El sector pirotécnico denuncia su asfixia por vetos en varias CCAA

La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) denunció este lunes la "asfixia económica y social" que sufre el sector ante la oleada de vetos al uso de fuegos artificiales fuera de las zonas de influencia forestal que están aplicando este verano las administraciones de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. La patronal hizo pública su denuncia el 17 de agosto de 2026 en una nota de prensa difundida desde Madrid, en la que calificó las restricciones de "indiscriminadas e injustificadas" y advirtió de que amenazan con el "desmantelamiento inminente" de una industria artesanal, tradicional y regulada que genera miles de empleos, precisamente en los meses en que concentra el 80% de su facturación anual: las fiestas patronales de julio y agosto.

Los datos oficiales contradicen la amenaza

El argumento central de AEPIRO fue estadístico. Según la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), los fuegos artificiales solo fueron causa del 0,049% de toda la superficie forestal quemada en España entre 2015 y 2023, muy por detrás de la intencionalidad y el rayo —que concentran juntas más de dos tercios del total— y de otras causas cotidianas como colillas, vehículos, líneas eléctricas o quema de restos de poda.

La desproporción se repitió comunidad por comunidad. En el caso de Castilla-La Mancha, la pirotecnia solo explicó el 0,044% de las 48.058 hectáreas quemadas en el período analizado. En Aragón ese porcentaje fue del 0,011% sobre 34.840 hectáreas; en Andalucía, del 0,02% sobre 104.525 hectáreas; en Extremadura, del 0,040% sobre 68.937 hectáreas; y en Castilla y León, del 0,016% sobre 180.588 hectáreas. "Está calando en la opinión pública la certeza, incentivada por la clase política, de que la pirotecnia es causa relevante de los incendios forestales", denunció AEPIRO, que insistió en que los datos oficiales acreditan "justamente lo contrario".

Una industria de las más reguladas de Europa

La patronal rechazó además que se equipare la actividad pirotécnica con un riesgo improvisado o temerario. Los artículos utilizados en espectáculos profesionales deben superar estrictos controles bajo la vigilancia de un organismo notificado independiente para obtener el Marcado CE, conforme a la directiva europea y a las normas EN 15947 y EN 16261. Ningún producto puede comercializarse o dispararse en España sin pasar por el Catálogo Oficial de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería (CATEX) del Ministerio de Industria, y cada espectáculo exige planes de seguridad específicos y equipos de extinción en la zona de disparo. "Tratar como un peligro público una actividad con estos niveles de certificación, control y prevención es un insulto a los ingenieros y técnicos del sector", denunció AEPIRO.

Prohibición sin compensación y fraude de ley

Al peso económico de las cancelaciones se sumó, según la patronal, la ausencia total de contrapartidas: las administraciones "promueven políticas de cancelación masiva" sin contemplar "líneas de ayuda, planes de contingencia ni compensaciones financieras". AEPIRO exigió que los responsables políticos "expliquen con qué criterio técnico se adopta cada restricción" y "pongan encima de la mesa las ayudas y compensaciones que corresponden a las empresas afectadas". "Lo que no es de recibo es una asfixia por goteo, que aboca a la quiebra del sector sin asumir un solo euro de responsabilidad", sostuvo la asociación.

La denuncia alcanzó también al plano jurídico. Según AEPIRO, la mayoría de los vetos "están fundamentados de forma fraudulenta" en la Ley de Montes, cuyo artículo 5 excluye expresamente de su ámbito el suelo urbano consolidado y los terrenos agrícolas sin continuidad forestal, que son precisamente los espacios —plazas, recintos feriales, cascos históricos— donde se dispara la pirotecnia en la inmensa mayoría de los casos. La asociación calificó este uso de la normativa forestal como una "invasión de competencias" para prohibir espectáculos en suelo urbano.

Un índice meteorológico ignorado

AEPIRO puso el foco también en la forma de aplicar los vetos. En comunidades como Andalucía, señaló la patronal, "el veto se aplica de forma discrecional y genérica a toda la zona de influencia forestal durante meses, sin tener en cuenta el Índice de Riesgo de Incendios Forestales que publica AEMET a diario en función de las condiciones meteorológicas de cada emplazamiento". Una herramienta diseñada para modular las restricciones según el riesgo real de cada jornada se convirtió así, en la práctica, en "una prohibición de calendario, ciega a las condiciones reales de cada día".

Mesa de diálogo urgente

Frente a esta situación, AEPIRO reclamó la creación inmediata de una mesa de diálogo con las Direcciones Generales de Emergencias de las comunidades afectadas para que las restricciones veraniegas queden "basadas y sustentadas en criterios de seguridad industrial y delimitación competencial estricta". La patronal, que agrupa a fabricantes, talleres de preparación y montaje, organizadores de espectáculos, importadores y comercios del sector, advirtió de que el objetivo es "detener una campaña de acoso que destruye un patrimonio cultural, tradicional e industrial estratégico de la España rural".