Transportes propone endurecer penas por robo de cable ferroviario

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció este domingo su intención de impulsar una reforma del Código Penal para agravar las penas aplicables al robo de cable y otros componentes de la infraestructura ferroviaria, un delito que en la última semana ha afectado en cuatro ocasiones al corredor sur de alta velocidad, incluidos tramos a su paso por Castilla-La Mancha, provocando retrasos masivos e interrupciones del servicio que dejaron a miles de viajeros afectados.

La propuesta, comunicada a través de fuentes del ministerio, prevé la creación de un subtipo agravado de robo con fuerza dentro del artículo 240 del Código Penal. La nueva figura delictiva quedaría castigada con penas de dos a seis años de prisión cuando la sustracción de elementos de la infraestructura ferroviaria atente contra la circulación o contra la prestación del servicio. El objetivo declarado es "adecuar las penas a la gravedad de estas conductas, reforzar la seguridad jurídica y aumentar la protección de la infraestructura ferroviaria", calificada desde Transportes como "crítica".

Desde el ministerio se subrayó que "la respuesta penal no solo tiene que tener en cuenta el valor del material sustraído, sino también las graves consecuencias que estos robos generan sobre un servicio público esencial". El último de los cuatro robos registrados tuvo lugar el pasado viernes, según precisaron las mismas fuentes, que lo pusieron como evidencia del "grave impacto de estos delitos sobre la movilidad y la seguridad ferroviaria".

Una oleada con impacto directo en CLM

La iniciativa legislativa surge directamente de la cadena de incidentes que ha sacudido al corredor sur de alta velocidad en los últimos días. Castilla-La Mancha fue uno de los territorios más afectados por estas interrupciones, con cortes que alteraron la circulación de trenes de larga distancia y obligaron a habilitar servicios de autobús alternativos para los pasajeros que no pudieron completar sus trayectos.

El Ministerio de Transportes calificó la situación de "totalmente inaceptable" y advirtió de que los hechos "se reproducen en otros puntos del país", señal de que la problemática ha adquirido una dimensión sistémica que desborda el ámbito regional. Las fuentes ministeriales describieron la sucesión de robos como una "oleada" que exige una respuesta proporcional tanto en el plano policial como en el legislativo.

Una reforma que va más allá del valor económico del cable

La clave de la propuesta reside en desligar la punibilidad del delito de su valor económico inmediato. Bajo el marco penal vigente, el hurto o robo de cable conductor se juzga atendiendo principalmente al precio del material sustraído —habitualmente cobre—, lo que en muchos casos resulta en penas reducidas o condenas suspendidas. La reforma que plantea el equipo de Óscar Puente pretende invertir esa lógica: lo determinante no sería el precio del cable en el mercado, sino el daño causado al servicio público y a los usuarios.

Esta reorientación punitiva conecta con un debate más amplio sobre la protección de las infraestructuras críticas que se lleva produciendo en Europa durante los últimos años, especialmente tras una serie de sabotajes a redes ferroviarias y energéticas en distintos países del continente. En ese contexto, la propuesta española incorpora el concepto de infraestructura esencial como bien jurídico autónomo digno de protección reforzada, con independencia del valor de los materiales dañados o sustraídos.

La reforma, que deberá pasar por el proceso legislativo ordinario antes de entrar en vigor, se enmarca además en un momento de particular atención política a la fiabilidad de la red ferroviaria española, sometida en los últimos meses a episodios de averías y saturación que han generado una intensa controversia pública y parlamentaria.