Castilla-La Mancha dará en septiembre luz verde a su nueva Ley de Voluntariado

El Gobierno de Castilla-La Mancha llevará al Consejo de Gobierno en septiembre el texto de la nueva Ley de Voluntariado para iniciar su tramitación parlamentaria antes de que finalice 2026. El anuncio lo realizó este sábado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su participación en el Comité Autonómico de Cruz Roja Castilla-La Mancha, celebrado en Brihuega (Guadalajara).

García Torijano aseguró que el texto normativo ha completado ya los procesos de participación ciudadana y de aportaciones de las entidades sociales, y apeló a todos los grupos parlamentarios a respaldar una norma elaborada junto al Tercer Sector y la Plataforma del Voluntariado de Castilla-La Mancha. "Queremos volver a ser un referente nacional en esta materia", subrayó.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha participado en el Comité Autonómico de Cruz Roja Castilla-La Mancha, celebrado este sábado en Brihuega (Guadalajara).
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha participado en el Comité Autonómico de Cruz Roja Castilla-La Mancha, celebrado este sábado en Brihuega (Guadalajara).

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, anunció este sábado en Brihuega (Guadalajara) que el Gobierno regional llevará al Consejo de Gobierno el próximo mes de septiembre el texto de la nueva Ley de Voluntariado de la comunidad autónoma, con el objetivo de que pueda iniciar su tramitación en las Cortes regionales antes de que concluya 2026 y quede definitivamente aprobada en los meses posteriores. El anuncio se produjo durante la celebración del Comité Autonómico de Cruz Roja Castilla-La Mancha, celebrado en la localidad alcarreña, donde la consejera avanzó que la norma ha completado ya los trámites de participación ciudadana y el proceso de aportaciones de las entidades sociales.

En estos momentos, la Consejería de Bienestar Social está valorando las propuestas recibidas para incorporar al texto aquellas que contribuyan a reforzar la futura norma. En los próximos días, la propuesta pasará también por los diferentes consejos regionales vinculados a su ámbito de actuación. "Tenemos el compromiso de que, a la vuelta de las vacaciones, en el mes de septiembre, el texto sea llevado al Consejo de Gobierno", afirmó García Torijano.

Tras ese primer paso por el Ejecutivo autonómico, el texto será remitido al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y, posteriormente, deberá regresar al Consejo de Gobierno antes de ser enviado a las Cortes regionales para el inicio de su tramitación parlamentaria.

El proceso participativo, clave en la elaboración de la norma

La consejera destacó que la nueva ley ha sido elaborada mediante un proceso participativo desarrollado junto a la Plataforma del Voluntariado de Castilla-La Mancha, el conjunto del Tercer Sector y las entidades vinculadas a la acción voluntaria. Por ello, García Torijano realizó "un llamamiento a todos los parlamentarios que tienen responsabilidad en las Cortes" para que respalden la norma, independientemente de su grupo político.

La futura ley pretende actualizar el marco normativo de la acción voluntaria, reconocer el compromiso de quienes participan en ella y ofrecer una respuesta adaptada a la realidad actual de las entidades, las administraciones y la sociedad castellanomanchega.

La titular de Bienestar Social recordó que Castilla-La Mancha fue hace tres décadas una comunidad referente en materia de voluntariado y aseguró que el propósito del Gobierno regional es recuperar esa posición con una norma moderna y participada. "Hace ya 30 años aprobamos una Ley de Voluntariado que convirtió a Castilla-La Mancha en un referente en el país y queremos volver a serlo con esta nueva ley", subrayó García Torijano.

Cruz Roja, una aliada estratégica del Gobierno regional

La consejera contextualizó el anuncio en el marco del Comité Autonómico de Cruz Roja Castilla-La Mancha, al que calificó como "una aliada estratégica e imprescindible" del Ejecutivo regional por su implantación territorial, la fortaleza de su voluntariado y su capacidad para detectar necesidades, movilizar recursos y acompañar a las personas desde la cercanía.

