818 empresas de Castilla-La Mancha deben tener plan de movilidad

Comisiones Obreras presentó este vierbes en Toledo su hoja de ruta para que las empresas de Castilla-La Mancha implementen planes de movilidad sostenible al centro de trabajo, tal como exige la Ley 9/2025, aprobada con el objetivo de racionalizar los desplazamientos de empleados, clientes, proveedores y visitantes. El acto contó con la presencia del secretario de políticas institucionales y desarrollo territorial, José Manuel Muñoz, y del secretario de acción sindical de CCOO CLM, Ángel León, quienes desgranaron tanto las obligaciones legales como las herramientas disponibles para cumplirlas en el plazo marcado.

Según los datos manejados por el sindicato, la obligación recae sobre dos grupos diferenciados: las empresas con más de 200 trabajadores, que suman 372 en la región, y aquellas con más de 100 empleados que desarrollan su actividad en régimen de turnos, que son otras 446. Juntas, estas compañías emplean a más de un cuarto de millón de personas en Castilla-La Mancha.

El punto de partida, según explicó Muñoz, será un diagnóstico exhaustivo de la situación actual. Este análisis contemplará "dónde están ubicados los centros de trabajo, cuál es el número de trabajadores, cuál es la oferta de movilidad pública existente en ese lugar, estadísticas de accidentes in itinere y horarios". A ello se sumará una encuesta entre la plantilla para construir un mapa detallado por sectores y centros de trabajo que sirva de base a cada plan.

Medidas de movilidad sostenible

Una vez realizado el diagnóstico, los planes deberán articular un conjunto de medidas concretas. Según detalló el secretario de acción sindical, Ángel León, la norma exige que se prioricen, en primer lugar, las soluciones de movilidad activa: incentivos económicos a los desplazamientos a pie o en bicicleta. En segundo término, el fomento del transporte colectivo, con bonificaciones en tarjetas de transporte público o la puesta en marcha de servicios de autobús de empresa.

El plan también deberá abordar el uso sostenible del vehículo privado, promoviendo el coche compartido y reservando las plazas de aparcamiento con preferencia para los vehículos de alta ocupación. En el plano organizativo, las empresas deberán contemplar medidas como la flexibilidad horaria de entrada y salida, la jornada intensiva, la implantación del teletrabajo y la priorización de las videoconferencias para evitar desplazamientos innecesarios. Todo ello sin descuidar la prevención de riesgos laborales asociada a los accidentes in itinere, uno de los focos de siniestralidad más persistentes en el tejido productivo español.

León subrayó que los planes no solo redundarán en la movilidad de los trabajadores: "Tendrá un impacto positivo en la calidad del aire y en la eficiencia energética", afirmó, insistiendo en que las empresas "tienen que tenerla sí o sí antes del 5 de diciembre".

Incentivos económicos para facilitar la adaptación

La adopción de estos planes no tiene por qué suponer una carga económica insalvable para las empresas. Ángel León recordó que existen diversas líneas de ayuda a las que pueden acogerse las compañías: las ayudas estatales para planes de transporte al trabajo; el programa MOVES III, orientado a la electrificación de la movilidad; las subvenciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para movilidad sostenible; las convocatorias propias de las comunidades autónomas; y las líneas de financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Negociación colectiva y perspectiva de género

Muñoz y León coincidieron en señalar que la aprobación de la ley abre ahora un periodo de negociación en el seno de la negociación colectiva. Ambos dirigentes sindicales apelaron a que las empresas y los representantes de los trabajadores aborden esta cuestión "de buena fe" con el objetivo de incorporar los planes de movilidad a los convenios colectivos de cada sector y empresa.

El sindicato recomienda que la vigencia de cada plan sea de entre 3 y 5 años, con revisiones periódicas cada dos, y que se designe a una persona encargada específicamente de asesorar y coordinar su implantación. CCOO CLM también subraya que el diseño de los planes deberá incorporar la perspectiva de género, dado que los patrones de desplazamiento al trabajo presentan diferencias significativas entre hombres y mujeres vinculadas, entre otros factores, a las responsabilidades de cuidado.

Con el plazo del 5 de diciembre de 2026 como fecha límite, el sindicato prevé completar en los próximos meses el diagnóstico territorial que permita adaptar las exigencias de la ley a la realidad productiva de cada provincia castellanomanchega, donde las distancias, la escasa oferta de transporte público en el entorno rural y la concentración de empleo industrial en polígonos de difícil acceso plantean retos específicos que los planes de movilidad deberán contemplar.