Aprobado el convenio entre Junta y Estado para financiar la dependencia con 80 millones
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado una nueva sesión de Consejo de Gobierno abierto con la participación de la Plataforma Regional de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. En este marco, el Ejecutivo ha aprobado la firma del Convenio de Nivel Acordado 2025 en materia de dependencia, dotado con más de 80 millones de euros y cofinanciado entre Junta y Estado, y ha confirmado la ampliación de la red pública de atención a la discapacidad con más de 200 nuevas plazas que se pondrán en marcha a partir de 2026.
El encuentro, presidido por el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, se ha desarrollado en el Palacio de Fuensalida de Toledo y se enmarca en el modelo de “Gobierno Abierto”, implantado en 2017, que busca la participación activa de distintos colectivos en las políticas públicas que les afectan directamente. La cita se centró en reforzar la política social regional, tanto en materia de cuidados de larga duración como en inclusión y autonomía personal para personas con discapacidad.
Un impulso al sistema de dependencia para 80.000 personas
El acuerdo aprobado permitirá consolidar y ampliar el Sistema de Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha, que actualmente atiende a más de 80.000 personas con algún grado reconocido y mantiene 112.000 prestaciones activas en toda la región.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, explicó en rueda de prensa que “este convenio es fundamental para garantizar que todas las personas en situación de dependencia tienen derecho a recibir la atención que necesitan, en condiciones dignas y con calidad”.
La responsable regional recordó que el nivel acordado se suprimió en 2012 por el Gobierno central, en un momento en que la crisis financiera terminó trasladando la carga del sistema de cuidados hacia las comunidades autónomas. “Durante casi una década fuimos las regiones las que sostuvimos en solitario un sistema que no podíamos dejar caer”, señaló.
Con la recuperación del convenio en 2021, Castilla-La Mancha ha pasado de gestionar 32 millones de euros ese primer año a más de 80 millones en 2025. Para García Torijano, esta evolución “demuestra el compromiso del Gobierno de España” aunque “todavía queda camino por recorrer” para alcanzar la corresponsabilidad prevista en la ley.
Castilla-La Mancha reclama una financiación estatal justa
El Gobierno autonómico defiende que, a día de hoy, el Estado aporta solo el 26% del coste de la dependencia en Castilla-La Mancha, frente al 74% asumido por la Junta. La consejera insistió en que “la ley dice claramente que la dependencia debe financiarse al 50% entre ambas administraciones” y reclamó al Ejecutivo central que cumpla ese principio.
“El sistema de dependencia no puede depender de lo que haga o deje de hacer cada autonomía. Toda persona dependiente debe ser atendida en las mismas condiciones, viva donde viva”, afirmó García Torijano, quien advirtió de que esta infrafinanciación “lastra la capacidad de crecimiento” de un sistema que, en estos últimos años, se ha convertido “en una pieza clave para la igualdad”.
La consejera también alertó de que los criterios actuales de reparto podrían penalizar a Castilla-La Mancha por su buena gestión, ya que la reducción de listas de espera —muy por debajo de la media estatal— resta margen de mejora en la valoración que determina la asignación de fondos.
Por ello, el Ejecutivo autonómico ha solicitado una revisión de los baremos estatales, tanto en dependencia como en discapacidad, que permita agilizar trámites y evitar perjuicios presupuestarios a los territorios que atienden más rápido.
Tres prioridades para mejorar la atención
El nuevo convenio tiene tres objetivos estratégicos:
Reducir tiempos de espera
Actualmente, los expedientes se resuelven en 169 días de media, la mitad que en el conjunto del país. “Queremos acercarnos cada vez más al cumplimiento estricto de los plazos, porque detrás de cada expediente hay una persona y una familia esperando soluciones”, dijo la consejera.
Más calidad en los servicios
Entre las mejoras destaca la consolidación de la teleasistencia avanzada como derecho, un modelo que permite incorporar tecnología para reforzar la autonomía de mayores y dependientes en sus hogares.
