Page avisa de “posible delito ecológico” por el bloqueo del trasvase

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido llevar al Ejecutivo central ante los tribunales por no haber modificado las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, una situación que, según el presidente regional, Emiliano García-Page, podría estar “rozando el delito ecológico”. La medida, aprobada este martes por el Consejo de Gobierno, responde a lo que la Junta considera una “inacción” prolongada del Ministerio para la Transición Ecológica, el incumplimiento de sentencias del Tribunal Supremo y los graves daños ambientales que, a su juicio, ya se están produciendo en el río Tajo y en espacios protegidos.

El Ejecutivo autonómico ha autorizado a sus servicios jurídicos a interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio por no haber adaptado las reglas del trasvase a las exigencias de los planes hidrológicos vigentes (2022-2027), aprobados mediante el Real Decreto 35/2023, ni haber cumplido con el mandato legal de revisar estas normas en el plazo establecido.

Desde Talavera de la Reina (Toledo), donde ha realizado estas declaraciones, García-Page ha subrayado que la Junta ha dado “más de un año de margen” al Gobierno central para aplicar las sentencias del Tribunal Supremo relativas a los caudales ecológicos del Tajo. “Sobre las sentencias y su aplicación no habría que negociar nada”, ha defendido, insistiendo en que se trata de una obligación legal.

El presidente regional ha ido más allá al advertir de que la situación actual podría tener consecuencias jurídicas graves. “Se está rozando y no queremos llegar a ese punto, incluso lo podrían entender muchos servicios jurídicos, el delito ecológico”, ha señalado, vinculando esta posible interpretación al retraso en la actualización de las normas de explotación del trasvase.

Un recurso para forzar la reacción del Estado

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado que la vía judicial busca “darle un empujón al Estado”, ante la falta de avances tras más de dos años desde que el propio Gobierno se marcara el plazo para modificar las reglas del trasvase.

Gómez ha confirmado que la Junta solicitará medidas cautelares una vez que el recurso sea admitido a trámite por el Tribunal Supremo, con el objetivo de frenar los efectos de la situación actual mientras se resuelve el procedimiento.

La consejera ha denunciado un contexto de “continuos incumplimientos”, tanto en la actualización de las reglas como en la aplicación de los caudales ecológicos, lo que ha generado el “hartazgo” del Gobierno regional y ha llevado a adoptar esta decisión.

Además, ha criticado la falta de interlocución institucional con el Ministerio, subrayando que lleva más de un año esperando una reunión con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, mientras que el presidente Page acumula más de seis meses sin ser recibido. “No son formas de negociar ni de entender los problemas de una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha”, ha afirmado.

Incumplimiento legal y deterioro ambiental

El Gobierno regional sostiene que la inacción del Ministerio supone un incumplimiento directo de la Disposición Final Segunda del Real Decreto 35/2023, que obligaba a adaptar las reglas de explotación del trasvase a las nuevas previsiones hidrológicas.

Esta falta de actualización, según la consejera, mantiene vigente un sistema que no garantiza los caudales ecológicos necesarios y que está provocando un deterioro progresivo de los ecosistemas del río Tajo, especialmente en su tramo medio.

“La falta de caudales ecológicos reales está degradando hábitats de interés comunitario en todos los espacios Natura 2000 del tramo medio del Tajo”, ha advertido Gómez, quien ha insistido en que esta situación está generando un “desequilibrio ambiental estructural”.

Entre los efectos más preocupantes, ha enumerado la pérdida de bosques de ribera, la alteración de la dinámica natural del río y el retroceso de hábitats prioritarios, elementos clave para la biodiversidad y el equilibrio ecológico del Tajo.

Espacios protegidos en riesgo

La Junta ha identificado un impacto directo en varios espacios protegidos de la Red Natura 2000 situados entre los embalses de Bolarque y Azután, todos ellos dependientes del caudal y la calidad del agua del río.

Entre estos enclaves figuran Sierra de Altomira, Yesares del Valle del Tajo, Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo, el río Tajo en Castrejón, las islas de Malpica y Azután o las Barrancas de Talavera.

Según el Ejecutivo autonómico, el incumplimiento de los caudales ecológicos está deteriorando hábitats de interés comunitario que ya presentan un estado de conservación desfavorable y muy limitado, agravando su situación y comprometiendo su futuro.

