CSIF y UGT rompen con la Junta por el recorte en las excedencias
CSIF y UGT abandonan la Mesa Sectorial en Castilla-La Mancha por la reforma de la excedencia voluntaria.
Denuncian un “recorte de derechos” y convocan movilizaciones este jueves en Toledo.
La modificación legal podría aprobarse el 26 de marzo en las Cortes regionales.
Los sindicatos CSIF y UGT Servicios Públicos de Castilla-La Mancha han abandonado este lunes la Mesa Sectorial de personal funcionario en protesta por la intención del Gobierno regional de modificar la excedencia voluntaria por prestación de servicios, una medida que, según denuncian, supondrá un recorte de derechos laborales y afectará directamente a la carrera profesional de miles de empleados públicos. La movilización se trasladará a la calle este jueves, 26 de marzo, a las 11.00 horas, frente a la sede de la Dirección General de Función Pública en Toledo, donde las organizaciones sindicales han convocado una concentración.
Las organizaciones sindicales han llamado a todos los empleados públicos de la región a sumarse a esta protesta en la avenida de Portugal de la capital regional, en una acción conjunta tras la ruptura de la negociación con la Administración autonómica.
La raíz del conflicto se encuentra en una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para modificar el artículo 121 de la Ley 4/2011 de Empleo Público de Castilla-La Mancha, que se pretende aprobar en el pleno de las Cortes previsto para el propio 26 de marzo aprovechando la mayoría absoluta.
CSIF denuncia un “ataque directo” a la carrera profesional
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su “más absoluto rechazo” a una reforma que, según advierte, impedirá a los empleados públicos acogerse a la excedencia por prestación de servicios en la Administración. Esta limitación evitaría que puedan hacer méritos en otros puestos o cuerpos mientras desarrollan funciones distintas, lo que, a su juicio, corta cualquier posibilidad de progresión profesional alternativa.
El sindicato subraya que esta medida llega en una comunidad donde, 15 años después, sigue sin desarrollarse plenamente la Ley de Empleo Público en lo relativo a la carrera profesional, lo que agrava la situación respecto a otras autonomías.
CSIF alerta de que la modificación elimina un derecho consolidado que facilitaba la movilidad, la estabilidad y la promoción dentro de la Administración. En concreto, la reforma suprime el segundo párrafo del artículo 121, que permitía a los funcionarios de carrera acceder a la excedencia voluntaria cuando ocupaban puestos temporales o interinos en otros cuerpos o escalas.
El presidente del sector de Administración General de CSIF en la región, Joaquín Sánchez, califica la medida como un “evidente retroceso en derechos” y critica el uso de la vía de urgencia en el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias. Según señala, resulta “especialmente grave” que se impulse en un momento con numerosos procesos selectivos pendientes, lo que, en su opinión, evidencia la intención de impedir que cientos de trabajadores puedan beneficiarse de este derecho tras obtener nuevas plazas.
Como ejemplo, el sindicato explica que un funcionario con plaza fija que quiera trabajar temporalmente en un cuerpo superior para ganar experiencia vería denegada la excedencia, lo que impediría su promoción profesional.
CSIF exige la retirada inmediata de la enmienda y el mantenimiento de la redacción actual del artículo 121, además de confirmar su participación en la movilización convocada en Toledo.
UGT denuncia “imposición” y falta de negociación
Por su parte, UGT Servicios Públicos también ha abandonado la Mesa Sectorial en señal de protesta ante lo que considera una situación “inaceptable” y un “desprecio absoluto” hacia los empleados públicos de Castilla-La Mancha.
El sindicato denuncia que la Administración ha sustituido la negociación por un modelo de “imposición”, en el que las decisiones se adoptan de forma cerrada y sin contar con la representación sindical.
Entre los puntos de conflicto, UGT destaca la negativa de la Administración a ofertar todas las plazas vacantes al personal de nuevo ingreso. Según el sindicato, esta decisión limita el acceso al empleo público y genera situaciones de “profunda injusticia”, ya que opositores con altas calificaciones se ven obligados a aceptar destinos alejados mientras existen vacantes en sus localidades que permanecen sin adjudicar.
Un recorte “unilateral y desleal” de derechos
UGT ha criticado especialmente la modificación del artículo 121, que califica de “vergüenza” y “deslealtad”, al entender que elimina un derecho histórico como la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público al acceder a otro cuerpo o escala.
El sindicato considera que se trata de una decisión “unilateral, tramitada sin información previa” y un “retroceso intolerable” en las condiciones laborales que el Ejecutivo regional pretende aprobar en el pleno del 26 de marzo.
Además, denuncia un modelo de toma de decisiones jerárquico y cerrado, al que denomina de “pirámide invertida”, y exige el desarrollo inmediato de la carrera profesional para todo el personal funcionario y laboral, tal y como recoge la ley vigente desde hace más de una década.
Llamamiento a la movilización en Toledo
Ante este escenario, UGT —en unidad de acción con el resto de organizaciones sindicales— ha hecho un llamamiento a todos los empleados públicos para participar en la concentración convocada este jueves, 26 de marzo, a las 11.00 horas, frente a la Dirección General de Función Pública en Toledo.
“Hemos dicho basta ya. No aceptaremos más recortes ni esta forma de actuar que ignora los derechos conquistados”, advierte el sindicato, que anuncia nuevas movilizaciones si la Administración no rectifica.
