Castilla-La Mancha exige su financiación a Hacienda el 22 de junio

El Gobierno de Castilla-La Mancha acudirá el lunes 22 de junio a una reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda para exponer y defender su modelo de financiación autonómica. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, confirmó este jueves el encuentro en declaraciones a los medios en Toledo, al margen de la clausura de la Jornada Autonómica de la Comisión de Coordinación del Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo. La reunión se celebrará con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y con la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Mónica García, y sus conclusiones se trasladarán al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ruiz Molina subrayó que la postura que llevará la región a esa reunión bilateral no es nueva. Se trata de la misma posición que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha argumentado "en repetidas ocasiones" y que la Junta lleva manteniendo "desde 2017" ante los sucesivos titulares de Hacienda, "desde Cristóbal Montoro a María Jesús Montero y Arcadi España". El pilar de ese planteamiento, recalcó el consejero, es el principio de igualdad en materia de financiación.

"Significa que todos los ciudadanos, con independencia de su capacidad económica, o con independencia de la capacidad económica, o la capacidad tributaria que tengan los territorios, tienen derecho a recibir los servicios públicos en las mismas condiciones de calidad", explicó Ruiz Molina.

Un modelo frente al pacto con los independentistas

El consejero no eludió la comparación con la negociación que el Gobierno central mantiene con las fuerzas independentistas catalanas, y la calificó de opuesta a los intereses de Castilla-La Mancha. "El modelo que presenta Castilla-La Mancha, el que vamos a defender en esa reunión bilateral, es diametralmente diferente al que ha propuesto el Gobierno, al que ha negociado el Gobierno central con los independentistas catalanes, en el sentido de que se trata de primar la capacidad tributaria en lugar de ese principio de igualdad", señaló.

En este punto, Ruiz Molina rechazó expresamente el denominado principio de ordinalidad, que en esencia establece que los territorios con mayor aportación fiscal no deben ver alterada su posición relativa después de aplicarse los mecanismos de redistribución. "No se trata de quien más tenga más reciba, sino todo lo contrario: que quien más necesidades tiene más tiene que recibir para garantizar ese principio de igualdad", afirmó el consejero.

Ruiz Molina sintetizó la posición de la Junta con un argumento que, dijo, repite de forma habitual: "Los impuestos los pagan los ciudadanos, quienes reciben los servicios públicos son los ciudadanos y no son los territorios". Desde ese razonamiento, defendió que la financiación debe atender a las necesidades de cada comunidad y no a la capacidad económica de cada territorio, pues eso supondría, en sus palabras, "primar los privilegios" y no garantizar la igualdad. "Es de justicia" que el sistema atienda a las necesidades reales, añadió.

La Junta reclama más documentación técnica

Más allá de los principios, el consejero mostró sus reservas sobre las condiciones en que se celebrará el encuentro. Ruiz Molina reclamó que la reunión cuente con documentación técnica suficiente para que resulte "productiva" y permita a los equipos de la Consejería de Hacienda analizar en profundidad los datos que sustentan el modelo propuesto por el Gobierno central.

"Solamente contamos con un PowerPoint" que es el mismo que tienen los medios de comunicación, indicó, y consideró que "técnicamente nos merecemos algo más de documentación". En concreto, reclamó conocer "las tripas de lo que es el modelo", especialmente para poder evaluar "la evolución hasta el 2027", tomando como base los datos de 2023 que sirven de punto de partida en los cálculos actuales. "Para eso tenemos un equipo técnico potente en la Consejería de Hacienda para analizar los datos", apuntó.

Sobre las cifras que han circulado en los últimos días en relación con el nuevo sistema, Ruiz Molina optó por la cautela. "Aquí se ha hablado de cifras grandilocuentes, incluso Castilla-La Mancha saldría bien parada dentro de esos cálculos, pero sinceramente no sé de dónde salen esos datos", advirtió, subrayando que la región se niega a avalar proyecciones cuya base técnica desconoce.

El debate sobre la financiación autonómica lleva años enquistado en la agenda política española. El actual sistema data de 2009 y fue prorrogado en varias ocasiones sin que los sucesivos gobiernos lograran alcanzar un acuerdo multilateral para su reforma. La negociación que el Ejecutivo central mantiene con Cataluña ha reactivado la discusión y ha situado a comunidades como Castilla-La Mancha en una posición de alerta ante la posibilidad de que se consolide un modelo que, a su juicio, prima la riqueza de los territorios sobre las necesidades reales de sus ciudadanos.