A ello se suma la pérdida de dinámica fluvial, que está transformando los ecosistemas asociados al río: la falta de caudal favorece la invasión de carrizales, la desaparición de saucedas y el retroceso del bosque de ribera, lo que compromete la integridad ecológica del Tajo y su capacidad para mantener sus funciones naturales.

Datos que evidencian un modelo “no sostenible”

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aportado datos concretos que, a su juicio, demuestran que el actual modelo de explotación del trasvase es “no sostenible”.

Durante el último trimestre de 2025, varias masas de agua del tramo medio del Tajo registraron caudales por debajo del mínimo ecológico exigido. En puntos como el tramo entre el Arroyo del Álamo y el Azud del Embocador o el Tajo a su paso por Aranjuez, se registraron caudales de 6,39 y 5,68 metros cúbicos por segundo, respectivamente, frente a los 7,9 m³/s establecidos como mínimo.

Estos datos, según la consejera, evidencian que el sistema actual no garantiza la preservación del estado de las masas de agua ni el cumplimiento de la normativa ambiental.

Un desajuste estructural en el sistema del trasvase

Un informe elaborado por la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha concluye que existe un “desajuste estructural” entre las reglas de explotación del trasvase y las necesidades ambientales del río Tajo.

Este documento señala que el actual régimen es “ambientalmente insostenible y jurídicamente incompatible” con los objetivos de la Red Natura 2000 y la Directiva Marco del Agua, lo que refuerza los argumentos del Gobierno regional para acudir a los tribunales.

En este contexto, Gómez ha defendido que aplicar al menos los caudales fijados por la sentencia del Tribunal Supremo de 2025 es “imprescindible” para detener el deterioro ambiental y recuperar el equilibrio del ecosistema fluvial.

47 años de trasvase y cifras récord en el horizonte

La consejera ha recordado que, en los 47 años de funcionamiento del trasvase Tajo-Segura, se han derivado 15.148 hectómetros cúbicos de agua hacia el Levante, una cifra que ilustra la magnitud de esta infraestructura.

En el actual año hidrológico, las previsiones apuntan a que se podrían superar los 555 hectómetros cúbicos trasvasados, lo que supondría batir todos los récords históricos y situarse muy cerca del máximo legal de 600 hectómetros cúbicos.

Esta cifra representaría, además, un 73 % más de agua trasvasada respecto a la media de los últimos años, lo que, a juicio del Gobierno regional, evidencia la necesidad urgente de revisar el sistema.

Por el contrario, la aplicación de las nuevas reglas permitiría reducir las derivaciones en torno a un 40 % en 2027, pasando de los 320 hectómetros cúbicos medios anuales a unos 193, lo que supondría un ahorro de 127 hectómetros cúbicos destinados a mejorar las reservas del Tajo y proteger los ecosistemas asociados.

A la espera del Tribunal Supremo

El Ejecutivo autonómico también está pendiente de dos sentencias clave del Tribunal Supremo: la del recurso presentado por la Diputación de Alicante, prevista para el 21 de abril, y la del Sindicato Central de Regantes (SCRATS), fijada para el 5 de mayo.

Estas resoluciones podrían influir en el futuro de las reglas de explotación del trasvase, aunque la Junta insiste en que el cumplimiento de las sentencias sobre caudales ecológicos no debería estar sujeto a negociación.

Disposición al acuerdo, pero con condiciones

A pesar del paso dado hacia la vía judicial, tanto García-Page como Gómez han insistido en que la intención no es prolongar el conflicto, sino provocar una reacción del Gobierno central.

El presidente regional ha mostrado su confianza en que “haya solución” y no sea necesario continuar con el proceso judicial, incluso contemplando la posibilidad de retirar el recurso si el Ejecutivo actúa.

“Es una decisión práctica y clara, que además es mejor tomar cuando está lloviendo, cuando hay agua”, ha señalado Page, en referencia a la situación hídrica actual.

No obstante, ha reconocido que es “duro” llegar a este extremo, al tratarse de un Gobierno del mismo partido político, y ha planteado una reflexión sobre la responsabilidad de los dirigentes públicos: “¿Cuántos políticos hay en Castilla-La Mancha y probablemente en otras regiones que estarían dispuestos a poner por delante los intereses de su tierra?”.