Stop Ganadería Industrial ve lagunas en el decreto de biometano de la Junta

La coordinadora Stop Ganadería Industrial CLM ha instado a ayuntamientos, colectivos vecinales y particulares a presentar antes del 24 de agosto sus aportaciones al proceso participativo del borrador del nuevo decreto de biometano impulsado por la Junta de Comunidades, al que considera "un paso positivo" pero que, a su juicio, no garantiza la protección real de los municipios frente a las macroplantas de biogás y biometano.

El borrador, al que se puede acceder y comentar a través del portal de participación del gobierno regional, representa el segundo intento de la Junta por regular este sector. En junio, el ejecutivo retiró su anterior Plan de biometanización después de recibir más de 15.000 alegaciones de organizaciones y particulares, y ante el rechazo de numerosos ayuntamientos preocupados por el impacto de estas instalaciones.

La figura del "proyecto prioritario", el talón de Aquiles del decreto

El punto más criticado por la coordinadora es la posibilidad de que la Junta declare una macroplanta como "proyecto prioritario", lo que desplazaría la decisión final desde el ayuntamiento hasta el gobierno regional. Según el análisis de Stop Ganadería Industrial CLM, hasta 50 de las 70 macroplantas actualmente en tramitación en Castilla-La Mancha cumplirían los requisitos para recibir esa declaración, el equivalente al 71% de los expedientes en curso.

De hecho, ya se han declarado prioritarias 8 macroplantas: tres en la provincia de Toledo —en los municipios de Noez, Gálvez, Madridejos y Mascaraque— y cuatro en Ciudad Real —en Campo de Criptana, Socuéllamos, Caracuel de Calatrava y Carrión de Calatrava—.

La coordinadora subraya además que la reciente reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha obliga a los ayuntamientos a motivar cualquier rechazo a un proyecto, y reserva a la Junta la potestad de valorar si esa motivación resulta suficiente. A esto se suman otras figuras administrativas —como la declaración de interés regional o los Planes de Singular Interés— que también podrían eximir a una macroplanta de determinadas normas urbanísticas locales.

Distancias, residuos y transparencia, en el punto de mira

Más allá del reparto de competencias, la organización ha desgranado una serie de aspectos técnicos del borrador que, a su juicio, comprometen las garantías medioambientales y sanitarias. El decreto establece que el 80% de los residuos que procese una macroplanta deben proceder de un radio de 35 kilómetros, lo que equivale a un área de 3.848 kilómetros cuadrados, mayor que la superficie de la provincia de Álava. El 20% restante puede originarse en cualquier punto del territorio, sin restricción geográfica.

En materia de distancias de seguridad, los colectivos critican que el decreto permita construir una macroplanta a tan solo 251 metros de captaciones de agua o embalses, y que las distancias mínimas a macrogranjas —fijadas en 500 metros— puedan reducirse "en ciertos casos". También señalan que el cálculo de las distancias a núcleos urbanos o establecimientos turísticos no contempla la dirección de los vientos dominantes.

Otro flanco de crítica es el del digestato —el residuo sólido resultante del proceso—, respecto al que el decreto no exige trazabilidad y permite su aplicación a apenas un kilómetro de un núcleo urbano, aunque la planta en sí deba ubicarse a un mínimo de dos. Los colectivos denuncian también que el decreto permite amparar bajo "secreto industrial" la información sobre la entrada y el origen de los residuos, y que las inspecciones podrían quedar en manos de empresas privadas de certificación ambiental en lugar de la administración pública.

La Junta prometió un cambio "radical y garantista"

"El decreto de biometano está redactado pensando en los intereses económicos de las empresas de gas y energéticas, en vez de en los intereses de los ayuntamientos y ciudadanos", ha afirmado la coordinadora en un comunicado, que concluye que el texto "no ha supuesto el cambio radical y garantista que la Junta prometió respecto al difunto Plan de biometanización".

Stop Ganadería Industrial CLM exige a la Consejería de Desarrollo Sostenible que revise a fondo el borrador antes de su aprobación definitiva, y anima a todos los actores implicados a utilizar el canal de participación pública habilitado por la Junta. La coordinadora advierte de que mientras el texto mantenga la posibilidad de declarar proyectos prioritarios y conserve excepciones en el radio de origen de residuos y en las distancias mínimas, no ofrece garantías reales frente a las macroplantas de biogás y biometano en la región.