Castilla-La Mancha pide hacer un "frente común" contra los recortes a la PAC

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha pedido “hacer un frente común de todas las organizaciones, de todas las fuerzas políticas, en definitiva, de todos los que defendemos los intereses de esta región”, para luchar contra los recortes planteados por la Comisión Europea en torno a la Política Agraria Común (PAC) y a las políticas de desarrollo rural. Esa es la conclusión que el Gobierno regional extrae tras la participación en la 235ª Mesa del Comité Europeo de las Regiones y el objetivo que marca el Ejecutivo del presidente Emiliano García-Page para los próximos meses.

Caballero valoró de forma muy positiva las alianzas que García-Page está tejiendo con presidentes de otras regiones para defender que los fondos de la PAC “no solo no se pueden recortar, pues tienen que mantenerse en los términos que hemos tenido durante todos estos años, en torno a 7.000 millones de euros en Castilla-La Mancha, sino que incluso se tendrían que aumentar en proporción al IPC para los próximos siete años”.

El vicepresidente insistió en la necesidad de un consenso interno y apeló directamente al Partido Popular para “dejar a un lado sus intereses partidistas y centrarse en lo que importa e interesa a Castilla-La Mancha”. Recordó que “hay muchos intereses en juego en materia rural y agrícola que están por encima de cualquier interés partidista”.

De manera paralela, el Ejecutivo autonómico trabaja en una estrategia externa liderada por García-Page, que pasa por incrementar la presencia en instituciones comunitarias. “Vamos a incrementar nuestra presencia en todos los ámbitos, especialmente en las instituciones europeas, donde se está jugando una partida muy importante en estos momentos”, afirmó Caballero.

“El objetivo es blindar lo que es la Política Agraria Común, que ha contribuido de manera muy positiva al desarrollo y al bienestar de una región como la nuestra, tan vinculada al sector agroalimentario y considerada la despensa de Europa”, explicó. Desde Dinamarca, Caballero subrayó que el Gobierno regional “quiere trabajar para lograr que no se recorte ni un céntimo lo que hasta ahora han sido los fondos destinados, tanto directamente a los agricultores, como también al desarrollo y a la modernización de la vida y de las condiciones del medio rural”.

El vicepresidente recordó que el presidente García-Page comparte una misma estrategia con el presidente de Andalucía y con responsables de otras regiones europeas para reclamar un blindaje de los fondos de la PAC. “Los fondos no solo no se pueden recortar, no solo no se pueden detraer, pues tienen que mantenerse en los términos que hemos tenido durante todos estos años, en torno a 7.000 millones en Castilla-La Mancha, sino que incluso se tendrían que aumentar en proporción al IPC para los próximos siete años”, insistió.

Por último, Caballero reiteró que “el sector agroalimentario de la región tiene al Gobierno del presidente García-Page como aliado para defender sus intereses ante las instituciones europeas”. Añadió que el Ejecutivo seguirá trabajando con esta estrategia, “con mucho éxito, porque estamos estableciendo alianzas que van a contribuir a fortalecer esta defensa que resulta vital para los hombres y mujeres de la agricultura y la ganadería de nuestra tierra y para el desarrollo de nuestros pueblos y el medio rural”.

La defensa de España en la PAC

España es uno de los países más dependientes de la PAC dentro de la Unión Europea. En el marco financiero actual, recibe cerca de 47.000 millones de euros para el periodo 2023-2027, lo que la convierte en el segundo Estado miembro más beneficiado tras Francia. Estas ayudas son fundamentales para el sostenimiento de un sector que ocupa más del 12 % de la población activa y que es decisivo para la cohesión territorial.

El Gobierno central ha fijado como línea roja en Bruselas evitar recortes que afecten al campo español. El Ministerio de Agricultura mantiene contactos permanentes con las comunidades autónomas y ha impulsado posiciones conjuntas en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE. La postura española se basa en tres ejes: mantener el nivel actual de fondos, actualizarlos conforme al IPC y reforzar la financiación destinada al desarrollo rural, clave para combatir la despoblación.

Castilla-La Mancha y Andalucía, por su peso agrícola y su superficie cultivable, se sitúan a la cabeza en la recepción de fondos de la PAC. Ambas comunidades han estrechado lazos y buscan presentar un bloque sólido dentro de España, convencidas de que el país solo puede tener éxito si las comunidades más beneficiarias muestran unidad y transmiten un mismo mensaje a Bruselas.

Reacciones del sector agrario

Las organizaciones agrarias han reaccionado con rapidez al debate abierto sobre los recortes de la PAC y han mostrado su respaldo a las comunidades autónomas que encabezan la defensa en Bruselas.

ASAJA considera que el mensaje de Castilla-La Mancha es “contundente y necesario”. Su presidente nacional, Pedro Barato, advirtió de que “cada euro que se recorte en la PAC será un golpe directo a la renta de los agricultores y ganaderos españoles, que ya están asfixiados por los altos costes de producción y la competencia desleal de terceros países”. La organización defiende que España lidere “sin complejos” un frente común del sur de Europa para frenar los recortes y evitar una pérdida de competitividad.

COAG, por su parte, puso el acento en el modelo de reparto. La organización sostiene que la prioridad debe ser “salvaguardar a los pequeños y medianos productores, que son los que sostienen la vida en los pueblos”. COAG advierte de que si se mantiene el actual desequilibrio, con ayudas concentradas en grandes explotaciones y fondos de inversión, “la PAC perderá su razón de ser y será inviable como herramienta de cohesión territorial”. Además, reclaman más transparencia en la distribución de las ayudas y un mayor apoyo a explotaciones sostenibles.

UPA incidió en que los fondos deben actualizarse con el IPC para no perder poder adquisitivo. Su secretario general, Lorenzo Ramos, alertó de que “los precios de la energía, los fertilizantes y el gasóleo agrícola se han disparado, y si Bruselas congela las ayudas, miles de explotaciones familiares se verán obligadas a cerrar”. La organización reclamó reforzar el diálogo con el Ministerio de Agricultura para que las comunidades autónomas y el Estado presenten “una sola voz en Bruselas”.

Junto a las tres grandes organizaciones, Cooperativas Agroalimentarias de España se han sumado al debate reclamando seguridad jurídica y estabilidad presupuestaria para poder planificar inversiones en modernización y sostenibilidad. A su juicio, la incertidumbre actual frena proyectos de innovación y transición ecológica que dependen directamente de la financiación comunitaria.

En conjunto, las organizaciones coinciden en que la PAC no solo asegura la renta de agricultores y ganaderos, sino que constituye la piedra angular de la seguridad alimentaria, la lucha contra la despoblación y el mantenimiento del tejido productivo en amplias zonas de la España rural.

Lo que se juega España en Bruselas

La batalla por la PAC en Bruselas es mucho más que una negociación presupuestaria. España se juega no solo los 47.000 millones de euros que recibe del marco actual, sino también la viabilidad de un modelo agrario que garantiza alimentos de calidad, fija población en el medio rural y sostiene a cientos de miles de familias.

Castilla-La Mancha y Andalucía, junto con otras regiones, han asumido un papel protagonista que puede ser determinante si España logra trasladar una imagen de unidad política y social. El desenlace de esta negociación marcará el rumbo del campo español durante la próxima década: de ella depende que la agricultura y la ganadería puedan afrontar los retos de la sostenibilidad, la innovación y la competitividad sin poner en riesgo su propia supervivencia.