regional. La singularidad de esta convocatoria —cinco días consecutivos de paro— puede suponer en determinados servicios hasta nueve días sin actividad ordinaria, si se suman los fines de semana y la reorganización de agendas.

Ello obliga, según el gerente, a una gestión especialmente rigurosa para garantizar la rotación de pacientes hospitalizados, la disponibilidad de camas y la atención de procesos no demorables. Para ello, el SESCAM dispone ya de un plan de contingencia en cada una de las gerencias para iniciar la reprogramación de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas “a la mayor brevedad posible”, con una perspectiva flexible y prácticamente en tiempo real.

Desde la Consejería se ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la población: los servicios esenciales están garantizados y, aunque puede haber demoras puntuales, “no va a haber desatención sanitaria”.

Diálogo abierto y reivindicaciones autonómicas

En el plano institucional, Jara ha reiterado que la situación “podría reconducirse mediante el diálogo” y ha anunciado que el próximo 23 de febrero el SESCAM se reunirá con el comité de huelga para evaluar el desarrollo de los servicios mínimos y establecer un calendario de trabajo conjunto.

Respecto a las reivindicaciones autonómicas, el gerente ha hecho referencia a la recuperación de la carrera profesional sanitaria, asegurando que se mantiene el diálogo con los representantes de los trabajadores. También ha puesto en valor avances como la implantación de la jornada de 35 horas semanales y el pacto sobre Atención Primaria, destacando que Castilla-La Mancha fue la única comunidad en la que no hubo conflicto en este ámbito.

En relación con la huelga nacional para reclamar un Estatuto Marco propio de la profesión médica, el SESCAM no comparte la necesidad de un marco independiente para los facultativos, aunque considera que el estatuto debe recoger especificidades para distintas categorías profesionales. Asimismo, ha reclamado al Ministerio de Sanidad que cuente con las comunidades autónomas y garantice financiación suficiente para cualquier reforma estructural.

CESM niega consenso y denuncia servicios mínimos “abusivos”

Frente a la versión ofrecida por la Administración sanitaria, el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha negado “en absoluto” que los servicios mínimos hayan sido consensuados y ha elevado significativamente las cifras de seguimiento en la provincia de Toledo.

En una concentración celebrada en Toledo, el secretario provincial de CESM, Carlos Vicario, ha asegurado que el respaldo a la huelga en la provincia alcanza el 80%, una cifra muy superior a la estimación ofrecida por el SESCAM a nivel regional.

Vicario ha denunciado que en el Hospital Universitario de Toledo hay más de 300 médicos designados para servicios mínimos, además de más de un centenar de profesionales que se encuentran en su descanso obligatorio. A su juicio, esta situación provoca que en algunos servicios haya “más gente trabajando que en un día normal o durante el periodo de vacaciones”.

“Cuando hay servicios mínimos del cien por cien algo falla”, ha afirmado el representante sindical. En su opinión, o bien se han fijado unos servicios mínimos “totalmente abusivos y con el objetivo de desactivar esta movilización”, o bien se está reconociendo implícitamente que la plantilla habitual es insuficiente para garantizar una atención adecuada en determinados periodos.

El sindicato sostiene que en la reunión mantenida con la Administración planteó alternativas concretas y expresó sus quejas respecto al anterior decreto de servicios mínimos, pero “ninguna de esas reclamaciones ha sido tenida en cuenta”. Por ello, consideran que la negociación no ha sido real ni efectiva.

Estatuto propio y defensa de la singularidad médica

En el ámbito estatal, CESM defiende la necesidad de un Estatuto Marco propio para la profesión médica que reconozca su singularidad, responsabilidad y nivel formativo. Vicario ha argumentado que los médicos son una minoría cuantitativa dentro del sistema sanitario y que, en su opinión, se han convertido en “la minoría sacrificable” en las negociaciones laborales.

“Muchos de los esfuerzos que hay que realizar para que otras categorías mejoren recaen sobre nuestras espaldas”, ha manifestado, en referencia al proceso de reforma del Estatuto Marco a nivel nacional. Según ha subrayado, la unidad mostrada por los médicos en esta convocatoria constituye una situación “sin precedentes” en defensa de su profesión.

Por su parte, el médico anestesista y representante de Simefyr, Juan José García Cruz, ha reclamado “condiciones dignas, una jornada laboral digna y una clasificación profesional acorde a la competencia y responsabilidad”. Ha denunciado la existencia de contratos precarios, jornadas prolongadas y una carga de trabajo que puede alcanzar las 48 horas semanales en cómputo semestral, algo que, según ha afirmado, “no sucede en ningún otro tipo de trabajo en este país”.

García Cruz ha defendido que la formación médica implica 360 créditos universitarios, un grado máster y la superación del examen MIR, además de cuatro o cinco años de especialización, por lo que considera que las condiciones laborales deben reflejar esa cualificación. “No estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo simplemente que se nos considere por lo que somos”, ha señalado.

La carrera profesional, eje del conflicto en CLM

En el ámbito autonómico, uno de los principales puntos de fricción es la recuperación de la carrera profesional sanitaria. CESM ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page, de incumplir compromisos adquiridos en 2015, 2019 y 2023, y de haber vinculado en el último Debate del Estado de la Región su implantación a la financiación autonómica.

“Somos la única comunidad autónoma que no tenemos carrera profesional sanitaria”, ha insistido Vicario, quien ha acusado al Gobierno regional de faltar a su palabra. Para el sindicato, la recuperación de este sistema de reconocimiento y progresión profesional es una cuestión clave para retener talento y evitar la fuga de médicos a otras comunidades.

La huelga, que se prolongará durante cinco jornadas consecutivas, mantiene abiertas las posiciones entre la Administración y los representantes médicos, con una próxima reunión prevista para intentar reconducir el conflicto en el ámbito autonómico mientras continúa el pulso a nivel nacional por la reforma del Estatuto Marco.

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