El Consejo Social de la UCLM avala la ley de universidades de Castilla-La Mancha

El Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha informado favorablemente el anteproyecto de Ley de Universidades de Castilla-La Mancha en una reunión extraordinaria de su Pleno, avalando que la futura norma constituye un instrumento adecuado para reforzar el sistema universitario regional.

El dictamen respalda la apuesta del texto por la transferencia de conocimiento, la investigación, la innovación y la internacionalización, aunque incluye propuestas de mejora en materia de autonomía universitaria, financiación plurianual vinculante y accesibilidad universal para personas con discapacidad.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor (izq), ha participado en la reunión del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).
Imagen de archivo de una reunión del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

El Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) dictaminó favorablemente el anteproyecto de Ley de Universidades de Castilla-La Mancha en una reunión extraordinaria de su Pleno, avalando que la futura norma es un instrumento válido para reforzar el sistema universitario regional y mejorar su capacidad de respuesta a los retos sociales, económicos y tecnológicos de la comunidad autónoma.

El órgano, que actúa como enlace entre la universidad y la sociedad castellanomanchega, consideró que el anteproyecto refuerza de manera positiva la contribución de la institución académica al desarrollo de la región. El dictamen, no obstante, no se limitó a un aval sin condiciones: el Consejo Social incorporó una serie de propuestas de mejora que la Junta de Comunidades deberá considerar antes de que el texto avance en su tramitación parlamentaria.

Las claves del dictamen: autonomía, financiación y accesibilidad

Entre las indicaciones más relevantes figuran tres ejes de mejora. El primero apunta a la protección de la autonomía universitaria, principio constitucional que el Consejo Social considera que debe quedar blindado de forma expresa en el articulado de la futura ley. El segundo, y de marcado carácter económico, reclama la firma de un Contrato-Programa plurianual vinculante entre la Junta de Comunidades y la UCLM que garantice un suelo presupuestario expansivo, es decir, una financiación mínima que crezca con el tiempo y no quede sujeta a la discrecionalidad de cada ejercicio presupuestario.

El tercer eje se centra en la inclusión efectiva y la accesibilidad universal para los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad. El dictamen reclama que la norma garantice el diseño para todas las personas, un enfoque que implica que los espacios, servicios y materiales académicos sean accesibles desde su concepción y no como adaptación posterior.

Transferencia de conocimiento e internacionalización, señas del anteproyecto

Junto a las propuestas de mejora, el Consejo Social destacó expresamente los aspectos del anteproyecto que considera más valiosos. El texto recibió un reconocimiento específico por su apuesta en favor de la transferencia de conocimiento, la investigación, la innovación y la formación permanente, ámbitos que el dictamen identifica como esenciales para conectar la actividad académica con las necesidades productivas y sociales del territorio.

El Consejo Social también valoró el énfasis del anteproyecto en la internacionalización de la UCLM y en la cohesión territorial, un elemento de especial relevancia para una universidad que articula su actividad a través de cuatro campus repartidos entre Toledo, Albacete, Ciudad Real y Cuenca, y que atiende a una comunidad autónoma con amplias zonas rurales y dispersión demográfica.

Próximos pasos en la tramitación

El dictamen favorable del Consejo Social supone un paso significativo en la tramitación del anteproyecto, aunque no el último. La futura Ley de Universidades de Castilla-La Mancha deberá continuar su recorrido institucional antes de llegar a las Cortes regionales para su debate y aprobación. El pronunciamiento del Consejo Social, con sus observaciones incluidas, constituye ahora un documento de referencia que el Gobierno regional habrá de valorar durante la redacción del proyecto de ley definitivo. La norma está llamada a ser el principal marco regulador de la UCLM en las próximas décadas y a actualizar una legislación universitaria regional que lleva años sin una reforma estructural de calado.

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