Las Cortes de Castilla-La Mancha reclaman una financiación autonómica igualitaria

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha celebró este jueves 2 de julio una sesión marcada por la fragmentación política en torno a cuatro grandes ejes: la reforma del modelo de financiación autonómica, la gestión de la población del lobo, el proyecto de línea de alta velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén y el balance del curso escolar. En todos los debates, el Gobierno regional y el Grupo Parlamentario Socialista —mayoría en la cámara con 17 escaños— chocaron con la oposición de PP y Vox, aunque con matices distintos según el asunto. La sesión, presidida por Pablo Bellido, arrancó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos de Venezuela, que en la última semana han causado alrededor de 2.300 muertos, 27 de ellos de nacionalidad española.

El debate sobre financiación, sin posición unánime

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, compareció a petición propia para informar a la cámara sobre la posición del Ejecutivo regional en las negociaciones del nuevo modelo de financiación autonómica, y en particular sobre su reunión del 22 de junio con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

Ruiz Molina expuso ante los grupos parlamentarios los fundamentos que Castilla-La Mancha defiende desde hace más de diez años: un sistema basado en la igualdad, la suficiencia financiera y la multilateralidad, que garantice a todos los ciudadanos el mismo nivel de servicios públicos con independencia de la comunidad autónoma en que residan y de su capacidad tributaria. El consejero rechazó de forma expresa el llamado principio de ordinalidad —incluido en la propuesta del Gobierno central— por considerar que supone que "quien más tiene, debe recibir más", un criterio que a su juicio "rompe la equidad" del sistema. "No queremos más que nadie, pero no vamos a admitir menos de lo que nos corresponde", zanjó.

El titular de Hacienda también rechazó la propuesta de incorporar el Fondo de Compensación Interterritorial como mecanismo compensador para las comunidades que saldrían perdedoras con el nuevo modelo, al entender que ese fondo debe destinarse a "reducir las diferencias de renta y riqueza entre territorios, y no a financiar servicios públicos fundamentales". Valoró, sin embargo, de forma positiva la propuesta de condonación de deuda, que en el caso de Castilla-La Mancha supondría la cancelación del 30,5% de la deuda vinculada al Fondo de Liquidez Autonómica y un ahorro estimado de 760 millones de euros en intereses durante los próximos años. Por ello, instó a los diputados del PP de Castilla-La Mancha en el Congreso a votar a favor de esa medida.

El intento de Ruiz Molina de construir una posición unánime de la cámara —"es un asunto de región, no de partido", reiteró— tropezó con la negativa de los dos grupos de la oposición. El consejero admitió desconocer cuál es la posición del PP de Castilla-La Mancha en materia de financiación, pese a haberse reunido con los ejecutivos de todas las demás comunidades gobernadas por los populares. "Estoy dispuesto a reunirme con ustedes porque lo único que pueden hacer es enriquecer la posición del Gobierno regional", les dijo desde la tribuna.

Santiago Serrano, diputado del PP, acusó al consejero de haber acudido a la reunión con el secretario de Estado para "recoger el sobre de instrucciones de Pedro Sánchez" y blanquear "un proceso que empezó totalmente condicionado por los intereses de Esquerra Republicana de Cataluña". El diputado popular se mostró dispuesto a acompañar al consejero a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero rechazó cualquier encuentro bilateral con el Gobierno de España. Ruiz Molina no dejó pasar la referencia a los sobres y replicó que "los únicos que saben de sobres es precisamente el Partido Popular, que se los repartió en plena crisis financiera".

Por su parte, el diputado de Vox Francisco José Cobo rechazó que la financiación autonómica se convierta en "la excusa permanente para tapar la mala gestión, el gasto descontrolado y la incapacidad para administrar con rigor los recursos", y mostró su oposición al modelo que el Gobierno central negocia bilateralmente con Cataluña, al considerar que "atenta contra el interés general de todos los españoles". La parlamentaria socialista Silvia Fernández defendió la lealtad institucional del Gobierno de Emiliano García-Page y reprochó al PP haber dejado caer el Estatuto de Autonomía, que recogía la exigencia de una negociación multilateral.

