El 2023 cerró con más casos de violencia machista pero menos órdenes de protección
El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, ha dado de cuenta de la memoria de su departamento en Castilla-La Mancha, alertando del aumento continuado de casos de violencia de género pese al descenso de órdenes de protección.
Un año que cerró con dos mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, una en Ciudad Real y otra en Toledo, mismo dato que ya se ha alcanzado en este 2024, "una cifra pequeña pero incesante" que hace necesario "seguir luchando", porque "toda actuación pública es poca".
"Hay que proteger más y acabar en la medida de lo posible con mayor urgencia", ha añadido, alertando de que la violencia de género digital también está al alza, "con más acoso, amenazas e insultos" a través de mensajería instantánea.
Ha sido en este punto en el que ha elevado la voz de alarma ante los "problemas" que ha supuesto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 416 al respecto de la posibilidad de dispensa para que las mujeres no declaren contra su pareja o ex pareja, retoque legislativo que "no está produciendo los resultados esperados".
Así, aunque la víctima ahora "no pueda retractarse" de lo declarado en un inicio, las declaraciones "se vuelven vagas e imprecisas y en ocasiones producen una sentencia absolutoria", algo que ocurre "cuanto más tiempo pasa" desde que se producen los hechos hasta que llega el proceso judicial.
A más tiempo, "más fácil que la mujer tienda a perdonar o tratar de hacer borrón y cuenta nueva, y evitar en la medida de lo posible una sentencia".
Ha reclamado en este punto abundar en la especialización de los juzgados, toda vez que en Castilla-La Mancha solo hay dos específicos para violencia machista, uno en Albacete y otro más en Toledo para los partidos judiciales de la capital, Illescas y Orgaz.
A todo ello, ha sumado que hay "muy pocas condenas", al tiempo que ha rechazado que haya denuncias falsas, ya que el dato de las mismas es "muy despreciable".
MÁS DILIGENCIAS, MENOS JUICIOS
En su repaso a los principales datos relativos a su área, ha reparado en que son 92 los fiscales que operan en Castilla-la Mancha junto a 88 funcionarios, un número total "inferior a las 200 personas con las que el Ministerio Fiscal trata de hacer frente a todas las funciones" a lo largo de seis fiscalías, pero con "una gran limitación de efectivos personales".
Con esos mimbres, se ha cerrado 2023 con más de 60.500 diligencias previas, un aumento del 1%, un tercio de ellas referidas a delitos contra la integridad corporal y un quinto contra el patrimonio.
Han descendido todos los juicios excepto los relativos a delitos leves y los señalamientos se elevaron por encima de los 10.000; mientras que se celebraron algo más de 1.800 juicios menos que en 2022.
UNO DE CADA CUATRO DELITOS SE COMETE EN INTERNET
El cibercrimen se ha convertido en "un fenómeno criminal en constante aumento" y ya uno de cada cuatro delitos se comete en Internet, un extremo "difícil de perseguir".
La mayor parte de estos delitos tienen que ver con las estafas, pero también hay "una preocupante cifra de delitos contra la indignidad sexual de los menores, fundamentalmente a través de conductas de acoso o de la obtención de material pornográfico autogenerado".
Dentro de esta área ha hecho alusión a dos delitos importantes con las nuevas tecnologías como arma, uno de ellos el secuestro de datos de una plataforma pública de Educación de Castilla-La Mancha, verificada desde el extranjero, con un gran número de terabytes de datos que fueron extrapolados a Suiza y a otros países; y un ataque a una entidad bancaria de gran implantación en Castilla-La Mancha, en la que se extrajeron 400 gigabytes de información.
En la primera de ellas se han robado datos de 300.000 ciudadanos de la región; mientras que en el segundo ejemplo se ha llegado a 12.000 clientes de esta entidad bancaria. Por el aumento de este tipo de delitos, ha reclamado una "formación constante" unida a "más medios".
AVANCE CONSTANTE CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL
El fiscal superior ha puesto el acento en el "avance constante" en el plano de los delitos contra la libertad sexual, con un incremento del 33%.
Además, dos terceras partes de los 110 procedimientos iniciados lo han sido por acciones contra la libertad sexual de los menores, fundamentalmente agresiones y abusos sexuales.
"Lo vemos semana a semana en la Sala Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia. Se trata de agresiones o abusos sexuales, fundamentalmente contra niñas, fundamentalmente también en el entorno familiar", lamenta.
Según las estimaciones que manejan, "un tercio de los niños entre 11 y 16 años han emitido o recibido algún mensaje de contenido sexual", tal y como ha precisado.
