Guadalajara suprime plazas de zona azul y exigen dimisión alcaldesa

El Ayuntamiento de Guadalajara confirmó este jueves, 21 de mayo de 2026, que eliminará 310 de las 413 nuevas plazas de zona azul previstas en el nuevo contrato de estacionamiento regulado de la ciudad, que entrará en vigor el próximo 1 de junio con las modificaciones ya incorporadas. El tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras y Movilidad, Santiago López Pomeda, y el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, comparecieron en rueda de prensa para explicar que la medida responde a la necesidad de adaptar el modelo de regulación al nuevo escenario jurídico y urbano surgido tras la anulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).

El concejal López Pomeda precisó que antes del nuevo contrato existían en Guadalajara 1.336 plazas reguladas, de las cuales 828 eran azules. El modelo que entró en licitación elevaba esa cifra hasta las 2.226 plazas totales, con 1.241 azules. Con la modificación anunciada, se suprimen 310 de las 413 nuevas plazas de pago, de forma que únicamente se mantendrán unas 103 nuevas plazas azules adicionales respecto a las ya existentes. El edil insistió en que "es radicalmente falso" que el Ayuntamiento haya creado 1.500 nuevas plazas de zona azul, cifra que había circulado en el debate público.

Las calles que recuperan el aparcamiento libre

La modificación supondrá la eliminación total de la zona azul en varias vías de la ciudad, que pasarán a tener estacionamiento libre. Las zonas afectadas son el paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, la Cuesta del Matadero, la calle Cardenal González de Mendoza, la calle Hermanos Fernández Galiano, la avenida del Ejército —en el tramo comprendido desde el túnel de Aguas Vivas hasta la plaza de España—, el aparcamiento en superficie situado frente al estacionamiento disuasorio de Fernández Galiano —a espaldas de la estación de autobuses— y la calle Santander.

Los concejales explicaron que el contrato, adjudicado por diez años, contempla la posibilidad de introducir este tipo de modificaciones, por lo que la rectificación no supondrá penalización económica alguna para el Ayuntamiento. El expediente de modificación, que se inició con su aprobación en Junta de Gobierno Local, incluye un plazo de cinco días para que la empresa adjudicataria pueda presentar alegaciones antes de la aprobación definitiva.

Respecto a los parquímetros instalados en las zonas donde ahora desaparece la zona azul, el concejal de Movilidad indicó que algunos serán retirados y otros se mantendrán operativos al funcionar también como puntos de recarga de la Tarjeta XGuada. Añadió que, si alguna zona no estuviera completamente adaptada el 1 de junio, no se cobrará por estacionar en ella hasta que esté correctamente señalizada.

La ZBE, en el origen del conflicto

El concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, contextualizó la decisión explicando que el actual modelo de estacionamiento regulado derivaba directamente del proyecto de ZBE impulsado por el anterior equipo de Gobierno, en el marco de la captación de más de cuatro millones de euros en fondos europeos para proyectos de movilidad. Ese modelo obligaba a establecer medidas de regulación del tráfico y del aparcamiento tanto en el interior de la zona restringida como en su entorno para evitar el denominado "efecto frontera".

"Al decaer la ZBE, desaparece también la lógica que justificaba muchas de esas plazas. No tiene sentido mantener medidas vinculadas a un modelo que ya no está vigente", subrayó Alguacil. El edil añadió que el equipo de Gobierno mantuvo inicialmente la ordenanza y los contratos asociados, pese a sus reservas, precisamente para no poner en riesgo esos fondos europeos.

López Pomeda señaló que el Ayuntamiento aprovechó las moratorias previstas en el contrato para "escuchar a vecinos, colectivos, empresarios y residentes" y adaptar el modelo "a la realidad" tras el fallo judicial. "No es una decisión fruto de una presión concreta, sino que busca una solución ante un problema", afirmó, aunque reconoció que "chirría un poco aplicar unas normas para una situación que ha cambiado".

Ambos concejales confirmaron también que el Ayuntamiento no recurrirá la sentencia del TSJCLM que anuló la ordenanza de la ZBE, siguiendo el criterio de los servicios jurídicos municipales, y avanzaron que en los próximos meses se redactará una nueva ordenanza de movilidad basada en parámetros de calidad del aire, de forma que las restricciones solo se activarán cuando los niveles de contaminación superen los límites establecidos.

