Once detenidos por explotación laboral a más de 300 personas en fincas agrícolas
La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, presentó este jueves en la Subdelegación del Gobierno en Albacete los resultados de una operación policial “de enorme alcance y trascendencia” que ha permitido desarticular una compleja red criminal dedicada a la explotación de trabajadores migrantes en múltiples provincias españolas. El operativo, desarrollado desde julio de 2024, concluye con once detenidos, dos personas investigadas y 322 ciudadanos extranjeros auxiliados, la mayoría en situación irregular y sometidos a condiciones calificadas por las autoridades como “inhumanas y contrarias a cualquier derecho básico”.
Una investigación de un año que destapa una red internacional
La operación, bautizada como “Franciskan-Everest”, se inició hace más de un año tras detectarse movimientos sospechosos vinculados a la llegada de ciudadanos asiáticos que, tras entrar en el espacio Schengen con visados de turista, desaparecían rápidamente de los circuitos oficiales para integrarse en redes de trabajo irregular. La Guardia Civil y la Policía Nacional comenzaron a coordinarse ante la sospecha de que se trataba de una estructura organizada capaz de canalizar flujos de mano de obra vulnerable hacia explotaciones agrícolas del levante y la zona centro.
Según explicó la delegada del Gobierno, la investigación confirmó que la red operaba desde varios países de origen y tránsito, y utilizaba rutas perfectamente planificadas. Los migrantes —principalmente de Nepal, Bangladesh y Marruecos, aunque también de otras nacionalidades— eran persuadidos para viajar con visados turísticos válidos en el espacio europeo, convencidos de que trabajarían legalmente y con un salario digno. Sin embargo, su destino final era un circuito de explotación que combinaba fraude documental, engaño, captación ilícita y control de personas vulnerables.
Una vez en España, estas personas eran trasladadas a distintas provincias mediante un sistema de ramificaciones internas que se desplegaba desde una cúpula radicada en Barcelona. Allí se coordinaban las órdenes, se gestionaban los alojamientos y se mantenía la contabilidad paralela que registraba de manera clandestina el volumen de actividad y los beneficios.
Villalgordo del Júcar: el núcleo de la explotación
Uno de los epicentros operativos se localizaba en Villalgordo del Júcar (Albacete), donde la organización alojaba a un elevado número de trabajadores en condiciones insalubres y de hacinamiento extremo. Las viviendas intervenidas mostraban colchones tirados en el suelo, escasa ventilación, baños insuficientes para el número de residentes y un nivel de suciedad incompatible con cualquier normativa. Las autoridades describen los espacios como “lugares absolutamente indignos, sin condiciones de salubridad y totalmente contrarios a los derechos humanos”.
Desde esa localidad salían diariamente furgonetas en las que los trabajadores eran trasladados a explotaciones agrícolas de Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia y Zaragoza. Algunos de los vehículos carecían de elementos de seguridad básicos, lo que derivó en varios accidentes. Uno de ellos tuvo un resultado mortal: un ciudadano nepalí falleció durante un desplazamiento entre fincas.
Los mandos de la operación constataron además que los conductores seguían instrucciones para evitar controles policiales, modificaban rutas a diario y, en algunos casos, transportaban a más pasajeros de los permitidos.
Jornadas interminables, comisiones abusivas y meses sin salario
El análisis de la documentación intervenida y los testimonios recabados dibuja un patrón de explotación continuada. Muchos de los trabajadores realizaban jornadas que alcanzaban o superaban las 12 horas diarias, sin descansos reglamentarios y sin equipos de protección adecuados. Por cada desplazamiento, los migrantes debían pagar comisiones, lo mismo que por el alojamiento y la comida.
En numerosas ocasiones, el saldo final era negativo: las víctimas trabajaban durante semanas o meses sin percibir ningún salario real, ya que los responsables de la organización deducían cantidades desproporcionadas que dejaban a los trabajadores sin recursos. En los casos documentados, algunos llegaron a acumular meses de trabajo cuyo único “pago” consistía en alimentos básicos suministrados en las propias fincas.
Las autoridades consideran probado que la organización aprovechaba deliberadamente la situación de vulnerabilidad de los migrantes, la falta de redes familiares y su desconocimiento del idioma para mantenerlos bajo control y evitar que denunciasen su situación.
Nueve registros y abundante material intervenido
En la fase final de la operación se realizaron nueve registros: ocho en Villalgordo del Júcar y uno en La Roda. Allí se incautó abundante documentación vinculada a la actividad criminal, incluidos partes de trabajo, listas de control, talonarios de cheques, material informático y documentación falsa o manipulada. También se intervino dinero en efectivo, teléfonos móviles y una contabilidad paralela, que permitía reconstruir la estructura económica del entramado.
Asimismo, fueron localizados doce vehículos, dos de ellos de alta gama, y se procedió al bloqueo preventivo de varias cuentas bancarias que los responsables utilizaban para mover beneficios obtenidos gracias a la explotación de los trabajadores.
La operación movilizó cerca de 150 efectivos entre Guardia Civil, Policía Nacional e Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las provincias de Albacete y Cuenca.
Dispositivo humanitario y apoyo a las víctimas
La Delegación del Gobierno activó, desde el inicio de la operación, un dispositivo humanitario para proteger a las víctimas, muchas de ellas sin recursos, sin documentación actualizada y sin redes de apoyo. Para ello se contó con la colaboración de Cruz Roja Española, asociaciones de ciudadanos nepalíes, mediadores culturales y la Embajada de Nepal en España.
Las personas auxiliadas recibieron alimentos, ropa de abrigo, alojamiento alternativo y acompañamiento para iniciar procesos de regularización administrativa. Parte de ellas ha sido reubicada en localidades donde disponían de vínculos familiares. El objetivo es, según la delegada, “restablecer la dignidad de las personas afectadas y garantizar que recuperan una vida normalizada”.
Se sigue trabajando en la identificación completa de víctimas y en la toma de declaraciones para esclarecer si existieron otros delitos, incluidos posibles casos de trata de seres humanos.
Prisión provisional para seis detenidos y una investigación aún abierta
Los once detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción de La Roda, que ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para seis de ellos. Aunque la fase principal de la operación está concluida, las autoridades no descartan nuevas detenciones mientras continúan las pesquisas para identificar a otros implicados y posibles ramificaciones.
Milagros Tolón agradeció el trabajo de todos los efectivos implicados y subrayó que “lo presentado hoy es la fotografía de una auténtica red de abuso laboral que hemos conseguido detener”. Reivindicó además la cooperación entre cuerpos policiales, Inspección de Trabajo y sistema judicial. “La defensa de los derechos humanos es una prioridad del Gobierno de España y seguiremos trabajando para que ninguna persona sea explotada en nuestro país”.
