Castilla-La Mancha, beneficiada en 4.927 millones por la condonación de la deuda del Gobierno
El Ejecutivo ha remitido ya la norma al Congreso y prevé su aprobación definitiva en el primer trimestre de 2026, con una metodología de condonación diseñada en tres fases y ajustes para garantizar un reparto equilibrado entre territorios.
El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta el anteproyecto de ley orgánica para la condonación parcial de la deuda autonómica, una medida con la que el Estado asumirá 83.252 millones de euros, equivalentes a aproximadamente una cuarta parte del endeudamiento de las comunidades de régimen común. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda tras el pacto entre el PSOE y ERC para incluir la quita de Cataluña en un marco generalizable, se aplicará a todas las regiones que decidan solicitarla. Entre ellas, Castilla-La Mancha, que podría ver condonados 4.927 millones de euros, figura entre las más favorecidas por la reestructuración.
Un alivio financiero que busca corregir desequilibrios
Según detalló la ministra portavoz, Pilar Alegría, tras la reunión del Consejo de Ministros, el objetivo del Ejecutivo es doble: corregir el sobreendeudamiento arrastrado desde la crisis de 2010-2013 y mejorar la capacidad de las comunidades para financiarse en los mercados, un elemento que calificó de “fundamental” para la estabilidad presupuestaria. El Gobierno estima que los territorios podrán ahorrarse hasta 6.700 millones de euros en intereses, recursos que podrán destinarse al refuerzo de servicios públicos como sanidad, educación o dependencia.
Alegría recordó que durante los últimos siete años las comunidades autónomas han recibido más de 300.000 millones adicionales respecto al periodo equivalente del anterior Ejecutivo del PP, subrayando que esta política de financiación extraordinaria se completa ahora con un mecanismo de alivio estructural del endeudamiento regional.
En la distribución por territorios, Andalucía (18.791 millones) y Cataluña (17.104 millones) serán las comunidades más beneficiadas en términos absolutos, acaparando juntas más del 43% del total. Les siguen la Comunidad Valenciana (11.210 millones), Comunidad de Madrid (8.644 millones) y Castilla-La Mancha (4.927 millones). A continuación se sitúan Galicia (4.010 millones), Castilla y León (3.643 millones), Murcia (3.318 millones), Canarias (3.259 millones), Aragón (2.124 millones), Baleares (1.741 millones), Extremadura (1.718 millones), Asturias (1.508 millones), Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones). Euskadi y Navarra quedan al margen por pertenecer al régimen foral, aunque han manifestado su intención de plantear fórmulas equivalentes en sus sistemas de financiación.
Un anteproyecto que inicia ya su recorrido parlamentario
Tras su aprobación en segunda vuelta, el Gobierno ha remitido el anteproyecto al Congreso para iniciar su tramitación. La intención del Ejecutivo es que la norma esté aprobada de forma definitiva durante el primer trimestre de 2026. Aunque Hacienda considera que las comunidades gobernadas por el PP terminarán aceptando la medida si sale adelante, el trámite parlamentario no está completamente asegurado: Junts ha expresado dudas ante la extensión del mecanismo a todos los territorios, una posición que podría complicar la suma de apoyos.
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en febrero, las autonomías socialistas votaron a favor de la propuesta, mientras que las regiones del PP abandonaron la reunión y no participaron en la votación. El Ministerio de Hacienda interpretó esta ausencia como una forma de abstención, apuntando que, a su juicio, este comportamiento anticipa que finalmente los gobiernos autonómicos populares optarán por acogerse al sistema si resulta aprobado.
Una metodología en tres fases para ordenar el reparto
La arquitectura diseñada por el Ministerio de Hacienda se estructura en tres fases sucesivas, concebidas para asegurar un reparto equilibrado entre comunidades.
La primera consiste en comparar la evolución del endeudamiento autonómico entre 2009 y 2013 con la registrada entre 2019 y 2023. Este cálculo establece una condonación media del 19% sobre la deuda viva a cierre de 2023.
La segunda fase incorpora un tramo adicional para las regiones situadas por debajo de la media del 19,3% de deuda condonada, con el propósito de corregir posibles agravios comparativos. “Intentamos corregir ese sentimiento de agravio territorial”, subrayó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La tercera fase introduce dos ajustes finales: en primer lugar, se utiliza como referencia la comunidad con mayor condonación por habitante ajustado, la Comunidad Valenciana, con 2.284 euros. A ese umbral se elevan los territorios cuya financiación homogénea por habitante ajustado haya estado por debajo de la media entre 2010 y 2022. En segundo lugar, se establece un suplemento adicional para las comunidades que ejercieron competencias normativas al alza en el IRPF durante el periodo 2010-2022: un 10% si lo hicieron por encima de la media y un 5% si quedaron por debajo.
Dos vías distintas para la asunción de la deuda
La norma también regula el procedimiento técnico por el que el Estado asumirá la deuda de las comunidades. En los territorios con préstamos pendientes con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el Estado comenzará por cancelar o amortizar los saldos vivos más antiguos, avanzando hasta 2019, ejercicio cuya deuda podrá liquidarse en su totalidad. Si quedara margen, se continuarían amortizando los importes correspondientes a 2024, 2023, 2022, 2021 y 2020, en ese orden.
Para las comunidades sin deuda con el FLA, se requerirá que faciliten al Tesoro la información sobre su cartera de deuda con terceros. Tras analizar las operaciones susceptibles de subrogación, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos podrá autorizar que el Estado asuma la posición deudora, siempre con el consentimiento de los acreedores.
