Más de 100.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha cobrarán en enero la subida del 2,5%
Más de 100.000 empleados del sector público de Castilla-La Mancha recibirán en la nómina de enero de 2026 el incremento retributivo del 2,5 por ciento correspondiente al año 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese ejercicio. La medida, aprobada este martes por el Consejo de Gobierno, tendrá un impacto económico de 120 millones de euros y se enmarca en el acuerdo estatal alcanzado con las organizaciones sindicales.
El acuerdo ha sido anunciado en rueda de prensa por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en Toledo, en la que también se ha aprobado el calendario de abono de los atrasos y se ha ratificado la aplicación de los incrementos salariales previstos para 2026.
Aplicación del acuerdo estatal y subida máxima permitida
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a la aplicación del incremento retributivo del personal al servicio del sector público regional para los ejercicios 2025 y 2026, en los términos previstos en los artículos 1 y 2 del Real Decreto-Ley 14/2025, de 2 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
Según ha explicado Ruiz Molina, el Ejecutivo autonómico ha decidido “agotar el tope máximo” autorizado por la legislación básica del Estado y aplicar la subida “con la mayor brevedad posible”. En concreto, para 2025 se ha aprobado un incremento del 2,5 por ciento, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, mientras que para 2026 la subida será del 1,5 por ciento, también con efectos desde el 1 de enero de ese año.
Además, el acuerdo contempla que el incremento de 2026 podrá ampliarse con un 0,5 por ciento adicional si la inflación de ese ejercicio es igual o superior al 1,5 por ciento. Ese incremento variable se abonaría en 2027, aunque con efectos retroactivos desde el inicio de 2026.
Cuándo y cómo se abonará la subida salarial
El incremento correspondiente a 2025 se abonará de una sola vez en la nómina de enero de 2026, incluyendo los atrasos generados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Ruiz Molina ha explicado que esta decisión responde tanto a los plazos administrativos de cierre de nómina —que se producen el día cinco de cada mes— como a la publicación del Real Decreto-Ley el pasado 3 de diciembre y a la necesidad de negociar con los sindicatos la fecha de abono.
A ello se suma la coincidencia con el periodo navideño, en el que se adelanta alrededor de diez días el pago de la nómina ordinaria y de la paga extraordinaria, lo que dificulta la realización simultánea de los cálculos necesarios para liquidar los atrasos del ejercicio.
La medida ha sido abordada previamente en la Mesa General de Negociación del Personal Empleado Público, celebrada el pasado 9 de diciembre, tal y como establece el artículo 3 del Real Decreto-Ley, que permite que el abono de los atrasos pueda realizarse “de una sola vez o distribuido entre los ejercicios 2026, 2027 y 2028”.
Impacto económico: 192 millones de euros en dos años
El consejero de Hacienda ha detallado que el coste del incremento del 2,5 por ciento para 2025 asciende a 120 millones de euros, mientras que la subida prevista para 2026 tendrá una repercusión presupuestaria inicial de 72 millones de euros, lo que eleva el impacto total a 192 millones de euros.
Ruiz Molina ha reconocido que en los presupuestos de 2025 se había previsto inicialmente una subida del 2 por ciento, por lo que el Ejecutivo regional tendrá que asumir un desfase del 0,5 por ciento, que se incorporará a los presupuestos de 2026 “con algún esfuerzo”. En cambio, ha señalado que la previsión del 1,5 por ciento para 2026 sí estaba contemplada en las cuentas autonómicas.
Más de 100.000 empleados beneficiados
La mejora salarial beneficiará a más de 100.000 empleados y empleadas vinculados al sector público regional, entre los que se encuentran el personal de la Administración regional, de las empresas públicas y fundaciones del sector público de Castilla-La Mancha, el personal de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como el profesorado vinculado a plazas públicas en centros de enseñanza concertados.
El consejero ha subrayado que esta subida salarial se enmarca en el Acuerdo Marco suscrito el 27 de noviembre de 2025 entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales, que fija las condiciones retributivas del personal empleado público para el periodo 2025-2028.
Mejora de servicios públicos y condiciones laborales
Ruiz Molina ha destacado que esta decisión responde a la apuesta del Ejecutivo autonómico por mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal empleado público, siempre desde el diálogo social, y ha remarcado su repercusión directa en la calidad y excelencia de los servicios públicos, así como en la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía.
En este sentido, ha recordado que el Capítulo I de los presupuestos, destinado a gastos de personal, se ha incrementado desde 2015 en más de 1.500 millones de euros, lo que supone un aumento superior al 55 por ciento. Este esfuerzo ha permitido reforzar plantillas, especialmente en los servicios públicos del Estado del Bienestar, mejorar las condiciones de trabajo y aplicar las subidas salariales máximas permitidas por la legislación estatal.
Presupuestos de 2026 y rechazo a las enmiendas del PP
En el contexto del debate presupuestario, el consejero de Hacienda ha valorado también el proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026, que se debate este miércoles en las Cortes regionales y que recoge el incremento retributivo aprobado.
Ruiz Molina ha asegurado que ve “muy difícil” que se apruebe alguna de las 1.150 enmiendas presentadas por el Partido Popular, al considerar que “no tienen por dónde cogerse”. Según ha explicado, sin entrar al fondo del contenido, su aprobación generaría un déficit de 613 millones de euros, lo que hace inviable cualquier acuerdo.
El consejero ha calificado estas propuestas como “un petardazo a la línea de flotación de los presupuestos”, con un “tijeretazo descomunal” al gasto social, y ha advertido de que su aplicación obligaría al despido de numerosos empleados públicos. Entre las consecuencias, ha citado el recorte de la financiación de 32.000 prestaciones de dependencia, la eliminación del mantenimiento de hospitales y centros de salud y la supresión de los planes de empleo.
A su juicio, las enmiendas del PP evidencian una falta de rigor y responsabilidad, al proponer recortes en el Estado del Bienestar y un aumento de la deuda, una estrategia que, según ha señalado, ya aplicaron cuando gobernaban. Además, ha considerado incoherente que el PP rechace la senda de déficit propuesta por el Gobierno de España —que permitiría a Castilla-La Mancha un margen de 60 millones— mientras plantea ahora un déficit diez veces superior.
Ruiz Molina ha concluido reiterando el rechazo del Gobierno regional a cualquier propuesta que suponga recortes en los servicios públicos esenciales o un incremento del endeudamiento, y ha defendido unos presupuestos orientados a proteger a los colectivos más vulnerables, garantizar el equilibrio presupuestario y mejorar las condiciones del personal empleado público.
