Junta y Diputaciones destinan 64 millones a contratar 6.400 personas

Castilla-La Mancha ha escenificado este martes en Toledo un nuevo impulso a sus políticas económicas y sociales con la firma del Programa de Apoyo Activo al Empleo (PAAE), una de las principales herramientas de inserción laboral de la Comunidad Autónoma, que movilizará 70,7 millones de euros para facilitar una oportunidad de trabajo a más de 6.400 personas desempleadas. El acto, presidido por el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha reunido a los responsables de las cinco diputaciones provinciales —Santiago Cabañero (Albacete), Miguel Ángel Valverde (Ciudad Real), José Luis Vega (Guadalajara), Conchi Cedillo (Toledo) y la vicepresidenta tercera de Cuenca, Emma Cano— en una imagen de colaboración institucional que el Gobierno regional ha querido subrayar como clave en el desarrollo de estas políticas.

La nueva convocatoria del programa, que se publicará tras la Semana Santa, mantiene la estructura de ediciones anteriores y vuelve a situar en el centro a los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. De los 70,7 millones de euros previstos, 63,8 millones corresponden a la línea principal destinada a la contratación por parte de entidades locales, que será financiada de manera conjunta por la Junta de Comunidades —con 38,7 millones de euros— y las diputaciones provinciales —con 25 millones—. El resto de líneas que completan el programa serán asumidas íntegramente por el Ejecutivo autonómico, consolidando así un modelo mixto de financiación que combina la cooperación institucional con la iniciativa propia del Gobierno regional.

Un despliegue territorial que alcanza a toda la región

El alcance del programa se materializa en una distribución territorial que permitirá activar miles de contratos en todas las provincias, adaptando la inversión a las características y necesidades de cada territorio. En términos de contratación, la previsión es alcanzar 1.186 empleos en la provincia de Albacete, 1.732 en Ciudad Real, 499 en Cuenca, 631 en Guadalajara y 2.360 en Toledo, que concentra el mayor volumen tanto de población como de actuaciones.

Esta distribución se traduce en una inversión conjunta que supera los 23,9 millones de euros en Toledo, alcanza los 16,9 millones en Ciudad Real, ronda los 11,5 millones en Albacete, se sitúa en 6,5 millones en Guadalajara y supera los 4,7 millones en Cuenca. La propia Junta ha subrayado que este reparto permite garantizar un impacto homogéneo en todo el territorio, al tiempo que refuerza la capacidad de actuación de los ayuntamientos, especialmente aquellos con menos recursos, donde el programa se convierte en una herramienta fundamental para sostener servicios públicos y dinamizar la actividad local.

Más allá de la contratación directa, el PAAE incorpora una serie de líneas complementarias que buscan mejorar la empleabilidad de los beneficiarios y facilitar su inserción en el mercado laboral. Entre ellas destaca la línea de formación y cualificación profesional, dotada con más de tres millones de euros, que permitirá adquirir competencias adaptadas a las demandas actuales del mercado. A esta se suma el denominado Cheque Empleo, con una dotación de un millón de euros, concebido como una herramienta para facilitar el tránsito de las personas que han participado en el programa hacia el empleo en el sector privado, una fórmula que ya ha permitido la inserción de medio centenar de beneficiarios en la convocatoria vigente.

El programa incluye también una línea específica de 2,5 millones de euros destinada a atender situaciones excepcionales en municipios, como las derivadas de fenómenos meteorológicos adversos. Este mecanismo ya fue activado el pasado año con motivo de la DANA y se consolida como una herramienta flexible para responder a necesidades imprevistas en el ámbito local.

Un instrumento clave para los colectivos más vulnerables

Uno de los ejes fundamentales del programa vuelve a ser su orientación social. La consejera Patricia Franco ha defendido que el PAAE no solo tiene como objetivo reducir las cifras globales de desempleo, sino intervenir de manera directa sobre aquellos colectivos que encuentran mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo. En este sentido, ha recordado que la Ley de Empleo sitúa a estas personas como prioritarias en las políticas activas.

Los datos de la convocatoria actualmente en ejecución, que finalizará en septiembre, evidencian este enfoque. Hasta el momento, se han registrado más de 6.800 contratos, con un perfil claramente orientado hacia la vulnerabilidad. Las mujeres representan el 63% del total, superando ampliamente el compromiso inicial del 55%, y dentro de este grupo se incluyen 451 mujeres víctimas de violencia de género, lo que refuerza el papel del programa como herramienta de protección y autonomía económica.

Junto a ellas, el programa alcanza a 1.023 personas en situación de exclusión social, un colectivo especialmente sensible que encuentra en estas políticas una vía de acceso al mercado laboral. También destacan los 671 jóvenes con cargas familiares que han participado en la convocatoria, así como las 2.451 personas residentes en zonas despobladas, donde el programa adquiere una dimensión adicional como instrumento de cohesión territorial y lucha contra el reto demográfico.

El impacto del programa en el desempleo de larga duración es otro de los elementos que el Ejecutivo regional ha querido poner en valor. Según los datos aportados, el 58% de las contrataciones actuales corresponden a personas que llevaban largos periodos sin empleo. La continuidad del programa desde 2015 ha permitido que tres de cada cuatro personas en esta situación hayan logrado abandonarla, lo que se traduce en una reducción acumulada de 126.100 personas en la última década. Además, más del 10% de los contratos se han destinado a personas con discapacidad, consolidando el carácter inclusivo del programa.

