Castilla-La Mancha destina 204 millones y 4.000 profesionales a educación inclusiva

Las Cortes de Castilla-La Mancha celebraron este jueves, 18 de junio de 2026, en el Convento de San Gil de Toledo su sesión plenaria del sexto período de sesiones, con un orden del día de cinco puntos que abarcó desde la liquidación del presupuesto de la Cámara hasta el control al Gobierno a través de preguntas orales. El debate más extenso y polémico fue el tercero, sobre la dotación de auxiliares técnicos educativos en los centros escolares de la región, que enfrentó a los tres grupos parlamentarios en torno al modelo de educación inclusiva y al volumen de recursos humanos y económicos destinados al alumnado con necesidades especiales.

La jornada arrancó con un trámite de carácter administrativo: la lectura del informe de liquidación del presupuesto de las Cortes para el ejercicio 2025, presentado por la secretaria de la Mesa, Charo García Saco. El documento, aprobado por la propia Mesa el pasado 9 de junio, reflejó una gestión saneada de la Cámara regional: un superávit ajustado de 1,13 millones de euros y un remanente de tesorería de 5,9 millones. Los créditos presupuestarios definitivos se situaron en 19 millones de euros, con unas obligaciones reconocidas netas de 13,8 millones y un grado de ejecución del gasto del 72,47 por ciento. Del remanente total, 5,2 millones quedarán vinculados a la incorporación de remanentes de crédito para el ejercicio 2026, mientras que los 709.236 euros restantes podrán destinarse a financiar gastos generales.

Las listas de espera, primer frente político

El primer choque parlamentario de la mañana llegó con el segundo punto del orden del día: la moción del Grupo Parlamentario Popular sobre las demoras asistenciales en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), consecuencia de la interpelación planteada por el diputado Juan Antonio Moreno Moya en el pleno del pasado 28 de mayo. La iniciativa, que pedía un plan específico dotado con al menos 25 millones de euros para reducir las listas de espera, la creación de una Ley de Garantías de Atención Sanitaria Especializada y el refuerzo de la Atención Primaria, fue rechazada con los 17 votos en contra del PSOE frente a los 15 a favor de PP y Vox.

Moreno Moya, coordinador general del PP regional, cargó con dureza contra el presidente regional. "Han pasado 20 días desde ese pleno, 20 días en los que lejos de atisbarse una solución, el Gobierno de Emiliano García-Page ha pisoteado definitivamente la esperanza de decenas de miles de castellanomanchegos", afirmó, y acusó al Ejecutivo socialista de haber "renunciado" a la Ley de Tiempos Máximos de Atención Sanitaria prometida desde 2015. "García-Page es un fraude político en materia sanitaria", sentenció.

El diputado socialista Ángel Tomás Godoy rechazó esa lectura y precisó que la Consejería de Sanidad no ha abandonado la futura ley, sino que trabaja para que "esté en consonancia con la que se está desarrollando en otras comunidades autónomas". Godoy defendió el crecimiento de la plantilla sanitaria pública —"hemos pasado de 26.000 profesionales a 39.000"— y avanzó que el próximo 22 de junio los trabajadores podrán solicitar la carrera profesional que, según denunció, eliminó el PP durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal.

Desde Vox, el diputado Iván Sánchez se alineó con el diagnóstico del PP. "Sus listas son más falsas que las declaraciones de Zapatero", afirmó, y describió una sanidad regional "al borde del colapso", con pacientes "hacinados en los pasillos". Para la formación de Santiago Abascal, la raíz del problema es estructural: "Esta configuración del sistema sanitario, dividido en 18 sistemas de salud, lo único que provoca es desigualdad entre los españoles".

La educación inclusiva, el debate central

El tercer punto concentró la mayor intensidad del pleno y acumuló dos iniciativas: una propuesta no de ley del Grupo Parlamentario Vox y un debate general del Grupo Parlamentario Socialista sobre la dotación de auxiliares técnicos educativos (ATE) en los centros escolares de la región. El detonante del debate llevaba meses sobre la mesa: la reducción de horas de auxiliar educativo detectada en el colegio Virgen del Carmen de Toledo al inicio del curso 2025-2026.

El diputado de Vox Luis Blázquez situó ese episodio como el síntoma de un modelo que "habla constantemente de inclusión, de diversidad, de derechos, pero que cuando llega el momento de priorizar los recursos abandona a aquellos que más los necesitan". Blázquez reprochó al PSOE que su propia iniciativa en este debate se limitara a "felicitarse a sí mismos" mientras familias denuncian que los recursos son insuficientes. La resolución de Vox, que pedía garantizar la dotación de ATE en todos los centros de la región, tanto públicos como concertados, fue rechazada.

La diputada del PP María Gil incidió en que la falta de auxiliares técnicos educativos es solo una parte de un déficit más amplio que afecta a orientadores, enfermeros, fisioterapeutas escolares y profesionales de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. "Si no se ponen los recursos necesarios es imposible conseguir esa inclusión", argumentó, y reclamó un plan dotado económicamente. "Tener movilidad reducida u otra circunstancia jamás puede significar derechos reducidos", subrayó. La resolución del PP también fue rechazada.

La diputada socialista Paloma Jiménez salió al paso con un argumento cronológico: el problema del Virgen del Carmen se produjo en octubre de 2025 y fue resuelto "desde el primer minuto" por la Consejería de Educación. "Las familias necesitaban respuestas en octubre y no una PNL en junio de 2026, cuando ya el curso está terminado", reprochó a Vox. Jiménez defendió un modelo en el que "no hay niños de primeras o de segundas" y apeló a los principios de equidad e igualdad de oportunidades como guía de la política educativa regional.

