UPA Castilla-La Mancha exige que la PAC post 2027 proteja al agricultor familiar

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UPA CLM) presentó el miércoles a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural sus principales propuestas de cara al diseño de la futura Política Agraria Común (PAC) después de 2027, en un encuentro en el que también participaron Asaja Castilla-La Mancha y Cooperativas Agroalimentarias. La organización agraria apuesta por que el nuevo marco comunitario coloque en el centro la viabilidad de las explotaciones familiares, que según sus datos representan el 80% del sector agrario en España.

En representación de UPA CLM acudieron el secretario general, Julián Morcillo, y la secretaria de Organización, Elisa Fernández. Por parte de la administración regional participó el viceconsejero de la PAC y Política Agroambiental, José Manuel Martín Aparicio. El encuentro se enmarca en el proceso de elaboración de una respuesta conjunta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al cuestionario europeo sobre la futura PAC, aunque tanto el presupuesto como el acuerdo definitivo a escala comunitaria siguen abiertos.

"Es la herramienta más eficaz para vertebrar el territorio, fijar población y luchar contra la España vaciada", subrayó Morcillo respecto al papel que deben desempeñar las explotaciones familiares en la nueva política agraria.

Techo de ayudas y exclusión de fondos de inversión

Entre las propuestas más concretas que UPA CLM trasladó a la administración regional figura la redefinición del concepto de Agricultor Activo, con el objetivo de reforzar esta figura y clarificar los requisitos para acceder a las ayudas. La organización defiende que al menos el 25% de los ingresos totales del beneficiario procedan de la actividad agraria, y que las ventas de producción puedan suponer como mínimo un 20% de esos ingresos agrarios, con la condición de que la ayuda decreciente a la renta por superficie no supere el 80% de los mismos.

En materia de redistribución de fondos, UPA propone establecer un límite máximo de 60.000 euros por explotación en concepto de ayuda decreciente a la renta por superficie, ampliable hasta 100.000 euros adicionales si se acreditan costes salariales. A juicio de la organización, esta medida liberaría recursos para apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones. UPA exige además que los fondos de inversión queden excluidos del sistema de apoyo público y que las ayudas a las industrias agroalimentarias se condicionen al cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Cultivos estratégicos de la región

Con el cambio climático y el encarecimiento de los costes de producción como telón de fondo, UPA CLM reclamó que se destine el máximo porcentaje posible a ayudas asociadas a cultivos, con flexibilidad suficiente para adaptarse a sectores en crisis. La organización solicita que se incluyan en ese régimen apoyos específicos para el viñedo de secano, la apicultura, el girasol, las plantas aromáticas y el azafrán, además de mejoras en la ayuda asociada al olivar tradicional.

La organización también reclama que el sector vitivinícola mantenga en la próxima PAC una intervención sectorial de ámbito estatal. "Desde UPA CLM consideramos que para el gobierno de Castilla-La Mancha debe ser prioritario exigir que el sector vitivinícola siga contando en la próxima PAC con una intervención sectorial a nivel del Estado", señalaron sus representantes.

Pequeños productores y fin de los derechos históricos

UPA CLM abogó también por elevar hasta 5.000 euros el umbral del régimen de pequeños productores, lo que, según la organización, facilitaría la gestión de las ayudas y permitiría relajar las exigencias de condicionalidad para las explotaciones que menos fondos perciben y que, a su vez, representan una proporción muy pequeña de la superficie agraria.

Finalmente, la organización valoró de forma positiva que el nuevo reglamento europeo contemple la desaparición de los derechos históricos y apostó por avanzar hacia una región única a escala nacional, con una tasa plana por hectárea. "Desde UPA CLM creemos que es necesario avanzar hacia una convergencia con la mayoría de los países europeos que ya aplican una tasa plana por hectárea a nivel nacional", concluyeron sus representantes. Este modelo, según UPA, acabaría con las distorsiones que genera el actual sistema de regionalización.