Evolución del plan y consolidación institucional

Durante su intervención, Emiliano García-Page realizó una lectura en perspectiva del programa, recordando que sus primeras ediciones se desarrollaron en un contexto de crisis económica profunda. El presidente llegó a definir aquel inicio como “una gota de agua en medio de un océano de miseria”, en referencia a la magnitud del desempleo en aquel momento, y defendió que el plan ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta “infinitamente más quirúrgica”, adaptada a las necesidades reales del territorio.

Esta evolución, según subrayó, ha sido posible gracias al contacto permanente con los ayuntamientos, las diputaciones y los distintos agentes implicados, lo que ha permitido ajustar el diseño del programa con el paso del tiempo. García-Page reconoció que el proceso no estuvo exento de dificultades y que en sus inicios se produjeron fricciones institucionales, pero aseguró que la colaboración actual demuestra que el esfuerzo compartido ha dado resultados.

El presidente quiso además lanzar un mensaje de carácter político al destacar que este tipo de acuerdos no debería generar controversia, al tratarse de políticas orientadas al interés general. En este sentido, agradeció expresamente la implicación de las diputaciones provinciales, independientemente de su signo político, y defendió que la cooperación institucional es la base para mantener este tipo de programas.

Las diputaciones reivindican su papel en el programa

Los responsables provinciales coincidieron en destacar la utilidad práctica del plan en sus respectivos territorios. Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete, puso en valor que el programa permite a los ayuntamientos con menos recursos “levantar la persiana” durante muchos días del año y detalló que 89 entidades locales —entre municipios y mancomunidades— podrán beneficiarse de la convocatoria con cerca de 160 proyectos.

Desde Ciudad Real, su presidente, Miguel Ángel Valverde, destacó la evolución positiva del empleo en la provincia, donde el número de desempleados ha pasado de 65.000 a unos 31.000, y defendió que programas como este contribuyen a ofrecer oportunidades laborales y formativas, al tiempo que ayudan a aliviar situaciones de dificultad en muchas familias.

Por su parte, Emma Cano, vicepresidenta tercera de la Diputación de Cuenca, subrayó la importancia del plan para los pequeños municipios, que constituyen la mayoría de la provincia. En su intervención, puso ejemplos concretos como la necesidad de contar con personal para la recogida de residuos o el mantenimiento de servicios básicos durante el verano, cuando la población se incrementa notablemente.

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, destacó que el plan facilita la reinserción laboral de personas que, de otro modo, tendrían muy difícil acceder a un empleo, y subrayó su impacto en el mantenimiento de servicios en los municipios más pequeños. Finalmente, la presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, reafirmó la colaboración institucional con la Junta, concretando una aportación de nueve millones de euros en dos anualidades, y anunció que la institución provincial impulsará un plan propio para complementar estas políticas y ampliar su alcance.

Impulso empresarial: 40 millones del Plan Adelante Inversión

En paralelo a la firma del plan de empleo, Emiliano García-Page anunció que el Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana una nueva línea de apoyo económico dirigida al tejido empresarial. Se trata de 40 millones de euros del Plan Adelante Inversión, una iniciativa que será impulsada exclusivamente por la Junta de Comunidades y que tiene como objetivo facilitar la financiación de proyectos empresariales, ampliaciones y mejoras de productividad.

El presidente enmarcó este anuncio en la estrategia económica del Ejecutivo regional, señalando que se trata de “un estímulo más” para consolidar un entorno de estabilidad y certidumbre. En este sentido, destacó que Castilla-La Mancha atraviesa un momento de “microambiente” de entendimiento social y cohesión que considera especialmente relevante en el contexto político actual.

Jóvenes, vivienda y desafíos del mercado laboral

El paquete de medidas anunciado por el Gobierno regional se completará tras la Semana Santa con el lanzamiento del programa Contrato Joven, que ofrecerá ayudas de entre 6.000 y 10.000 euros para incentivar la contratación de jóvenes, con el objetivo de alcanzar a unos 440 beneficiarios. Esta iniciativa busca facilitar la incorporación al mercado laboral en un contexto en el que la Formación Profesional presenta altos niveles de empleabilidad.

Asimismo, García-Page avanzó que las Cortes regionales aprobarán medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, incluyendo deducciones y fórmulas de financiación complementaria. El presidente defendió la necesidad de actuar en este ámbito para evitar que varias generaciones queden excluidas del mercado residencial.

En clave de futuro, el jefe del Ejecutivo autonómico advirtió de los cambios que provocará la inteligencia artificial en el mercado laboral, señalando que será necesario adaptar tanto las políticas de empleo como los convenios colectivos. A su juicio, este proceso supondrá un reto para empresas y sindicatos, pero también una oportunidad si se gestiona adecuadamente desde una perspectiva de cohesión social.

Finalmente, García-Page alertó del impacto económico del contexto internacional, cifrando en 30 millones de euros mensuales el coste para la región derivado de la situación de guerra, lo que refuerza la necesidad de mantener políticas públicas activas en materia de empleo e inversión.

Con este conjunto de actuaciones, Castilla-La Mancha consolida una estrategia que combina la colaboración institucional en políticas de empleo con nuevas iniciativas de impulso empresarial y apoyo a los jóvenes, en un contexto marcado por la transformación económica y los retos del mercado laboral.