IU y Podemos ofrecen al PSOE un acuerdo para reformar el Estatuto de Castilla-La Mancha

Izquierda Unida (IU) y Podemos Castilla-La Mancha presentaron este miércoles, 20 de mayo, en Toledo una propuesta conjunta de enmiendas parciales al borrador del nuevo Estatuto de Autonomía de la región, que ofrecen públicamente al PSOE regional para intentar sortear el bloqueo al que está sometida la reforma estatutaria y lograr su aprobación en el Congreso de los Diputados al margen del Partido Popular (PP).

Ambas formaciones instan al Partido Socialista Castellano-Manchego (PSCM) a "reafirmarse en que el PP está contra la democracia" y a aceptar la propuesta de enmienda conjunta para, según sus palabras, "revertir el golpe electoral de Cospedal de 2014". En su exposición de motivos, los dos partidos consideran que Castilla-La Mancha "se encuentra ante una oportunidad histórica para actualizar su marco estatutario y adaptarlo a las necesidades sociales, económicas y democráticas del siglo XXI", y señalan que, tras meses de bloqueo, "resulta imprescindible avanzar hacia un nuevo consenso que sitúe en el centro los derechos de la ciudadanía, el fortalecimiento de los servicios públicos y la profundización democrática".

El acuerdo, adelantado por Europa Press antes de su presentación oficial, articula cuatro enmiendas concretas al texto negociado hasta ahora entre PP y PSOE.

Vivienda: inversión mínima del 2% del presupuesto autonómico

La primera enmienda propone incorporar al Estatuto el reconocimiento expreso del derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible. El texto plantea que los poderes públicos de Castilla-La Mancha promuevan "políticas públicas destinadas a evitar la especulación inmobiliaria, asegurar el acceso asequible al alquiler y favorecer el desarrollo de un parque público de vivienda", con una inversión obligatoria en cada ejercicio presupuestario de al menos el 2% del presupuesto autonómico.

La propuesta incluye asimismo la obligación de facilitar "alternativas habitacionales de forma inmediata para las familias desahuciadas que se encuentren en una situación sobrevenida de ingresos" y de articular alquileres sociales a través de parques públicos de vivienda, con capacidad de adaptación tanto a dinámicas de crecimiento como de pérdida de población, en un contexto de despoblación que afecta de forma especial a amplias zonas de la región.

El aborto, blindado en centros sanitarios públicos

La tercera enmienda —segunda en el orden temático por su alcance político— propone que el nuevo Estatuto establezca, en el marco de los derechos fundamentales, "la obligación por parte de las instituciones de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo". El texto exige que dicho derecho sea "libre, seguro, informado, pleno y universal en los centros sanitarios públicos de Castilla-La Mancha".

IU y Podemos justifican esta enmienda en "la realidad a la que se ven sometidas las mujeres que tienen que abortar en Castilla-La Mancha, desplazándose cientos de kilómetros a otras regiones o siendo acosadas en centros privados por grupos antiabortistas". Para ambas formaciones, "Castilla-La Mancha debe ser la primera en España en incorporar este derecho en su Estatuto antes de que se logre hacerlo realidad en la Constitución".

Derechos LGTBIQA+: autodeterminación e igualdad de trato

La segunda enmienda busca reconocer en el texto estatutario los derechos del colectivo LGTBIQA+, cuya exclusión del borrador acordado por PP y PSOE había sido denunciada previamente por ambos partidos. La propuesta reconoce el derecho a la dignidad, libertad y autonomía de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales, queer y asexuales, "incluida la autonomía corporal, que incluye el derecho de cada persona a la autodeterminación en relación con su cuerpo, sexo, género, prácticas u orientación sexual".

Asimismo, el texto propuesto obliga a la Junta de Comunidades a impulsar "las políticas públicas y medidas necesarias para la protección efectiva, la promoción y la garantía de los derechos del colectivo LGTBIQA+ y sus familias", y prohíbe expresamente que ninguna persona pueda ser "presionada para ocultar, modificar o negar su orientación sexual, prácticas sexuales, expresión o identidad de género".

Un mínimo de 55 escaños para las Cortes regionales

La cuarta y última enmienda aborda la reforma del sistema de representación política. IU y Podemos proponen que el número de escaños en las Cortes de Castilla-La Mancha se fije en una horquilla de entre 55 y 75 diputados, con entrada en vigor para las próximas elecciones autonómicas de 2027. Actualmente, el parlamento regional cuenta con 33 escaños, una de las cámaras autonómicas con menor número de representantes de toda España.

Los dos partidos enmarcan esta propuesta en la necesidad de "tener al menos la representatividad electoral que otras comunidades autónomas", e incorporan en su justificación la propuesta elaborada en este sentido por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Según sus términos, el objetivo es "dejar de ser el peor parlamento de toda Europa". La propuesta incluye además la supresión de la Disposición Transitoria Segunda del texto estatutario vigente.

"Es el momento de cambiar la historia"

En el comunicado conjunto, Podemos e IU trasladan al PSOE un "mensaje de esperanza" y le llaman a abrir un acuerdo que permita la aprobación del Estatuto "con la mayoría democrática del Congreso". "Tras dos intentos fracasados con el PP y un recorte brutal a nuestra democracia empleado por Cospedal, llega la oportunidad de tener un Estatuto verdaderamente del siglo XXI, que nos permita tener democracia y representatividad electorales y avances en derechos en nuestra región", concluyen.

Ambas formaciones presentan su propuesta como "una alternativa constructiva que permita desbloquear la situación actual", nacida de "fuerzas políticas radicadas en Castilla-La Mancha y pensadas para el bienestar de la ciudadanía" a la que, aseguran, representan "en más de un centenar de municipios" de la región. Los cinco principios rectores que guían el documento son la centralidad de los derechos sociales, la garantía de derechos fundamentales con atención a la diversidad, el fortalecimiento de los servicios públicos, el equilibrio territorial y la lucha contra la despoblación, y la regeneración democrática.