Castilla-La Mancha recibirá más de 10 millones para reforzar la Atención Primaria y la salud mental
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la propuesta del Ministerio de Sanidad para distribuir los créditos presupuestarios correspondientes al ejercicio 2025, por un total de 172.425.000 euros, destinados al desarrollo del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria.
"La mitad de estos fondos se van a repartir en las comunidades siempre y cuando se cumplan determinados compromisos", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para explicar el reparto de estos fondos.
Así, las comunidades autónomas deberán de cumplir cuatro requisitos antes del 31 de diciembre de 2025: publicar nuevas ofertas de empleo público en Atención Primaria; priorizar el nombramiento de especialistas de enfermeras especialistas en Atención Primaria; poner en marcha medidas para cubrir los puestos de difícil cobertura, y garantizar la estabilidad de todas las unidades docentes acreditadas.
"Así aseguramos que estos 172 millones van a parar aquellas comunidades que cumplen con unos requisitos mínimos a la hora de cuidar la Atención Primaria; queremos que esta inversión tenga un impacto real", ha afirmado la ministra quien ha recordado que Atención primaria es el "eslabón fundamental" del SNS y "necesita un refuerzo", que viene de la mano del Plan de Atención Primaria 2025-2027, aprobado en el Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas.
Precisamente, esta propuesta será sometida a la aprobación definitiva del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Los fondos, que se reparten entre todas las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para Ceuta y Melilla, tienen como objetivo consolidar el desarrollo del Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 (PAPyC 25-27).
Este plan constituye la hoja de ruta estatal para fortalecer el primer nivel asistencial. Según garcía, entre sus objetivos se encuentran "poner al paciente en el centro", mejorar la relación médico-paciente, mejorar la atención domiciliaria y las condiciones laborales de los profesionales, así como las capacidades de los profesionales, "dándoles más tiempo, más recursos y más capacidad para poder brindar lo mejor de sus competencias".
Y, por último, "preparar la Atención Primaria para los retos que tenemos en las próximas décadas con una ampliación de los procedimientos diagnósticos y una renovación de los equipamientos y de las infraestructuras".
Sanidad señala que la dotación presupuestaria pretende impulsar la mejora de los servicios de Atención Primaria mediante distintas líneas de acción, como la ampliación de los procedimientos diagnósticos accesibles desde AP, con el fin de mejorar la capacidad resolutiva en este nivel asistencial.
Asimismo, se busca la optimización de procesos administrativos, reduciendo la carga burocrática del personal sanitario. También se quiere impulsar soluciones de inteligencia artificial orientadas a la transcripción conversacional en consulta, facilitando la labor clínica, así como la renovación de infraestructuras y equipamiento clínico, modernizando los centros de salud y dotándolos de los medios necesarios.
Otro de los objetivos es el fomento de las Escuelas de Salud para la Ciudadanía y de programas como el de Paciente Experto/a y Persona Cuidadora Experta, para fortalecer el autocuidado y la participación comunitaria.
Además, se espera que estos recursos sirvan para la implementación de programas de detección temprana de violencia de género en el ámbito de Atención Primaria, y también para la interoperabilidad de las historias de salud digitales, integrando la información entre Atención Primaria, Hospitalaria y Sociosanitaria.
Por último, tienen como objetivo fomentar proyectos orientados a garantizar el acceso al Sistema Nacional de Salud y la continuidad asistencial, para personas en situación de sinhogarismo con alteraciones o descompensaciones en su estado de salud, priorizando aquellas actuaciones que aborden la necesidad de un recurso habitacional como un determinante clave de la salud. Además buscan la vinculación con herramientas de recomendación de activos para la salud y recursos comunitarios desde la Historia de Salud Digital.
Desde Sanidad han explicado que el 50 por ciento del crédito se reparte directamente a todas las comunidades y al INGESA en función de la población protegida, la superficie, la dispersión y la insularidad. El otro 50 por ciento, que seguirá los mismos criterios, se reserva para las comunidades que se comprometan a cumplir, antes del 31 de diciembre de 2025, algunos requisitos.
