Castilla-La Mancha acusa al Gobierno de ocultar el reparto fiscal

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, compareció este martes ante los medios en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, para dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno regional y de la reunión mantenida el día anterior con la Secretaría de Estado de Hacienda en torno al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España. La Junta solicitó formalmente una comparecencia en el Pleno de las Cortes regionales para exponer su postura y recabar el apoyo de los grupos parlamentarios.

Ruiz Molina reiteró el rechazo de la Comunidad Autónoma a la propuesta del Ministerio de Hacienda. "Se trata de un modelo injusto y regresivo que trata de satisfacer privilegios para una determinada comunidad autónoma, que se convierten en desventajas para Castilla-La Mancha", afirmó el titular de Hacienda, quien trasladó ese mismo mensaje al secretario de Estado durante el encuentro del lunes.

El consejero subrayó que su posición no responde a criterios partidistas, sino a un principio de "coherencia" que la región ha mantenido con independencia del color político del Gobierno central. "Lo hicimos tanto con ministros de gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista", recordó, antes de extender una invitación a las fuerzas de la oposición regional —en alusión expresa al PP— para que "presenten propuestas en lugar de críticas exclusivamente" y se sumen a una posición común en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha.

La ordinalidad, en el centro del conflicto

El núcleo del rechazo de la Junta reside en el principio de ordinalidad sobre el que se construye la propuesta del Ministerio. Ese principio, explicó Ruiz Molina, establece que los territorios con mayor número de habitantes y rentas más altas tienen derecho a una financiación proporcionalmente superior, lo que en la práctica implica que "quien más tiene, más derechos tiene". "Le dije al secretario de Estado que no concebía cómo un gobierno progresista podía defender un postulado de esas características, lo que creo que va en contra de la propia Constitución", recalcó el consejero.

Frente a esa lógica, el titular de Hacienda expuso el modelo que defiende Castilla-La Mancha: uno basado en el principio de igualdad, que garantice "el coste real que supone a los territorios prestar los servicios públicos de su competencia", teniendo en cuenta factores como la extensión territorial, la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población. Para ilustrarlo, recurrió a un ejemplo concreto: el municipio madrileño de Fuenlabrada, con una población similar a la de toda la provincia de Cuenca, puede atender a sus vecinos con siete centros de salud, mientras que Cuenca necesita 32 para prestar el mismo servicio.

Ruiz Molina añadió que la propuesta del Gobierno central tampoco cuenta con el respaldo pleno de los sectores independentistas que la impulsaron: "No quieren más financiación, sino que lo que buscan es tener más financiación que los demás". En ese contexto, estimó que el modelo no llegará a tramitación parlamentaria "por injusto, regresivo y vinculado al independentismo".

Críticas a la gestión de la reunión con el Ministerio

El consejero también criticó las condiciones en las que se celebró la reunión bilateral del lunes. La Junta tuvo que acudir al Ministerio de Hacienda tras recibir la información relevante "en una hoja de Excel a última hora del jueves", sin disponer de datos precisos sobre el conjunto del sistema ni sobre las cuantías que recibirían las comunidades autónomas. Ruiz Molina calificó de "ocurrencia" del Ministerio la decisión de incorporar el fondo de cooperación interterritorial al sistema de financiación, cuando ese instrumento debería destinarse "a reducir las diferencias de renta y de riqueza entre regiones", no a engrosar el reparto ordinario.

El Consejo aprueba también la nueva Ley de Espectáculos Públicos

En la misma rueda de prensa, Ruiz Molina informó de que el Consejo de Gobierno aprobó este martes el Proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Castilla-La Mancha, que sustituirá a la vigente Ley 7/2011, de 21 de marzo, en vigor desde hace 15 años. El texto se remitirá a las Cortes regionales para su tramitación parlamentaria con el objetivo de que entre en vigor antes de que concluya el año. El director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, acompañó al consejero en la presentación.

La norma actualiza el marco regulatorio del ocio y los espectáculos en la región a partir de tres objetivos: adaptar la legislación a los nuevos hábitos de ocio —incluida la regulación específica de actividades en espacios abiertos como las raves—; reforzar la seguridad jurídica ante vacíos detectados en materia de control de acceso o presencia de menores; y avanzar en la digitalización y simplificación administrativa para facilitar los trámites a empresas y ayuntamientos.

Entre las principales novedades, la ley exigirá al personal de control de acceso superar pruebas específicas organizadas por la propia administración regional para obtener un título habilitante. También incorpora un Plan de Inspección bianual, actualiza el catálogo de espectáculos y actividades recreativas —con 11 categorías de actividades recreativas y ocho de espectáculos públicos— y regula de forma más detallada los horarios de apertura y cierre y los procedimientos de desalojo, en consenso con el sector hostelero. Con carácter general, el sistema se regirá por la declaración responsable previa, reservando la autorización administrativa para casos que afecten a la seguridad, el orden público, la salud o el medioambiente.

El texto fue elaborado tras un proceso de consulta con la Federación Regional de Empresarios de la Hostelería de Castilla-La Mancha, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Consejo Regional de Diálogo Social, la Comisión Regional de Espectáculos Públicos y el Consejo Regional de Municipios. "Nace del consenso con todos los actores implicados", destacó Ruiz Molina, quien confió en lograr "el mayor consenso también en su tramitación en las Cortes regionales".

La Junta muestra "respeto absoluto" a la condena del Supremo a Ábalos

A preguntas de los periodistas, el consejero de Hacienda también fue interrogado por la sentencia del Tribunal Supremo que condenó este lunes a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos, por su implicación en el caso de las comisiones ilícitas en contratos de mascarillas durante la pandemia. La sentencia, dictada por unanimidad, impone asimismo 19 años y ocho meses al exasesor Koldo García y cuatro años y medio al comisionista Víctor de Aldama.

Ruiz Molina se limitó a trasladar el "respeto absoluto" de la Junta de Comunidades al pronunciamiento judicial. "No hago ninguna valoración de una sentencia que se ha dictado por unanimidad", señaló el consejero, subrayando precisamente ese carácter unánime como razón para no añadir comentario político alguno.