El encuentro contó también con la participación del alcalde de Brihuega, Luis Manuel Viejo; el presidente autonómico de Cruz Roja en Castilla-La Mancha, Jesús Esteban; la delegada provincial de Bienestar Social, Carmen Gil; y responsables autonómicos, provinciales y locales de la organización.

La entidad cuenta en Castilla-La Mancha con 8.940 voluntarios y voluntarias, además de cerca de 58.000 personas socias, y dispone de una estructura integrada por una oficina autonómica, cinco oficinas provinciales y 62 oficinas locales, asambleas o delegaciones repartidas por todo el territorio regional. "No se puede entender Cruz Roja sin el voluntariado, del mismo modo que no se puede entender el sistema de protección social de Castilla-La Mancha sin las miles de personas que dedican su tiempo, sus capacidades y su compromiso a ayudar a los demás", señaló la consejera.

Más de 23 millones de euros desde 2015

Durante el encuentro, García Torijano puso en valor la colaboración estable entre el Gobierno regional y Cruz Roja que, desde 2015, está respaldada por una financiación directa superior a los 23 millones de euros procedentes únicamente de la Consejería de Bienestar Social. En ese tiempo, el Ejecutivo autonómico ha apoyado más de 160 proyectos de la organización a través de las convocatorias del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades y de Cooperación Internacional.

Estas actuaciones se dirigen principalmente a la atención urgente a familias, la prevención de la exclusión residencial, la infancia y la juventud, las personas mayores, la promoción del voluntariado y el acompañamiento integral a personas en situación de especial vulnerabilidad.

En 2026, la colaboración directa de la Consejería de Bienestar Social con Cruz Roja supera los 3,47 millones de euros, incluyendo las convocatorias de Inclusión Social y del IRPF, el Plan Regional contra la Pobreza Energética y la financiación destinada a la acción humanitaria. "No hablamos de una colaboración puntual ni de actuaciones aisladas, sino de una alianza estable, estructural y sostenida en el tiempo, basada en la financiación pública, la planificación y la coordinación permanente", afirmó la consejera.

Entre los principales programas articulados bajo esta alianza figura el Plan Regional contra la Pobreza Energética, dotado en 2026 con 500.000 euros, que permite conceder ayudas directas por unidad familiar y cubrir el 50% de la factura energética de consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión, garantizando el mantenimiento de los suministros básicos del hogar.

Cruz Roja participa asimismo en el Programa de Asistencia Material Básica, una iniciativa con un marco plurianual de 12,1 millones de euros para el periodo 2025-2028, que facilita a las familias vulnerables tarjetas monedero para adquirir alimentos y productos esenciales, con el acompañamiento de los Servicios Sociales de Atención Primaria.

Una red presente en 592 municipios, con especial arraigo en el medio rural

García Torijano subrayó igualmente la implantación territorial de Cruz Roja, que desarrolla actividad en 592 municipios de Castilla-La Mancha. Durante 2025, la entidad atendió a 61.719 personas en programas relacionados con la inclusión social, el empleo, la salud, la formación, la juventud, el medio ambiente y la respuesta ante emergencias.

Su labor resulta especialmente relevante en las zonas rurales y afectadas por la despoblación, donde Cruz Roja tiene presencia en 386 municipios y desarrolla actuaciones con más de 3.600 personas participantes.

En la provincia de Guadalajara, escenario del comité autonómico de este viernes, la organización cuenta con más de 8.600 personas socias y 10 asambleas locales: en Albalate de Zorita, Azuqueca de Henares, Brihuega, El Casar, Cifuentes, Molina de Aragón, Mondéjar, Sacedón, Sigüenza y Guadalajara capital.

La celebración del Comité Autonómico de Cruz Roja en Brihuega sirvió, en definitiva, como escenario para refrendar una relación institucional consolidada y para anticipar un paso legislativo que, según el Gobierno regional, aspira a situar de nuevo a Castilla-La Mancha en la vanguardia nacional del voluntariado.

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