El Seprona halla tóxicos prohibidos en verduras cultivadas en Toledo
Más de 600 envases de productos fitosanitarios de procedencia asiática, sin etiquetado reglamentario y con principios activos prohibidos en la Unión Europea han sido hallados e intervenidos en una explotación hortícola del término municipal de Burujón (Toledo).
El propietario de la finca, que cultiva verduras y hortalizas en varios invernaderos y las distribuye a diferentes supermercados, ha sido investigado por la Guardia Civil como presunto autor de un delito contra la salud pública y el medio ambiente. Los análisis de las muestras de tierra y vegetales confirmaron la presencia de sustancias químicas prohibidas en los alimentos.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) investigaron al propietario de una explotación hortícola intensiva en Burujón (Toledo) como presunto autor de un delito contra la salud pública y el medio ambiente, después de descubrir que utilizaba productos fitosanitarios prohibidos en los cultivos de verduras y hortalizas que posteriormente distribuía a distintos supermercados. La operación, denominada 'Operación Sangou', se desarrolló en colaboración con inspectores de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha (JCCM) y un agente medioambiental de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
En el lugar, los investigadores localizaron un almacén clandestino con más de 600 envases de productos fitosanitarios de procedencia asiática. La Guardia Civil sospecha que estos productos fueron introducidos en España eludiendo los cauces regulares de importación, incumpliendo tanto la normativa nacional como la europea. Los envases carecían de etiquetado reglamentario, número de registro del fabricante, información sobre toxicidad, pictogramas de seguridad y dosis de aplicación.
Principios activos prohibidos en la UE
El análisis preliminar de las sustancias reveló la presencia de principios activos de extrema peligrosidad, muchos de los cuales han sido expresamente prohibidos o no renovados por la normativa de la Unión Europea (UE) debido a sus efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente.
Los agentes recogieron muestras tanto de tierra como de hojas de las verduras y hortalizas que se estaban cultivando en ese momento. Los resultados confirmaron la presencia en los alimentos de sustancias químicas prohibidas, con el riesgo añadido de que pudieran llegar al consumidor final con trazas de alta toxicidad.
Almacén clandestino y gestión negligente de residuos
Más allá del uso de fitosanitarios ilegales, los agentes constataron una absoluta falta de condiciones higiénico-sanitarias y una gestión negligente de residuos peligrosos en la explotación. Destacó el hallazgo de una fosa utilizada para la eliminación mediante quema de los envases de productos fitosanitarios junto con otros residuos de diferente naturaleza, una práctica expresamente prohibida por la legislación medioambiental.
La inspección también detectó una estación de repostaje artesanal e improvisada que habría provocado el vertido directo de hidrocarburos sobre un terreno situado a escasos metros del arroyo de Alcubillete, cauce fluvial que discurre y divide la propia explotación. Los investigadores advirtieron un riesgo real de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas de la zona.
Cadena de distribución hasta supermercados
Uno de los aspectos más graves del caso es que las hortalizas cultivadas con estos productos prohibidos llegaban a diferentes supermercados, lo que implica un riesgo potencial para el consumidor final. La operación revela una cadena de irregularidades que abarca la importación ilegal de los fitosanitarios, su uso en cultivos intensivos y la posterior comercialización de los productos obtenidos, sin que en ningún punto de la cadena se aplicaran los controles sanitarios exigidos por la normativa vigente.
La investigación fue posible gracias a la colaboración entre el Seprona, los inspectores de la JCCM y el agente medioambiental de la Confederación Hidrográfica del Tajo, una coordinación institucional que se ha revelado clave para detectar y desmantelar una explotación que operaba al margen de todas las normativas sanitarias, medioambientales y de seguridad alimentaria aplicables.
