Castilla-La Mancha recibirá 236 millones para crear 6.254 empleos en dependencia

El Congreso de los Diputados aprobó el martes la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, una norma que blinda la financiación del sistema al establecer legalmente la obligación de que la Administración General del Estado (AGE) aporte el 50% de la inversión. La aprobación, que se produjo en la Cámara Baja junto a la convalidación del Real Decreto-ley que amplía las transferencias mensuales del Estado a las comunidades autónomas para el nivel mínimo de la dependencia, abre la puerta a la mayor inversión pública de la historia en este sistema: 6.200 millones de euros adicionales repartidos entre 2026 y 2027.

Para Castilla-La Mancha, el impacto directo se concreta en 236 millones de euros más para financiar el nivel mínimo de la dependencia —78,8 millones en 2026 y 157,7 millones en 2027—, una cifra que el Ministerio estima se traducirá en la creación de 6.254 empleos en el sector regional de los cuidados, en la incorporación de 18.802 nuevas personas beneficiarias y en la reducción de 2.042 personas de la lista de espera.

El conjunto de la reforma contempla asimismo la convalidación del Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno a finales de junio para ampliar las cuantías que se transfieren mensualmente a los gobiernos autonómicos en función del número de personas con prestación reconocida y del grado de dependencia acreditado. Dichas cuantías, que han comenzado a transferirse en julio, han subido de media un 82%. El incremento beneficia especialmente a los grados correspondientes a las situaciones de mayor severidad: el grado II sube un 100% y el grado III un 128%.

La tercera medida aprobada simultáneamente fue la aportación económica que Derechos Sociales distribuirá este año entre las comunidades por el denominado nivel acordado —la segunda vía de financiación estatal del sistema—, que también será reforzado: 120 millones adicionales en 2026 y otros 120 millones más en 2027.

Sumando los incrementos en ambos niveles de financiación, el Gobierno estima que entre 2026 y 2027 transferirá 6.200 millones de euros más a las comunidades respecto a lo consignado en los últimos presupuestos vigentes (2023). De esa cantidad, 5.921 millones corresponden al incremento del nivel mínimo y 242 millones al nivel acordado. En términos globales, la aportación de la AGE a las comunidades ascenderá a 5.513,8 millones de euros en 2026 y a 7.239,4 millones en 2027.

El Ministerio calcula que, en el conjunto de España, esta inversión permitirá la creación de entre 107.735 y 115.050 puestos de trabajo en el sector de la dependencia, reducir las listas de espera en 71.000 personas para 2027 y sumar 417.000 nuevas personas beneficiarias.

Condiciones laborales, otro objetivo prioritario

Más allá de los datos de cobertura y empleo, el Ministerio de Derechos Sociales trasladó que un "objetivo prioritario" de esta ampliación financiera debe ser su traducción en mejoras tangibles para las trabajadoras del sector —mayoritariamente mujeres—: mejores salarios, mayor formación y más estabilidad laboral. Aunque el Ministerio no tiene competencia para negociar convenios colectivos, ha puesto en marcha una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para facilitar que los agentes sociales dispongan de información completa sobre la nueva financiación y puedan trasladarla de forma inmediata a las condiciones laborales del sector.

Distribución por comunidades autónomas

La distribución territorial de los fondos sitúa a Andalucía al frente de la tabla, con 954 millones de euros adicionales —317,9 millones en 2026 y 635,9 millones en 2027—, un volumen que podría traducirse en 102.333 nuevas personas beneficiarias, la reducción de la lista de espera en 15.461 personas y la generación de 23.577 empleos.

Le sigue la Comunidad de Madrid, con 680 millones de euros más (226,6 millones en 2026 y 453,3 millones en 2027), para atender a 60.876 nuevos usuarios, reducir en 11.497 las solicitudes pendientes y crear 22.315 empleos. En tercer lugar se sitúa Cataluña, con 567 millones de euros adicionales (189,1 millones en 2026 y 378,3 millones en 2027), con los que podría incorporar a 61.470 beneficiarios, rebajar la lista en 24.881 personas y generar 13.611 puestos.

La Comunitat Valenciana recibirá 535 millones de euros más (178,3 millones en 2026 y 356,7 millones en 2027), con una proyección de 61.727 nuevos usuarios, 4.471 personas menos en espera y 12.704 empleos. Castilla y León obtendrá 341 millones de euros adicionales (113,6 millones en 2026 y 227,3 millones en 2027), suficientes para dar cobertura a 25.654 personas, "eliminar prácticamente" su lista de espera y crear 7.329 empleos.

Galicia percibirá 270 millones de euros más (90,2 millones en 2026 y 180,6 millones en 2027) para 15.938 nuevos beneficiarios, 793 personas menos en espera y 6.156 puestos. Canarias sumará 237 millones (78,8 millones en 2026 y 157,7 millones en 2027), estimando 16.565 nuevos usuarios, 609 personas menos en lista y 6.563 empleos.

En el centro e interior peninsular, Castilla-La Mancha absorberá 236 millones de euros adicionales (78,8 millones en 2026 y 157,7 millones en 2027), con los que incorporar a 18.802 beneficiarios, reducir en 2.042 personas la lista de espera y crear 6.254 empleos en el sector de los cuidados. Extremadura dispondrá de 114 millones de euros más (38 millones en 2026 y 76,2 millones en 2027) para 8.132 nuevas personas, una reducción de 2.845 solicitudes en espera y 2.096 nuevos puestos.

El País Vasco recibirá 179 millones de euros adicionales (59,7 millones en 2026 y 119,4 millones en 2027): 2.631 nuevas altas, 4.153 personas menos en espera y 1.328 empleos. Aragón y la Región de Murcia cuentan con un incremento idéntico de 146 millones de euros cada una (48,6 millones en 2026 y 97,3 millones en 2027): en el caso aragonés, los recursos se traducirán en 11.175 beneficiarios, 248 personas menos en espera y 2.089 empleos; en el murciano, en 7.119 nuevos usuarios, 4.904 solicitudes menos pendientes y 3.334 empleos.

Asturias contará con 79 millones de euros más (26,2 millones en 2026 y 52,5 millones en 2027) para 9.370 usuarios, 2.167 personas menos en espera y 2.374 empleos. Illes Balears recibirá 84 millones de euros adicionales (28,1 millones en 2026 y 56,3 millones en 2027) con un impacto proyectado de 8.455 beneficiarios, 1.248 personas menos en lista y 1.752 puestos. Cantabria dispondrá de 55 millones de euros más (18,4 millones en 2026 y 36,9 millones en 2027) para 2.493 nuevos beneficiarios, avanzar hacia la eliminación de la lista de espera y crear 1.032 empleos. La Comunidad Foral de Navarra obtendrá 38 millones de euros más (12,6 millones en 2026 y 25,4 millones en 2027), con los que incorporar a 3.405 personas, reducir en 88 la lista de espera y crear 1.419 empleos. Cierra el reparto La Rioja, con 25 millones de euros adicionales (8,2 millones en 2026 y 16,5 millones en 2027), proyectando 2.116 nuevos beneficiarios, la eliminación completa de su lista de espera y la creación de 846 puestos.

El conjunto de las medidas aprobadas este martes en el Congreso representa el mayor compromiso financiero de la historia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), creado en 2006, y supone un cambio estructural en la forma en que el Estado garantiza su sostenimiento, al pasar de transferencias discrecionales a una obligación legal de cofinanciación al 50%.