Entre estas condiciones, se pedirá las regiones la publicación de una nueva oferta de empleo público que incluya todas las categorías de Atención Primaria; la implantación de medidas para garantizar la cobertura de puestos de difícil cobertura, alineadas con lo acordado en el seno del CISNS; el nombramiento prioritario de enfermeras especialistas, promoviendo su incorporación efectiva al sistema sanitario y reforzando su papel en la atención integral, y acciones para garantizar la estabilidad del 100% de las unidades docentes acreditadas, asegurando la calidad de la formación de nuevos profesionales.
El Ministerio recalca que las comunidades que no acrediten documentalmente el cumplimiento íntegro de estos compromisos no podrán acceder al tramo condicionado de los presupuestos en 2026, en caso de existir crédito disponible.
"Estos 172 millones es un impulso extra, es un recurso extra que damos desde el Gobierno de España, sin olvidar que las comunidades autónomas tienen la competencia para gestionar todos los planes de Atención Primaria", ha señalado la ministra, que ha añadido que esta aportación "no sustituye en absoluto" a las competencias que tienen las comunidades autónomas que, ha añadido, "por supuesto tienen que seguir reforzando la Atención Primaria".
De este modo, Andalucía es la comunidad autonomía que más dinero recibirá, en total 30,9 millones de euros, entre el reparto fijo y el reparto condicionado. Le sigue Cataluña con 29 millones de euros; Madrid (25,2); Comunidad Valenciana (19); Galicia (11,8); Castilla y León (10,5); Canarias (8,8); Castilla-La Mancha (8); Aragón (5,6); Murcia (5,4); Asturias (4,5); Baleares (4,5); Extremadura (4,3); Cantabria (2,3); La Rioja (1,2), e INGESA 638.000 euros.
REFUERZO DE LA SALUD MENTAL
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución a las comunidades autónomas de 39 millones de euros para fortalecer la atención a la salud mental y otros 17,83 millones para la implementación de actuaciones en materia de prevención del suicidio, en línea con el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 y el Plan de Prevención del Suicidio 2025-2027. Por su parte, Castilla-La Mancha recibirá 1.824.242,93 euros para reforzar la salud mental y 834.006,30 euros para la prevención del suicidio.
"Estamos hablando del mayor esfuerzo que se ha hecho desde el Gobierno de España en un presupuesto en salud mental", ha resaltado la ministra, que ha detallado que estos 56 millones de euros en total son "fondos adicionales" para que las comunidades autónomas puedan desplegar mejores políticas, por lo que "no sustituyen ni vienen a competir" con los fondos que gasta cada comunidad.
Esta cuantía, que será gestionada por las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), se financiará con cargo a los presupuestos del Ministerio de Sanidad para el ejercicio 2025 y deberá ser formalizada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), según ha precisado Sanidad.
El Ministerio de Sanidad y las CCAA dieron luz verde el pasado abril al Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, que llevaba aparejado la inversión de 39 millones que acaba de autorizarse. Este plan se centra en tres grandes desafíos: consumo de psicofármacos, falta de profesionales y la garantía de derechos para las personas con problemas de salud mental.
Para ello, cuenta con ocho líneas estratégicas de actuación que deberán desplegarse en los próximos años, como el refuerzo de los profesionales en salud mental; la financiación de recursos y herramientas de salud mental comunitaria y alternativas a la institucionalización; y acciones para evitar intervenciones involuntarias.
Además, plantea la promoción del uso adecuado de psicofármacos y la deprescripción cuanto esté indicada; mejorar la atención a colectivos vulnerables; impulsar actuaciones de salud mental perinatal, de la infancia y la adolescencia; desarrollar sistemas de información; y promover al acceso a un empleo digno.
