El Gobierno fija en 742 las plazas para menores migrantes en Castilla-La Mancha
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que actualiza la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores extranjeros no acompañados, fijando en 17.081 el total de plazas repartidas entre comunidades y ciudades autónomas. Castilla-La Mancha asume un cupo de 742 plazas.
La norma es clave para activar el mecanismo de reparto "vinculante y solidario" que permite derivar a otras comunidades peninsulares a los menores que llegan a Canarias, Ceuta y Melilla, territorios que actualmente triplican su capacidad ordinaria y se encuentran en situación de contingencia migratoria extraordinaria.
El Gobierno de España fijó este martes la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados que corresponde a cada territorio, mediante un Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros que actualiza el sistema de protección y tutela. En total, se distribuyen 17.081 plazas entre todas las comunidades y ciudades autónomas del país, de las que 742 corresponden a Castilla-La Mancha. La norma responde al mandato legal introducido en la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada para articular una respuesta solidaria ante la presión migratoria que soportan los principales territorios de llegada.
El Ministerio de Juventud e Infancia, que ha informado de la medida, destacó que la actualización de la capacidad ordinaria es un elemento "determinante" para conocer el estado real de los sistemas de acogida y para aplicar la figura de la contingencia migratoria extraordinaria. Este mecanismo se activa cuando una comunidad o ciudad autónoma triplica su capacidad ordinaria, circunstancia que en la actualidad concurre en Canarias, Ceuta y Melilla.
La fórmula empleada para calcular el cupo de cada territorio tiene base poblacional: la capacidad ordinaria de cada comunidad se ha obtenido dividiendo su población total a 31 de diciembre de 2025 entre el cociente resultante de dividir la población total de España en esa misma fecha entre el número máximo de menores extranjeros no acompañados atendidos por el conjunto del sistema de protección español.
El Real Decreto incrementa además de 16.016 a 17.081 la capacidad ordinaria total del sistema, actualizando las cifras acordadas el año pasado.
El mapa del reparto por comunidades
Andalucía encabeza el listado con 3.009 plazas, seguida por Cataluña (2.829) y la Comunidad de Madrid (2.471). La Comunidad Valenciana es la única otra autonomía que supera el millar, con 1.903 plazas asignadas.
Por debajo de ese umbral se sitúan Galicia (940), Castilla y León (833), Canarias (783), Euskadi (776) y Castilla-La Mancha (742), que ocupa la novena posición del ranking nacional. Les siguen la Región de Murcia (553), Aragón (476), Baleares (434), Extremadura (364), Asturias (352), Navarra (237), Cantabria (206) y La Rioja (114). Las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta cierran el mapa con las cuotas más bajas: 30 y 29 plazas, respectivamente.
Un reparto "vinculante y solidario"
La actualización de estos cupos no es un ejercicio meramente estadístico: tiene consecuencias jurídicas directas. Al fijar cuál es la capacidad ordinaria de cada territorio, el decreto habilita la prórroga del sistema de acogida "vinculante y solidario" que obliga a todas las comunidades peninsulares a recibir menores llegados a Canarias, Ceuta y Melilla cuando estos territorios superan su capacidad. Es, en la práctica, el instrumento que hace operativo el reparto obligatorio que el Gobierno ha impulsado en los últimos meses.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, valoró la aprobación de la norma como "un nuevo hito en el exitoso proceso de acogida de la infancia migrante no acompañada que llega a nuestro país". La ministra subrayó que "la modificación de la Ley de Extranjería ha permitido que España haya desarrollado un proceso que ha puesto en el centro el interés superior de estos niños y niñas y que ha sido eficaz para destensar los sistemas de acogida de los principales territorios de llegada".
Rego también recordó el respaldo económico del Ejecutivo a las comunidades receptoras: en 2024 se transfirieron 230 millones de euros a las autonomías para la atención de la infancia migrante no acompañada. De esa cantidad, Canarias recibió más de la mitad, con 140 millones de euros, en reconocimiento a su condición de principal puerta de entrada de menores al país. El decreto aprobado este martes consolida un marco legal que, según el Ejecutivo, busca distribuir de forma equitativa y proporcional la responsabilidad de protección de los menores migrantes entre todos los territorios del Estado.
