El SAI-LGTBI de Castilla-La Mancha crece un 72,8% y alcanza 14.434 actuaciones

El Servicio de Atención Integral (SAI) a personas LGTBI de Castilla-La Mancha cerró su primer año de cobertura presencial en todas las provincias con 14.434 actuaciones acumuladas desde 2023 y un incremento del 72,8% respecto al periodo anterior, según el balance presentado este jueves en Toledo por la consejera de Igualdad, Sara Simón. La apertura de oficinas en las cinco capitales —sumadas a la sede central de Toledo— ha sido el factor determinante de ese crecimiento, que convierte al SAI en uno de los servicios de atención a la diversidad sexual de mayor actividad del país.

De las 14.434 actuaciones totales, 550 corresponden a expedientes de personas que han requerido atención especializada. Dentro de esa cifra, se registraron 3.397 atenciones de carácter social, 5.219 de carácter psicológico y 1.066 de naturaleza jurídica. A ello se suman 4.752 consultas o peticiones de información procedentes de particulares, administraciones, empresas y asociaciones. "Tras esos 550 expedientes hay 550 personas que demandan atenciones especializadas, que tienen que ver con episodios de desigualdad, de discriminación o con problemas de integración social", subrayó Simón.

La comparación interanual refleja la magnitud del salto: las actuaciones han pasado de 3.354 en 2025 a 5.797 en 2026, mientras que los expedientes nuevos de personas que necesitan atención profesional han crecido de 120 a 201. La media mensual de atenciones a escala regional ha ascendido de 304,9 a 527. "En lo que va de 2026 ya se han realizado el 82,2% del total de las actuaciones del año pasado; la tendencia es claramente al alza", señaló la consejera.

Equilibrio territorial y acceso desde el mundo rural

La extensión del servicio a todas las provincias ha corregido los desequilibrios territoriales que lastraban el modelo exclusivamente telemático. Las provincias de Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Albacete han visto elevarse sus actuaciones de 1.172 a 3.667 y sus atenciones especializadas de 721 a 2.360. Toledo, por su parte, no perdió actividad —sus actuaciones crecieron de 2.131 a 2.398—, aunque los expedientes de alta nueva sí descendieron de 80 a 68, lo que la Consejería atribuye a la redistribución de la demanda hacia las nuevas sedes.

Uno de los datos que la consejera quiso destacar es la distribución geográfica de los usuarios: el 50,2% de los expedientes corresponde a personas que residen fuera de las capitales de provincia. En Ciudad Real, Toledo y Guadalajara, los expedientes procedentes de municipios distintos a la capital alcanzan el 59,5% de los casos, lo que evidencia que el servicio está cumpliendo su función de llegar a núcleos menos poblados donde, según Simón, "la población LGTBI puede encontrarse con mayores dificultades".

Atención diversa: de los delitos de odio a las familias desbordadas

Las consultas que recibe el SAI abarcan un espectro amplio de situaciones. Entre las más frecuentes figuran los delitos de odio en el ámbito social y laboral, para los que se solicita tanto asesoramiento psicológico como acompañamiento jurídico. El servicio también atiende a familias con hijos o hijas LGTBI que, según explicó Simón, "en ocasiones se ven desbordadas porque no saben cómo gestionar esa situación". Otro perfil recurrente es el de personas procedentes de otros países que sufren discriminación por su orientación sexual o identidad de género.

Sobre las agresiones, la consejera reconoció la dificultad de cuantificarlas con precisión, ya que "algunas no se comunican y otras se transmiten directamente a las fuerzas de seguridad del Estado". No obstante, dejó claro que cualquier persona víctima de una agresión puede acudir al SAI para recibir orientación sobre cómo formalizarla ante las autoridades competentes.

Coordinación con seguridad y centros educativos

La implantación presencial del servicio ha generado sinergias que el modelo telemático no permitía. Simón destacó la posibilidad de trabajar "de forma coordinada con las unidades de delitos de odio de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", así como una mayor proximidad a centros educativos, asociaciones del tercer sector y otras administraciones públicas. "Esto es algo mucho más valioso", afirmó la consejera, al valorar el alcance de la expansión provincial.

Desde el punto de vista económico, la ampliación del SAI supuso una inversión adicional del 35%, elevando el coste anual del servicio hasta los 572.000 euros. El presupuesto había crecido en 500.000 euros para hacer posible la apertura de las nuevas sedes. El contrato vigente se extenderá hasta marzo de 2028, cuando el Gobierno de Emiliano García-Page habrá invertido un total de 2,4 millones de euros en el funcionamiento del servicio desde su creación.

Advertencia política sobre el futuro del servicio

La consejera no eludió el componente político del balance y lanzó una advertencia sobre la continuidad del SAI más allá de la legislatura. "Nuestro objetivo es que el servicio siga creciendo en la próxima legislatura", afirmó Simón, pero advirtió de que esto no será posible "si algunas fuerzas políticas llegan al gobierno". En ese sentido, la consejera señaló expresamente a Vox como el partido que defiende la derogación de la ley de diversidad sexual y de los derechos LGTBI, y reprochó al Partido Popular que haya manifestado que "no tendría ningún tipo de problema en pactar con ese partido político". La consejera también valoró que el camino pasa por "seguir ampliando las sedes provinciales del SAI" como garantía de acceso universal al servicio en toda la región.