Las Cortes aprueban dos resoluciones sobre financiación local y menores migrantes
El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, presidido por Pablo Bellido, cerró su sesión ordinaria de este jueves con un marcado clima de debate político. Durante la jornada se abordaron cuatro grandes bloques que abarcaron desde la gestión económica interna del Parlamento hasta cuestiones de alcance social y económico que afectan al conjunto de la región.
El pleno comenzó con la liquidación del presupuesto de 2024, continuó con el rechazo a una comisión parlamentaria sobre el sector vitivinícola, y se prolongó con dos debates generales —sobre haciendas locales y menores extranjeros no acompañados— que concluyeron con la aprobación de dos resoluciones socialistas.
Un superávit cercano al millón de euros
La sesión se abrió con la lectura del informe de liquidación del presupuesto de 2024, que reflejó una situación financiera saneada de la institución.
Según detalló la secretaria primera de la Mesa, Charo García Saco, las Cortes de Castilla-La Mancha cerraron el ejercicio con un superávit de 956.936,11 euros, tras aplicar los ajustes contables previstos por la normativa.
Antes de esos ajustes, el resultado presupuestario arrojaba un saldo positivo de 543.143,24 euros, al ser los ingresos liquidados superiores a las obligaciones reconocidas. Además, el remanente de tesorería se elevó a 5.343.744,24 euros, de los cuales 4,6 millones deberán destinarse a financiar la incorporación de remanentes de crédito.
El informe fue presentado sin votación y marca, según fuentes parlamentarias, una continuidad en la línea de estabilidad presupuestaria de la Cámara regional.
El diálogo con el sector del vino ya está garantizado
Uno de los momentos destacados del pleno fue el debate sobre la propuesta del Partido Popular para crear una Comisión no Permanente de Estudio sobre el sector vitivinícola, con el objetivo de analizar los retos y oportunidades del principal motor agroalimentario de la región.
La iniciativa fue rechazada por el Grupo Socialista, que cuenta con mayoría absoluta, pese al apoyo de Vox, que también votó a favor aunque con matices críticos.
El diputado popular Santiago Lucas-Torres defendió la necesidad de abrir un espacio parlamentario estable para escuchar a viticultores, cooperativas, bodegas y exportadores, argumentando que el sector “respira con dificultad” y “atraviesa una situación muy complicada”.
Señaló que Castilla-La Mancha, pese a ser el mayor viñedo del mundo, “corre el riesgo de convertirse solo en un proveedor de graneles baratos sin futuro”.
El PP acusó al Gobierno regional de haber fallado “en Bruselas y en Madrid” y reclamó políticas que impulsen la internacionalización del vino y un mayor valor añadido de las exportaciones, además de facilitar el acceso al agua y el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Desde el PSOE, el diputado Antonio Sánchez Requena replicó que la creación de una nueva comisión “no es necesaria”, ya que existen mecanismos de interlocución con el sector, como el Consejo Asesor Agrario, donde se analizan y coordinan las políticas vitivinícolas.
Requena defendió que la región concentra el 29% de las exportaciones españolas de vino, y que el Gobierno autonómico “ha apostado por la calidad y el embotellado” como claves para mantener el liderazgo.
El diputado de Vox, Luis Juan Blázquez, expresó un apoyo crítico a la propuesta del PP, reconociendo que “puede parecer buena idea”, pero advirtiendo que “los agricultores no necesitan más comisiones, sino soluciones reales”. “Cada hora que se dedique a debatir informes es una hora menos para tomar medidas urgentes que garanticen precios justos”, concluyó.
El PP denuncia “infrafinanciación” y la Junta lo niega
El debate más extenso de la sesión giró en torno al impacto de las políticas públicas del Gobierno regional en las haciendas locales, con posiciones muy enfrentadas entre los tres grupos parlamentarios.
El diputado popular Santiago Serrano acusó al Ejecutivo de “infrafinanciar” a los ayuntamientos y de “declarar una guerra abierta contra todos los municipios”, especialmente tras el cambio político en numerosos gobiernos locales.
Aseguró que la Junta “reduce los recursos que transfiere a los municipios mientras aumenta su gasto propio” y criticó el retraso en la convocatoria de ayudas del Plan Corresponsables, que —según dijo— obligará a los ayuntamientos a asumir con fondos propios parte del servicio.
También denunció el recorte en los fondos de Ayuda a Domicilio y el “impacto negativo” del canon del agua.
Frente a ello, la diputada socialista Silvia Fernández defendió que el Gobierno autonómico “ayuda a las corporaciones locales gobierne quien gobierne” y acusó al PP de “manipular datos” para generar alarma.
Fernández explicó que la Junta está sustituyendo los fondos europeos perdidos por algunos municipios, especialmente los procedentes de programas como los Fondos EDIL, y criticó que “algunos ayuntamientos gobernados por PP y Vox han perdido subvenciones autonómicas por no solicitarlas correctamente”.
Vox, representado por Francisco José Cobo, aprovechó el debate para cargar contra el modelo autonómico, al que responsabilizó de la desigualdad entre territorios y del “endeudamiento crónico” de los municipios.
“El sistema genera disparidad y dependencia financiera, mientras la Junta incrementa su estructura política”, afirmó.
