Castilla-La Mancha activa un protocolo de intervención social ante catástrofes

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha suscrito un Protocolo General de Actuación con el Colegio Oficial de Trabajo Social de la región para reforzar la intervención en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, especialmente cuando se active un plan de protección civil autonómico en fase de emergencia o recuperación.

El acuerdo, firmado en Toledo este miércoles, constituye el primero que se formaliza conjuntamente entre dos consejerías y este órgano colegial, y busca mejorar la respuesta institucional incorporando de forma estructurada la intervención social y el apoyo psicosocial a la población afectada.

Han rubricado el protocolo el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; y la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, Elena Galán Ruano.

Un sistema más preparado ante el aumento de emergencias

El nuevo marco de colaboración responde a un contexto marcado por el incremento de situaciones de emergencia en los últimos años, lo que ha llevado al Ejecutivo autonómico a apostar por integrar de forma más eficaz a los profesionales del trabajo social dentro de los dispositivos de protección civil.

El objetivo es reforzar la atención a las personas en momentos críticos, incorporando el enfoque social como elemento clave en la gestión de crisis, más allá de la respuesta puramente operativa o logística.

Equipos especializados y formación continua

Entre las principales medidas del protocolo destaca la creación, implantación y mantenimiento de un grupo de expertos en intervención social en emergencias, que actuará de forma coordinada con los servicios públicos y desarrollará tareas de acompañamiento a las personas afectadas, gestión de recursos sociales y atención psicosocial en situaciones críticas.

Asimismo, se impulsará la formación especializada a través de la Escuela de Protección Ciudadana, dependiente de la Dirección General de Protección Ciudadana, mediante cursos específicos, simulacros de emergencias y actividades conjuntas entre personal de emergencias y trabajadores sociales, con el objetivo de mejorar la preparación, coordinación y capacidad de respuesta ante posibles crisis.

Papel clave del Trabajo Social y coordinación institucional

El protocolo contempla también la participación activa del Colegio Oficial de Trabajo Social en labores de prevención, planificación y sensibilización social, aportando su conocimiento técnico en el análisis del impacto social de las emergencias.

Por su parte, la Consejería de Bienestar Social reforzará la intervención de los Servicios Sociales de Atención Primaria en contextos de emergencia, mientras que la Dirección General de Protección Ciudadana garantizará la coordinación operativa de todos los recursos implicados, asegurando una respuesta integral y eficaz.

Continuidad de una estrategia de colaboración técnica

Este acuerdo se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo autonómico para mejorar la gestión de emergencias. En este sentido, el pasado 14 de noviembre de 2025, la Junta firmó un convenio similar con el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM), orientado a la evaluación de daños y a la colaboración técnica en situaciones de crisis.

Amplia representación institucional en la firma

Al acto de firma también han asistido el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig; el director general de Acción Social, Santi Vera; la presidenta del Consejo General de Trabajo Social, Emiliana Vicente; y el tesorero del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, Daniel Felipe Casamayor.

Con este protocolo, el Gobierno regional da un paso más en la mejora de la planificación y respuesta ante emergencias, incorporando de forma estructural el componente social en la protección de la ciudadanía.