Castilla-La Mancha reclamará una financiación justa para la región en el CPFF
La Junta de Castilla-La Mancha llegará al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera con una reivindicación clara: corregir la infrafinanciación que la región arrastra desde hace más de una década y garantizar un nuevo modelo que atienda el coste real de los servicios públicos en territorios con características demográficas, sociales y geográficas singulares. El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, subrayó este mensaje durante su atención a los medios en Campo de Criptana (Ciudad Real), donde insistió en que la comunidad defenderá un sistema justo, sin privilegios territoriales y basado en criterios objetivos.
En vísperas de la reunión convocada por el Ministerio de Hacienda, Caballero avanzó que el Gobierno regional acudirá con una posición firme: “Nos gustaría que se pusiera encima de la mesa una propuesta de financiación que tenga en cuenta la infrafinanciación que ha sufrido Castilla-La Mancha durante décadas y el coste de la prestación de los servicios”. Sus palabras marcaron el tono de una reivindicación que considera urgente y necesaria para garantizar el equilibrio territorial y la suficiencia financiera autonómica.
Caballero recordó que la comunidad ha recibido durante más de diez años menos recursos de los que le corresponderían, en línea con su población ajustada y la dispersión territorial que encarece la prestación de servicios esenciales. “Se debe tener en cuenta a las comunidades autónomas que hemos estado infrafinanciadas durante los últimos años”, señaló. Añadió que esta situación ha afectado a la región con independencia del partido que gobernara en España, “y se nos tiene que compensar de alguna manera”.
Esa falta de ingresos, explicó, ha obligado a Castilla-La Mancha a endeudarse más de lo razonable, y lo ha hecho “no por nuestra culpa ni por nuestra responsabilidad, sino porque teníamos menos ingresos del Estado de los que nos correspondían”. Por ello, defendió que cualquier cálculo del nuevo sistema debe partir del reconocimiento expreso de la infrafinanciación y de un ajuste que permita revertirla progresivamente.
Rechazo a las financiaciones singulares
Caballero fue también contundente sobre el modelo que, a su juicio, no debe implementarse: “No puede haber financiación singular, ni para Cataluña ni para ninguna comunidad autónoma de España”. Todas las regiones, sostuvo, son singulares a su manera, pero el sistema debe basarse en criterios objetivos: población ajustada, dispersión, envejecimiento y coste efectivo de los servicios.
“Tiene que haber una financiación que tenga en cuenta criterios objetivos de coste de los servicios y de la población ajustada en cada comunidad autónoma”, reiteró. Esa será la postura que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El nuevo Estatuto, una herramienta para reforzar derechos y bienestar
En su intervención, Caballero destacó además el avance del nuevo Estatuto de Autonomía, una noticia que consideró “muy positiva para la región”. Subrayó que el presidente Emiliano García-Page ha defendido desde el principio la necesidad de actualizar el Estatuto con consenso entre PSOE y PP, un objetivo que finalmente ha sido alcanzado pese a algunos escollos en las negociaciones.
El texto aprobado, explicó, refleja “los deseos, los intereses y las ilusiones de los más de dos millones de habitantes de Castilla-La Mancha”, incorporando además las nuevas realidades sociales y demográficas del territorio.
Ahora, el propósito del Gobierno regional es que el documento no se desvirtúe en su tramitación en el Congreso: “Se trata de que no se cambie su filosofía ni su esencia y que muy pronto podamos contar con un Estatuto que haga esta región más fuerte, con mayor bienestar y con más derechos para su gente”. Caballero sostuvo que esta reforma permitirá disponer de más instrumentos para desarrollar políticas públicas adaptadas a las necesidades del territorio.
Finalmente, afirmó que el Gobierno de Castilla-La Mancha, bajo el liderazgo de García-Page, “está bien enfocado para obtener el mayor beneficio para la ciudadanía”, y que el nuevo Estatuto supondrá un impulso decisivo para mejorar el bienestar y el desarrollo regional.