El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, cerró el debate destacando que el Gobierno regional ha canalizado 2.600 millones de euros hacia los ayuntamientos a través de 12.617 convenios, por valor de 1.440 millones, triplicando las aportaciones de la etapa de Cospedal.
Ruiz Molina defendió que “una parte esencial de esa financiación tiene su origen en la estrategia regional contra la despoblación” y acusó al PP de practicar “una política fiscal basada en el engaño”.
Finalmente, se aprobó la resolución del PSOE, que insta a mantener la autonomía local, fortalecer la financiación municipal y reclamar al Gobierno central una reforma del sistema de financiación local.
Las propuestas del PP y de Vox fueron rechazadas.
Llamamiento a la solidaridad frente a los discursos del miedo
El cuarto debate del pleno giró en torno a la política general sobre menores extranjeros no acompañados (MENAS), un asunto que volvió a dividir profundamente a los grupos parlamentarios y que protagonizó algunos de los momentos más tensos de la jornada.
El Grupo Socialista defendió la inmigración como un fenómeno necesario y positivo para el desarrollo económico, social y demográfico de Castilla-La Mancha, mientras que PP y Vox centraron sus críticas en la falta de transparencia y financiación de la tutela de estos menores, así como en la política estatal de reparto entre comunidades autónomas.
El portavoz socialista de Bienestar Social, Pablo Camacho, abrió el debate subrayando que la inmigración es “un pilar fundamental del Estado del Bienestar”, y citó datos como los 2,8 millones de personas migrantes afiliadas a la Seguridad Social.
Defendió que los inmigrantes son “motor económico y social” en sectores como la agricultura y los cuidados, y recordó ejemplos concretos, como el apoyo de Asaja Albacete o la moción aprobada en Villamalea sobre los beneficios de la inmigración.
Camacho acusó a la extrema derecha de “mentir y fomentar el odio”, afirmando que “la inmigración no destruye España; lo que la destruye es el odio y las mentiras de falsos patriotas como ustedes”.
El presidente de Vox, David Moreno, replicó con dureza acusando al Gobierno regional de “ocultar el gasto destinado a inmigración” y de “permitir la islamización de barrios enteros”.
Cuestionó la asunción de 320 nuevos menores migrantes tutelados por la Junta, asegurando que supondrá “un coste inasumible para las arcas públicas”, y reclamó “pruebas de edad y transparencia en las ayudas”.
Moreno también atacó la repatriación de los españoles de la Flotilla Sumud en Israel, calificándolos de “panda de activistas”, y sostuvo que su grupo “volverá a traer este tema tantas veces como sea necesario”.
Desde el Partido Popular, José Antonio Martín-Buro pidió abandonar la “demagogia y la política cortoplacista” y reclamó una “gestión responsable y planificada” de la inmigración.
Recordó que los menores migrantes “son niños y adolescentes que merecen amparo, no propaganda”, y criticó que el reparto de tutelas entre comunidades autónomas sea “arbitrario y con fines políticos”.
Propuso que el Estado asuma la atención y financiación directa de los menores, que se refuerce la formación y acompañamiento a jóvenes ex tutelados y que se avance hacia un sistema de reparto basado en la cooperación y la corresponsabilidad.
Camacho replicó que el PP “ha copiado el discurso de la extrema derecha”, recordó que las tasas de criminalidad entre extranjeros son inferiores a la media nacional y aludió a las condenas de varios exdirigentes de Vox como muestra de su “doble moral”.
“Si generalizáramos como hacen ustedes, también podríamos llamar delincuentes a todos los suyos”, ironizó.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, intervino para cerrar el debate y defender la gestión del Ejecutivo autonómico, denunciando que Vox utiliza la inmigración “como una herramienta para sembrar odio y miedo”.
Recordó que su departamento ha respondido a 237 iniciativas parlamentarias sobre esta materia, insistiendo en que “cada vez estamos más distantes de quienes usan el miedo como arma política, y eso me hace sentirme tremendamente orgullosa”.
García Torijano también reprochó al presidente de Vox “hablar de las mujeres como si fuésemos suyas y no personas independientes”, y advirtió que “el verdadero peligro sería que partidos como el suyo llegasen a gobernar”.
Defendió que Castilla-La Mancha actúa “desde la humanidad, la responsabilidad y la cooperación” y que el Gobierno regional “seguirá garantizando una atención digna y segura a los menores y adolescentes que residen en la región, sin importar su origen”.
El pleno concluyó con la aprobación de la resolución socialista, que insta a actuar de forma solidaria y responsable ante la llegada de personas migrantes, a solicitar al Gobierno de España una financiación suficiente y justa para su atención, a fomentar la igualdad de oportunidades, reforzar la cooperación internacional y combatir los discursos racistas y de odio.
Las resoluciones alternativas de Vox y Partido Popular fueron rechazadas por mayoría.
Control al Gobierno
La sesión finalizó con la ronda de control al Ejecutivo autonómico, donde la oposición formuló tres preguntas orales: Vox sobre incendios forestales, y el PP sobre la Escuela Inclusiva y el Festival “La Celestina” de La Puebla de Montalbán.
Respondieron la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.
