Agricultura culmina en julio obras de regadío en Castilla-La Mancha por 80 millones
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reivindicado su inversión en modernización de regadíos en Castilla-La Mancha durante el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, celebrado en Ciudad Real. La institución mantiene actuaciones por más de 80 millones de euros en la comunidad autónoma y se ha comprometido a finalizarlas antes del próximo 30 de julio de 2026.
El consejero regional de Agricultura, Julián Martínez Lizán, ha defendido en el mismo foro el papel estratégico del agua para la región, donde el 17% del Producto Interior Bruto autonómico está vinculado al sector agroalimentario, al tiempo que ha exigido una moratoria en la aplicación de la Directiva Marco del Agua. Por su parte, Asaja Ciudad Real ha denunciado el abandono "sistemático" del regadío provincial y la "criminalización injusta" de los agricultores.
La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, detalló el alcance de las inversiones ministeriales durante la clausura del XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, celebrado esta semana en Ciudad Real y que reunió a casi un millar de participantes. De los más de 80 millones de euros comprometidos, 47 millones corresponden a siete actuaciones vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Según precisó, tres de esas actuaciones ya han finalizado y se han entregado a las comunidades de regantes, otras dos están terminadas a falta de recepción formal, y las dos restantes continúan en ejecución. Todas estarán concluidas antes del 30 de julio de 2026.
García también desglosó otras inversiones en curso. En el proyecto de Illana-Leganiel (Guadalajara), el Ministerio destina más de 24 millones de euros: la parte correspondiente al departamento ya ha finalizado, pero la entrega a la comunidad de regantes queda supeditada a que Unión Fenosa complete su parte de la actuación. Además, más de 12 millones de euros están destinados a los regadíos de Mora (Toledo).
Compromiso con las comunidades dañadas por la dana
La secretaria de Estado quiso subrayar el cumplimiento del Ministerio también en la respuesta a los daños causados por la dana en Letur (Albacete) y Mira (Cuenca). En ambos municipios, indicó, ya se ha ejecutado el 98% de los caminos rurales comprometidos, mientras que en las comunidades de regantes el grado de ejecución alcanza el 79%, pendiente únicamente de resolver una cuestión relacionada con un paso en una captación de agua. Todas esas actuaciones quedarán resueltas a lo largo de 2026.
García apeló a la universalidad del derecho a la modernización del regadío: "Todos nuestros regantes, grandes, pequeños o medianos tienen el derecho a tener su modernización hecha precisamente para esa mejor utilización del agua". La responsable ministerial reivindicó también la imagen pública del sector al afirmar que detrás del regadío "hay alimentación, hay seguridad alimentaria y hay personas que fijan la población al territorio".
En el acto fue reconocida la trayectoria de Paco Mulero, presidente de Seiasa —el medio propio del Ministerio para la modernización de regadíos—, y se destacó el papel de Fenacore como estructura de interlocución del sector a escala nacional, con presencia en la Mesa Nacional del Regadío y en el Observatorio del Regadío.
El agua como motor económico, según la Junta
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, también intervino en la clausura del congreso para defender el agua como eje estratégico de la economía regional. Con el 17% del PIB autonómico vinculado al sector agroalimentario, el titular regional insistió en que el agua es "generación de riqueza, de empleo y de vida en nuestros pueblos" y reivindicó la necesidad de garantizar los derechos de uso hídrico en el territorio donde se genera. Castilla-La Mancha, recordó, acoge siete de las nueve confederaciones hidrográficas existentes en España.
Martínez Lizán advirtió de que los actuales procesos de planificación hidrológica "no recogen las necesidades reales" de la comunidad autónoma y, en algunos casos, abocan a zonas de regadío a volver al secano, lo que vinculó directamente con el riesgo de despoblación en el medio rural. En ese contexto, anunció que el Gobierno regional presentará alegaciones en aquellas cuencas donde considere que se perjudican sus intereses y reclamó una moratoria en la aplicación de la Directiva Marco del Agua, alegando condicionantes socioeconómicos y geopolíticos que justificarían esa revisión.
El Alto Guadiana y la base de datos de las confederaciones, en el punto de mira
El consejero puso especial énfasis en la situación del Alto Guadiana, donde defendió la necesidad de dar respuesta a problemas estructurales como el estado de los acuíferos y la situación de los 4.400 pozos de cultivos leñosos. Cuestionó además la base de datos utilizada en la planificación hidrológica, al considerar que se apoya únicamente en la información de las confederaciones sin contraste adicional, y apeló a la unidad del sector para avanzar hacia un modelo de regadíos moderno y sostenible. Garantizar su continuidad, subrayó, es "clave para asegurar el futuro del medio rural en Castilla-La Mancha".
Asaja Ciudad Real denuncia abandono e "insultos" al sector
El congreso fue también escenario de una dura denuncia por parte de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) de Ciudad Real. La organización denunció el abandono "sistemático" del regadío en la provincia, la "falta absoluta" de inversiones hidráulicas y la que calificó de "creciente criminalización" de los agricultores y regantes, "a los que injustamente se está señalando como responsables de un problema que ellos llevan décadas intentando resolver con esfuerzo propio".
Asaja recordó que los regantes de Ciudad Real han cumplido con cuanto se les ha exigido: han cambiado cultivos, renunciado a producciones tradicionales como la remolacha, la alfalfa, el pimiento o el maíz, y han invertido millones de euros de capital propio para modernizar sus explotaciones. "Mientras tanto, la Administración ha permanecido instalada en la inacción más absoluta", denunció la organización.
El resultado, a juicio de Asaja, es una provincia con una "agricultura de subsistencia", un "falso regadío" con algunas de las dotaciones más bajas de España, que no permiten "hablar de viabilidad, sino de resistencia". La organización rechazó con especial dureza el uso de términos como "agricidas", "esquilmadores" o "asesinos del campo" para referirse a los agricultores: "Es una barbaridad injusta, ofensiva y profundamente desconocedora de la realidad agraria de esta provincia".
Asaja Ciudad Real exigió a todas las administraciones competentes el fin inmediato de los "recortes arbitrarios" de dotaciones, un plan hidrológico "serio, realista y ejecutable", inversiones urgentes en infraestructuras hidráulicas y el reconocimiento del regadío como sector estratégico. "Si no se actúa ya, se estará condenando a miles de explotaciones a desaparecer. Y con ellas, se perderá empleo, riqueza, población y futuro para toda la provincia", concluyó la organización.