El debate se cerró con la votación de tres resoluciones, una por grupo. La resolución del PSOE fue la única que salió adelante, con 17 votos a favor y 16 en contra (PP y Vox), instando al Gobierno regional a negociar un nuevo modelo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con todas las comunidades de régimen común, rechazando cualquier acuerdo bilateral e incorporando los criterios de igualdad, suficiencia financiera y multilateralidad. El texto aprobado pide además un mecanismo transitorio de compensación mientras siga vigente el actual modelo y la condonación de la deuda. Las resoluciones de Vox —que pedía "romper las fronteras artificiales generadas por el Estado de las autonomías"— y del PP —que instaba al presidente de la Junta a "abandonar la contradicción de criticar públicamente los efectos de los acuerdos del Gobierno de España mientras sostiene políticamente el marco que los hace posibles"— fueron rechazadas.

El lobo: cuatro manadas en Guadalajara y debate sobre cómo gestionarlas

El segundo debate general abordó la situación del lobo en Castilla-La Mancha, una especie cuya presencia en la región es, según la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, "minoritaria" y circunscrita exclusivamente al suroeste de la provincia de Guadalajara. La Junta tiene identificadas cuatro manadas, dos de ellas compartidas con Madrid y Castilla y León a través de Segovia, con una estimación conjunta de entre seis manadas en todo el territorio que actúa sobre la región. "En el resto de la región no existe", aclaró la consejera.

El diputado de Vox David Moreno pintó un panorama más alarmante. Alertó de que el lobo es "una especie en expansión", con una población estimada de entre 3.000 y 3.500 ejemplares en toda España, con presencia "consolidada" en la Sierra Norte de Guadalajara y ya extendida al norte de Toledo y al Valle del Tiétar. "Hace unos doce años ya están asentadas varias manadas que cada año hacen aumentar los ataques y el número de reses muertas", denunció. Vox reclamó un Plan Nacional del Lobo que permita el control poblacional y cinegético de la especie, y acusó al PSOE de convertir "al ganadero en sospechoso y al lobo en intocable".

La diputada del PP Lola Merino subrayó que el lobo se encuentra en "un claro proceso de expansión territorial y de crecimiento poblacional" y pidió que, además de las indemnizaciones ya existentes, se establezca una ayuda específica para los ganaderos de vacuno y ovino de la Sierra Norte de Guadalajara. "Ellos no duermen tranquilos, duermen con miedo, con incertidumbre, con ansiedad", afirmó, descartando que la posición del PP sea la de eliminar a los lobos. El diputado socialista Francisco José Barato rebatió que la oposición "solo sabe estar instalada en el ruido" y defendió las medidas adoptadas por la Junta: seguimiento permanente de la población, ayudas para vallados y mastines, e indemnizaciones cuando se producen daños.

La consejera Gómez envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía —"no es posible en estos momentos que el lobo vaya a atacar a ninguna persona"— y defendió que existen planes específicos de control y ayuda para los ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara. El debate concluyó con la aprobación de la resolución socialista, con 17 votos a favor y 16 en contra, que insta al Gobierno autonómico a seguir protegiendo al lobo como especie en peligro de extinción y a mantener las medidas compensatorias para la ganadería afectada por sus ataques.

El tren de Alcázar: dimisión de Puente y clamor institucional

El tercer debate general giró en torno al proyecto de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén, reivindicación histórica del centro de Castilla-La Mancha que ha cobrado nueva urgencia tras las informaciones sobre el posible bypass de Montoro defendido por el ministro de Transportes, Óscar Puente.

La portavoz del PP en las Cortes y secretaria general del partido, Carolina Agudo, fue la voz más contundente de la sesión: exigió "la dimisión inmediata del ministro Puente" por "robar" el tren a Alcázar de San Juan e "incumplir los compromisos con Castilla-La Mancha de un plumazo". Los populares dijeron sí a la línea de alta velocidad "sin rebajas, sin atajos y sin trampas", sí al impulso del tramo Mora-Alcázar de San Juan, pero no al bypass de Montoro ni a actuaciones que "empeoren los servicios existentes en Valdepeñas y Manzanares".

El diputado de Vox Luis Blázquez apostó por "una planificación nacional" de infraestructuras basada en criterios técnicos y en la igualdad entre españoles. "España no puede construirse diciendo que para que gane Jaén tenga que perder Alcázar de San Juan", advirtió, y defendió el tramo Mora-Alcázar "no como una reivindicación local, sino porque responde a una visión nacional de infraestructuras".