El total se divide en 26,8 millones de euros, de los que Andalucía recibirá 4.888.043,28; Aragón, 834.988,78; Principado de Asturias, 645.591,98; Baleares, 764.520,26; Canarias, 1.326.045,10; Cantabria, 413.467,95; Castilla y León, 1.414.938,52; Castilla-La Mancha, 1.253.582,32; Cataluña, 4.562.054,12; Comunidad Valenciana, 3.047.016,83; Extremadura, 670.540,86; Galicia, 1.590.510,93; Comunidad de Madrid, 3.986.277,95; Murcia, 959.894,27; La Rioja, 264.559,44; e INGESA, 177.967,39.
Los 12,2 millones de euros restantes se repartirán de forma que Andalucía recibirá 2.225.154,03; Aragón, 380.106,83; Principado de Asturias, 293.888,89; Baleares, 348.027,88; Canarias, 603.647,40; Cantabria, 188.220,49; Castilla y León, 644.113,80; Castilla-La Mancha, 570.660,61; Cataluña, 2.076.755,98; Comunidad Valenciana, 1.387.074,83; Extremadura, 305.246,21; Galicia, 724.038,56; Comunidad de Madrid, 1.814.648,92; Murcia, 436.966,79; La Rioja, 120.433,77; e INGESA, 81.015,01.
18 MILLONES PARA PREVENIR EL SUICIDIO
El Consejo de Ministros también ha autorizado la distribución de 17,83 millones de euros para desplegar el primer Plan de Prevención del Suicidio 2025-2027, que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron en un Consejo Interterritorial el pasado febrero.
Entre sus principales líneas de actuación se encuentra impulsar campañas de concienciación para promover el conocimiento sobre la conducta suicida; desarrollar programas comunitarios centrados en fortalecer el bienestar emocional en personas mayores, colectivo LGTBIQ+ y personas en exclusión social; reformar las urgencias hospitalarias para mejorar el acceso de personas en crisis de salud mental; y fomentar la alineación de los planes autonómicos e iniciativas del INGESA con el Plan estatal.
"Queremos actuar con una mirada integral que vaya más allá de nuestro sistema sanitario, sabemos que las medidas sanitarias son importantes, sí, pero también sabemos que necesitamos medidas educativas y medidas comunitarias porque sabemos que la prevención no se hace solamente desde el Sistema Nacional de Salud, sino que también se hace desde el aula, desde la familia, desde el barrio o desde el trabajo", ha destacado García en su intervención.
El presupuesto de 17.830.000 euros se desglosa en 12.830.000 euros destinados a gastos corrientes para el equipamiento y desarrollo del Plan de Prevención del Suicidio en las CCAA; y los 5 millones restantes se dedicarán a gastos de inversión para el Plan de Acción, incluyendo la adquisición, mejora o mantenimiento de infraestructuras y equipamiento tecnológico.
Desde el Ministerio de Sanidad, han precisado que la recepción de estos fondos estará sujeta a la adhesión de las comunidades y el INGESA a las actuaciones financiadas, la presentación de una memoria detallada de las acciones a realizar y el importe destinado, así como al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el acuerdo.
De los 12,83 millones de euros, Andalucía recibirá 2.340.059,53; Aragón, 399.735,30; Asturias, 309.065,12; Islas Baleares, 365.999,81; Canarias, 634.819,35; Cantabria, 197.940,07; Castilla y León, 677.375,42; Castilla-La Mancha, 600.129,15; Cataluña, 2.183.998,30; Comunidad Valenciana, 1.458.702,46; Extremadura, 321.008,93; Galicia, 761.427,44; Comunidad de Madrid, 1.908.356,20; Murcia, 459.531,47; La Rioja, 126.652,90; e INGESA, 85.198,55.
De los 5 millones de euros restantes, Andalucía recibirá 911.948,37; Aragón, 155.781,49; Asturias, 120.446,27; Baleares, 142.634,38; Canarias, 247.396,47; Cantabria, 77.139,54; Castilla y León, 263.981,07; Castilla-La Mancha, 233.877,30; Cataluña, 851.129,50; Comunidad Valenciana, 568.473,29; Extremadura, 125.100,91; Galicia, 296.737,11; Comunidad de Madrid, 743.708,57; Murcia, 179.084,75; La Rioja, 49.358,10; e INGESA, 33.202,87.
