Investigan a un cazador de Orgaz por usar lazos de acero ilegales

El Equipo de Protección de la Naturaleza de Toledo (Eprona) de la Guardia Civil ha investigado a una persona en Orgaz (Toledo) por la presunta comisión de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna, al haber instalado lazos de cable de acero en un coto de caza del término municipal. La actuación, desarrollada en el marco de la denominada 'Operación Orlaz', concluyó con la retirada de seis medios de captura prohibidos y la identificación del presunto autor de los hechos.

Las investigaciones se pusieron en marcha tras recibir la comunicación de que existían varios lazos instalados de forma ilegal en el interior del coto. Los agentes del Eprona comprobaron sobre el terreno que los dispositivos —cables de acero tensados— estaban dispuestos para su uso activo y habían sido colocados en pasos naturales por los que habitualmente discurre la fauna salvaje de la zona.

Una amenaza para el lince ibérico y la biodiversidad

Los lazos de cable de acero están tipificados como medios no selectivos de captura de fauna, lo que los convierte en un doble peligro: además de causar heridas graves o la muerte a los animales que quedan atrapados en ellos, no distinguen entre especies cinegéticas y protegidas. La Guardia Civil subrayó en su nota de prensa que este tipo de trampas puede llegar a atrapar y matar al lince ibérico, especie en peligro de extinción cuya presencia está documentada en diversas comarcas de la provincia de Toledo, y cuya supervivencia resulta especialmente vulnerable ante este tipo de métodos ilegales.

Las diligencias practicadas permitieron localizar e identificar al presunto responsable de la instalación de los lazos. En ese punto resultó decisiva la colaboración de los guardas rurales que ejercen funciones de guardería en el coto afectado, cuya alerta inicial desencadenó toda la investigación.

Penas de hasta dos años de prisión

La retirada de los seis lazos del entorno natural evitó que siguieran operativos y cortó de raíz los daños que la captura ilegal de fauna silvestre podría haber causado al ecosistema de la zona. La persona investigada, a quien la Guardia Civil atribuye la presunta autoría de un delito contra la fauna previsto en el Código Penal, se enfrenta a una pena de prisión de cuatro meses a dos años o, alternativamente, a una multa de ocho a veinticuatro meses. La condena puede conllevar, además, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado, pérdida del derecho a cazar o pescar durante uno a tres años, y privación del derecho a la tenencia y porte de armas en ese mismo período.

El uso de lazos, cepos y otros dispositivos no selectivos está expresamente prohibido por la legislación española de caza y por la normativa europea de protección de la biodiversidad, precisamente por el daño irreversible que pueden infligir sobre poblaciones de fauna amenazada. La 'Operación Orlaz' se inscribe en las actuaciones periódicas que el Eprona lleva a cabo en la provincia de Toledo para vigilar el cumplimiento de la legalidad cinegética y preservar el equilibrio de los ecosistemas naturales de la región.