PASTOR CIFRA EL ESFUERZO: DE 70 A 204 MILLONES Y DE 606 A 903 AUXILIARES

Cerró el debate el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, quien dedicó la primera parte de su intervención a desmontar, dato a dato, las críticas de los grupos de la oposición. Sobre el caso del colegio Virgen del Carmen, explicó que en 2015 el centro contaba con 35 horas de auxiliar educativo y que este curso ya dispone de 75 horas, después de que la Consejería ampliara en 10 horas adicionales la dotación inicial de 65 horas concedida para los 11 alumnos con necesidades educativas especiales del centro. "No hay una desprotección y desatención a este tipo de alumnado", zanjó, y rechazó que la resolución inicial de la Consejería expulsara a ese alumnado del comedor, calificando esa versión de "falsa".

Pastor cifró el esfuerzo presupuestario de las tres últimas legislaturas: el dinero destinado a la inclusión educativa ha pasado de los 70 millones de euros de 2015 a los 204 millones actuales, lo que supone triplicar la inversión. En paralelo, la plantilla de profesionales vinculados a la atención a la diversidad supera ya los 4.000 efectivos. El consejero desglosó la evolución por perfiles: los auxiliares técnicos educativos han crecido de 606 a 903, los pedagogos terapéuticos de 1.000 a 1.461, los orientadores de 669 a 822 y los profesionales de audición y lenguaje de 396 a 603. Añadió que la VIII edición del Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Educativo Temprano ha generado 900 nuevos contratos en el sistema, cuyos titulares atienden a más de 20.000 alumnos por curso.

La resolución del PSOE, única aprobada en este punto con 17 votos a favor y 15 en contra, insta al Gobierno regional a continuar reforzando el modelo de educación inclusiva, garantizando una respuesta personalizada para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo desde los principios de equidad, inclusión e igualdad de oportunidades, y a ampliar los recursos humanos conforme "a los criterios técnicos establecidos por los servicios de orientación educativa".

Seguros agrarios: primas disparadas y fauna silvestre, sin acuerdo entre los grupos

El cuarto punto abordó la política del Gobierno regional en materia de seguros agrarios, acumulando también dos iniciativas de PP y PSOE. El diputado popular Santiago Lucas-Torres puso sobre la mesa la escalada de las primas —"desde un 40%, en algunos casos, a un 100%"— y lo ilustró con un ejemplo concreto: una póliza del ovino que el año pasado costaba 18.132 euros este año asciende a 31.500. "El sistema actual penaliza a la agricultura y al ganadero en lugar de protegerlo", denunció, y reclamó la revisión inmediata de las cláusulas que considera abusivas, la reducción de franquicias y más cobertura en el sector ganadero, incluido un plan específico para la apicultura.

El diputado de Vox David Moreno centró su intervención en los daños causados por la fauna silvestre —lobos, conejos, perdiz— y en la erosión progresiva de las coberturas. "El seguro cubre un año, pero el siguiente cubre menos, y al tercero o cuarto ya no cubre nada y se encuentran desamparados", describió, y exigió que la Administración garantice que los agricultores "perciban las indemnizaciones que merecen".

El diputado socialista Antonio Sánchez Requena rechazó que el sistema no funcione, aunque reconoció que "es mejorable". Destacó la subvención regional de hasta el 70% del coste de las pólizas en algunos casos, el incremento del presupuesto hasta los 12 millones de euros y puso en valor un dato sobre el relevo generacional: en Castilla-La Mancha, el 59% de los jóvenes agricultores asegura sus explotaciones, por encima de la media nacional, con un capital medio asegurado de más de 63.000 euros frente a los 49.000 de la media española.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, respondió al PP que las demandas de reforma del sistema son una constante de su gestión. Recordó que el pasado 31 de marzo firmó una carta a Agroseguro reclamando la revisión de los criterios de cobertura para los daños causados por conejos, y que en 2025 se registró un récord regional de más de 330.000 hectáreas siniestradas. Con los 11 millones aportados por el Gobierno regional, Agroseguro pudo indemnizar al sector con 101 millones de euros. Martínez Lizán situó a Castilla-La Mancha como la quinta comunidad autónoma de España en contratación de seguros agrarios y en la aportación económica al sistema, con una inversión solo medio millón inferior a la de Andalucía, región que dobla en provincias y en extensión agrícola. Al igual que en el punto anterior, únicamente la resolución socialista salió adelante con 17 votos a favor.

Tres preguntas orales cierran la sesión

La sesión concluyó con el bloque de control al Gobierno, en el que tres diputadas y diputados de la oposición formularon sus preguntas orales. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, respondió al diputado de Vox Iván Sánchez Serrano sobre el número de menores extranjeros no acompañados (MENA) en centros de la región. Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, atendió dos preguntas del PP: la de la diputada Ana María Cantarero Fresneda sobre las actuaciones y reuniones del Gobierno autonómico con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para garantizar el futuro del eje ferroviario de alta velocidad Madrid-Jaén a su paso por Alcázar de San Juan y Manzanares (Ciudad Real); y la de la diputada Carolina Agudo Alonso sobre si el Gobierno regional considera que la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica debe celebrarse en un marco multilateral en el que todas las comunidades participen en igualdad de condiciones.

El pleno de este jueves cerraba así una jornada en la que el PSOE, con mayoría absoluta de 17 escaños, impuso su criterio en todas las votaciones, aprobó sus dos resoluciones sobre educación inclusiva y seguros agrarios, y bloqueó la única moción que la oposición llevó a votación, la del PP sobre las listas de espera sanitarias.