El Consejo de Transparencia blinda la protección a los informantes

El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha y el Observatorio de Integridad del Sector Público (OISP) —órgano técnico-académico de la Sección de Compliance de la Corporación Académica de Ciencia y Derecho (CACyD)— rubricaron esta semana en Toledo un convenio marco de colaboración destinado a fortalecer la transparencia, la integridad institucional, la prevención de la corrupción y la protección de los denunciantes de irregularidades en el ámbito de la administración pública regional.

El acuerdo fue suscrito por Fernando Muñoz Jiménez, presidente del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, y por Belén López Donaire, en representación del OISP. El convenio no conlleva contraprestación económica alguna y tiene una vigencia inicial de dos años, prorrogable por acuerdo de ambas partes.

Protocolos, formación y mapas de riesgo

El texto del convenio define un amplio catálogo de actuaciones conjuntas. En el plano normativo e institucional, contempla la elaboración de protocolos de actuación, códigos éticos, planes de integridad y mapas de riesgo adaptados a las necesidades de la administración castellanomanchega. En paralelo, se pondrá en marcha un programa formativo de calado que incluirá cursos, talleres prácticos, seminarios y jornadas dirigidos a las propias administraciones, al personal técnico y a la ciudadanía en general.

La aportación del OISP tendrá también una dimensión marcadamente tecnológica y analítica. Entre las contribuciones previstas figuran la asistencia en el diseño de portales de transparencia, el análisis de interoperabilidad y datos abiertos, la definición de indicadores y cuadros de mando para evaluar el cumplimiento, y el apoyo en materia de seguridad de la información y preservación de la confidencialidad de los informantes.

El Consejo, con más herramientas frente a los retos de la transparencia

Muñoz Jiménez subrayó que la colaboración "reforzará nuestras herramientas institucionales para garantizar el derecho de acceso a la información, la publicidad activa y la protección de informantes". El presidente del Consejo añadió que, con el respaldo técnico del Observatorio, el organismo que dirige podrá "ofrecer respuestas más eficaces a los retos de transparencia y buen gobierno en la región".

Por su parte, Belén López Donaire destacó que el marco acordado permite "trasladar a la gestión pública en Castilla-La Mancha el conocimiento especializado necesario para implantar sistemas sólidos de integridad y protección del informante". La responsable del OISP puso en valor la utilidad práctica de los instrumentos técnicos que el Observatorio aportará al acuerdo.

Una comisión mixta supervisará la ejecución

El convenio prevé que cada actuación concreta se instrumente mediante acuerdos o adendas específicas que fijarán el objeto, el plan de trabajo, los medios disponibles, los responsables de cada iniciativa y, cuando proceda, el régimen económico aplicable. Para garantizar la coordinación, el seguimiento y la evaluación de todo lo acordado, se constituirá una comisión mixta integrada por representantes de ambas instituciones.

Ambas partes se comprometen, además, al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, conocido como Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de la Ley Orgánica 3/2018 y del resto de normativa vigente en materia de protección de datos. El acuerdo incluye asimismo la obligación de mantener la confidencialidad de toda la información no pública que se comparta en el marco de la colaboración, una garantía especialmente relevante en lo que respecta a la identidad y los datos de los informantes que denuncien irregularidades ante el Consejo.