Elena causa un cisma en Zarzuela: filtran sus críticas a Leonor y Sofía y sus padres
Desde que en 2020 Juan Carlos fijara su residencia fuera de España, ha recibido la visita de amigos, colaboradores, otros nietos e incluso de sus hijas. Sin embargo, las dos figuras más visibles de la nueva generación de la Casa Real nunca han acudido a verle. No ha habido visitas discretas, gestos privados ni fotografías que sugirieran algún contacto reciente.
Fuentes próximas a Zarzuela sostienen que la decisión de mantener la distancia con el emérito responde a motivos de imagen institucional. La reina Letizia estaría detrás de la estrategia de evitar cualquier exposición de sus hijas junto a su abuelo para prevenir polémicas y preservar el perfil de la heredera. Aunque Elena comprende los argumentos oficiales, no los comparte: considera que un mínimo gesto personal hacia el que fue Rey y cabeza de familia no comprometería la reputación de la institución.
La primogénita de Juan Carlos I no ha permanecido pasiva. Fue ella quien impulsó el traslado de su padre desde Abu Dabi a Cascáis, con la esperanza de facilitar el reencuentro familiar. A pesar de esta cercanía geográfica, no se ha producido ningún acercamiento por parte de Leonor o Sofía. Para Elena, esta ausencia es dolorosa e incomprensible.
El contexto tampoco ayuda. El exilio del emérito se produjo en medio de un clima de tensión mediática y judicial, que ha marcado la relación con algunos miembros de la familia. No obstante, para la Infanta Elena, las razones políticas o institucionales no justifican la ruptura de los vínculos personales.
En palabras de personas de su confianza, la Infanta considera que “hay decisiones que pueden entenderse por protocolo, pero hay gestos que solo se explican desde la familia”. Su malestar refleja un conflicto que combina la imagen pública con la intimidad de una familia real que, pese a su proyección institucional, no es inmune a fracturas emocionales.
Inspección al rey emérito
Por otra parte, y según informa este sábado El Mundo, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha solicitado a la Agencia Tributaria que abra una inspección al Rey Emérito Juan Carlos I, al considerar que no cumple los requisitos para ser residente fiscal en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y, por tanto, debería tributar en España tanto por el IRPF como por el Impuesto sobre el Patrimonio.
Según explica Gestha en una nota recogida por El Mundo, el convenio de doble imposición entre España y Emiratos establece que solo se reconoce como residente fiscal en este país a quien, además de residir en él, ostente la nacionalidad emiratí. Esta norma deja fuera al monarca, que no ha renunciado a la nacionalidad española, requisito exigido por las leyes emiratíes, que no admiten la doble ciudadanía.
El sindicato recuerda que solo existen dos excepciones para adquirir la nacionalidad sin cumplir los largos periodos de residencia: la concesión por méritos excepcionales en ámbitos como ciencia, arte o deporte, o un decreto presidencial que otorgue la ciudadanía por naturalización. Fuera de estas vías, el proceso habitual requiere, entre otras condiciones, décadas de residencia legal y el dominio del idioma árabe.
Gestha solicita que la Agencia Tributaria investigue el origen de los fondos con los que Juan Carlos I abonó 4,39 millones de euros en declaraciones complementarias del IRPF de 2016 a 2018, ejercicios que aún no han prescrito. Asimismo, pide examinar cómo obtuvo la “Golden Visa” en Emiratos, asociada a la compra de una vivienda en la isla de Nurai valorada en más de 230.000 euros.
Según El Mundo, el Emérito financió esos pagos mediante préstamos de más de cuatro millones de euros otorgados por empresarios españoles, ya devueltos gracias a ingresos generados en Emiratos por la venta de derechos para documentales sobre su vida y por labores de intermediación comercial. Gestha advierte de que, si no se le considera residente fiscal en España, estas actividades no podrían ser rastreadas por la Agencia Tributaria.
De detectarse irregularidades, la inspección podría derivar en un informe a la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, incluyendo un posible incremento patrimonial no justificado de más de ocho millones de euros vinculado a gastos asumidos por la Fundación Zagatka. El sindicato también plantea revisar la regularización del Impuesto de Donaciones presentada por el monarca en 2020, por importe de 678.393,72 euros, al tratarse de un supuesto en el que la prescripción penal alcanza los diez años.
Finalmente, Gestha insta a la Agencia Tributaria a actuar con el mismo rigor que con cualquier otro contribuyente, y recuerda que en 2018 la Oficina Nacional de Investigación del Fraude remitió al Juzgado Central de Instrucción nº 6 un informe de apenas dos párrafos en el que señalaba que el Rey Emérito no había declarado bienes en el extranjero ni constaban cuentas corrientes fuera de España.