El sistema que permanece

El nuevo modelo de estacionamiento mantendrá íntegras las zonas rojas para residentes, donde los no residentes podrán aparcar un máximo de dos horas con una tarifa superior a la azul, aunque el cobro pasará a realizarse por minutos y no con tiempos mínimos obligatorios. También se conservará el aparcamiento disuasorio de Hermanos Fernández Galiano, cuyo coste seguirá siendo de dos euros al día en laborables y un euro los sábados, permaneciendo gratuito en domingos y festivos.

El Ayuntamiento mantendrá asimismo las bonificaciones para vehículos eléctricos y de cero emisiones —descuento del 40% y bonificación del 100%, respectivamente— y el estacionamiento gratuito para personas con movilidad reducida en todas las zonas reguladas.

Rojo exige la dimisión de Guarinos

La respuesta del PSOE fue inmediata y contundente. El concejal socialista y exalcalde, Alberto Rojo, compareció acompañado de varios ediles de su grupo para rechazar el relato del equipo de Gobierno y exigir la dimisión de la alcaldesa, Ana Guarinos.

"Guarinos no puede permanecer ni un minuto más al frente de este ayuntamiento. Pido su dimisión inmediata por el bien de la ciudad y por recuperar la calidad democrática de este ayuntamiento", afirmó Rojo, quien acusó al ejecutivo municipal de haber lanzado "una nota de prensa infame, sin dar la cara y llena de mentiras" para justificar la rectificación parcial del modelo.

El principal argumento socialista fue una disputa aritmética sobre el porcentaje real de la reducción. Rojo cuestionó que la eliminación de 310 plazas sobre un total de cerca de 1.200 nuevas plazas ampliadas suponga el 80% anunciado por el gobierno local. "Del número total de plazas ampliadas eliminan 310, alrededor de un 25%, y no un 80%. Eso es manipular los datos para engañar a la ciudadanía", señaló. Desde el Ayuntamiento se precisó que el 80% hace referencia exclusivamente a las nuevas plazas azules —las de pago—, no al conjunto del estacionamiento regulado ampliado, que incluye también zonas rojas para residentes.

La disputa sobre la ZBE

Rojo rechazó también la justificación del gobierno local, que vincula la marcha atrás en la zona azul a la anulación judicial de la ZBE. Según el exalcalde, el propio Ayuntamiento ya había anunciado en marzo una moratoria de la ZBE hasta 2028 antes de que el TSJCLM dictara sentencia. "¿Por qué entonces se decide empezar a pintar toda la ciudad de plazas de zona azul cuando ya había una sentencia?", se preguntó, argumentando que el ejecutivo local "tenía margen suficiente" para paralizar la ampliación.

Para Rojo, la rectificación responde en realidad a "la presión de la ciudadanía y también a la del Grupo Municipal Socialista", tras las críticas vecinales generadas por la ampliación de las plazas de pago y los tres sucesivos aplazamientos de su entrada en vigor. "Sembrando el caos en la ciudadanía, creando confusión, malestar y hartazgo", resumió.

Sobre la ZBE, el portavoz socialista defendió que la medida era una obligación legal para los municipios de más de 50.000 habitantes y que el anterior ejecutivo trabajó para implantar "la ZBE más permisiva de España" y aprovecharla como oportunidad para el casco histórico gracias a la captación de más de seis millones de euros en fondos europeos. Sin embargo, anunció que el PSOE apoyará la nueva ordenanza de movilidad vinculada a episodios de alta contaminación que ahora impulsa el gobierno de Guarinos. "Nos parece bien y lo vamos a apoyar. Lo que a Guarinos le toque hacer ahora, lo mantendré cuando vuelva a ser alcalde", aseguró, antes de reiterar su exigencia de dimisión y de que la alcaldesa ofrezca "explicaciones públicas" a los vecinos.

El nuevo contrato de estacionamiento regulado, adjudicado por diez años, tendrá así su puesta de largo el próximo 1 de junio con un mapa de plazas sensiblemente distinto al diseñado en origen, en medio de un enfrentamiento político que refleja la complejidad de gestionar en el presente contratos concebidos para un marco regulatorio que la justicia ya ha tumbado.