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, rechazó el "ruido" y el "oportunismo político" del PP y reiteró que el compromiso de los socialistas "con la defensa del ferrocarril del centro de La Mancha es total". "Alcázar de San Juan no está pidiendo ningún privilegio, está reclamando aquello que lleva siglo y medio construyendo: ser uno de los grandes nudos ferroviarios de este país", reivindicó.

La resolución socialista —que reivindica el impulso y mantenimiento del proyecto LAV, rechaza el bypass de Montoro, apoya el tramo Mora-Alcázar y pide estudios de conectividad entre Alcázar y Toledo— fue aprobada con 17 votos a favor, 12 abstenciones del PP y 4 votos en contra de Vox.

La Plataforma del Ferrocarril de Castilla-La Mancha (PFCM) valoró "muy positivamente" el acuerdo alcanzado en las Cortes. Su portavoz, José Damián García-Moreno, invitó al Ministerio de Transportes a "tomar nota" y escuchar el "clamor mayoritario" de las instituciones, y reiteró la petición de que el ministro Puente reciba a la PFCM "y se siente a dialogar sobre el tramo Mora-Alcázar". "Los compromisos están para cumplirse y el de la línea Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén se firmó hace más de veinticinco años y ya le va tocando", subrayó García-Moreno, quien recordó que ya son veinte las instituciones —de ámbito autonómico, provincial y local— que respaldan formalmente este tramo.

Pastor defiende el curso ante las críticas de PP y Vox por los barracones

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, compareció en el pleno a petición del Grupo Popular para rendir cuentas de la finalización del curso escolar 2025/2026. Ante las críticas de PP y Vox por el uso de aulas prefabricadas en varios centros, Pastor no negó su existencia, pero las justificó como consecuencia directa de la bajada de ratios aplicada por el Ejecutivo regional. "Con estas ratios tan bajitas en algunas ocasiones necesitamos aulas prefabricadas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se planifique una infraestructura definitiva", reconoció.

En su balance, el consejero destacó que el curso ha cerrado con la mayor plantilla docente que ha tenido la región, con bajadas en las ratios y en las horas lectivas del profesorado, simplificación de procedimientos y 122.499 alumnos acogidos al banco de libros. Subrayó también que más de 35.000 usuarios de comedores escolares se han beneficiado del servicio, de los cuales el 65% contaron con beca.

El diputado de Vox Luis Blázquez criticó el balance "triunfalista" del consejero al tiempo que denunciaba que "los profesores se sienten abandonados" y que en la región hay una tasa de abandono escolar temprano "situándose por encima de la media nacional". La diputada del PP María Gil apuntó que los centros siguen con "múltiples carencias" —falta de orientadores, enfermeros, fisioterapeutas y auxiliares— y preguntó qué ocurre con los niños de entre 0 y 2 años excluidos de la estrategia de inclusión educativa.

En su turno de réplica, Pastor defendió las 146 escuelas infantiles creadas durante la legislatura y confirmó que la gratuidad ha estado siempre establecida en el nivel de 2 a 3 años. Al PP, que anunció un plan para eliminar las aulas prefabricadas si llega al poder, le espetó: "Ya me conozco yo su plan porque ya lo hicieron en 2012. Si suben las ratios y cierran escuelas, les sobran aulas".

Preguntas orales: baremos de irregulares, hospital de Toledo y heladas en Casas de Haro

El bloque de control al Gobierno se cerró con una ronda de preguntas orales respondidas también por el consejero Amador Pastor. El diputado de Vox formuló una pregunta sobre "los beneficios de quienes han entrado de forma ilegal en la región", mientras que el Grupo Popular presentó dos cuestiones: la situación asistencial del Hospital Universitario de Toledo y las medidas de apoyo extraordinario a los agricultores de Casas de Haro (Cuenca) y su comarca, afectados por la helada del 30 de marzo y la intensa granizada del 26 de abril.

Antes de pasar a las votaciones, la cámara guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en los terremotos de Venezuela, a los que el presidente García-Page y los tres grupos parlamentarios expresaron su solidaridad. La catástrofe, ocurrida la semana pasada, ha causado hasta el momento unas 2.300 víctimas mortales, entre ellas 27 ciudadanos españoles.