Estabilidad laboral en el sector
La atención a la dependencia genera más de 30.000 empleos en Castilla-La Mancha, “de los cuales tres de cada cuatro son indefinidos”. A juicio del Gobierno regional, la calidad del sistema “también depende de que quienes cuidan puedan trabajar en condiciones dignas”.
García Torijano insistió en que el sistema de dependencia “es una inversión en cuidados, en empleo y en cohesión social”, y una pieza esencial en la transformación del modelo de atención a largo plazo.
Ampliación de plazas públicas para una vida en comunidad
Además del convenio de dependencia, el Consejo de Gobierno aprobó seguir ampliando la red de discapacidad, en línea con las demandas del sector. Para 2026 está prevista la apertura de más de 200 nuevas plazas públicas en viviendas con apoyo y centros de día.
Estos recursos se encuentran en fase avanzada en Alcaraz, Guadalajara, Torrijos y Motilla del Palancar y permitirán, según la consejera, “ofrecer alternativas residenciales fuera de entornos institucionales, con apoyos más personalizados”.
Asimismo, están en marcha otras cuatro viviendas en Cuenca, en la zona de El Terminillo, aunque con un ritmo de ejecución más lento debido a retrasos en los trámites.
La consejera recordó que la región cuenta ya con más de 13.000 plazas públicas y concertadas en colaboración con el Tercer Sector, que desempeña un papel estratégico en la prestación de recursos de proximidad.
“Lo importante es que cada persona pueda decidir dónde vivir, cómo vivir y con quién vivir”, subrayó García Torijano. “Ese es el sentido verdadero de la inclusión”.
La Plataforma traslada sus prioridades en primera persona
Los 14 representantes de la Plataforma Regional de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, elegidos en sus propias entidades, participaron activamente en el Consejo. Su presidente, Francisco Jesús Castellanos, valoró que “por fin somos nosotros quienes hablamos en primera persona” ante el Gobierno.
Castellanos recordó que la Plataforma representa a más de 9.000 personas y defendió que las personas con discapacidad “quieren lo mismo que todos: un trabajo, una vivienda digna, una educación inclusiva y una vida en comunidad”.
La Plataforma puso el foco en la accesibilidad cognitiva, elemento “fundamental” para garantizar la igualdad real en el acceso a servicios públicos. También pidió impulsar cuanto antes la Ley de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, que aspira a ser un referente estatal.
Otro de los asuntos destacados fue la necesidad de combatir la brecha digital, potenciando la inteligencia artificial para crear documentos en lectura fácil y mejorar la comunicación con la Administración.
También se trataron cuestiones como la promoción interna en el empleo público, la atención temprana como herramienta para detectar necesidades desde el primer momento y el incremento de viviendas accesibles para avanzar en autonomía personal.
García Torijano respondió que el Gobierno comparte cada una de estas prioridades y que “la inclusión no es una meta de final de legislatura, sino una forma de trabajar cada día”.
Un modelo de Gobierno que escucha y construye con la ciudadanía
La consejera insistió en que este formato de Consejo de Gobierno Abierto no es simbólico, sino que busca decisiones más informadas y alineadas con la realidad de quienes viven las políticas públicas.
“Las políticas sociales no se hacen para las personas, sino con las personas”, afirmó. “Se han tratado asuntos importantes y se han compartido soluciones reales, desde la experiencia en primera persona de quienes mejor conocen las necesidades”.
El presidente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Francisco Serrano, y el gerente de la entidad, Daniel Collado, destacaron la importancia de que “la presencia institucional del colectivo se traduzca en medidas concretas”.
Compromiso sostenido con los servicios públicos
El Gobierno regional defiende que la dependencia es el cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones.
Con el convenio aprobado y la ampliación de recursos públicos para la discapacidad, Castilla-La Mancha aspira a seguir siendo un referente en derechos sociales, atención cercana y participación.
El Ejecutivo adelantó que continuará trabajando para reforzar la financiación, consolidar un sistema “más ágil y más humano” y ampliar opciones para que cada persona con discapacidad pueda desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones.
