El PSOE recurre ante el TSJ el presupuesto de La Puebla de Montalbán

El Grupo Municipal Socialista de La Puebla de Montalbán (Toledo) ha llevado ante los tribunales el presupuesto municipal de 2026, aprobado por el Partido Popular (PP) con el apoyo de Vox, al considerar que su tramitación está viciada por irregularidades de carácter esencial. El recurso contencioso-administrativo, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), se fundamenta en errores aritméticos, incoherencias documentales y defectos de procedimiento que, según los socialistas, quedaron documentados durante el propio proceso de elaboración y no fueron corregidos antes de la aprobación definitiva de las cuentas.

La portavoz municipal socialista, Estela Palma, fue contundente al presentar el recurso: "No se trata de un debate político, sino de un problema de legalidad". La dirigente socialista subrayó que "lo más grave no es la existencia de errores en el documento, sino que estos eran conocidos durante la tramitación y, aun así, el equipo de Gobierno decidió aprobar las cuentas sin corregirlos". Palma añadió que el Grupo Municipal Socialista presentó alegaciones técnicas que señalaban incumplimientos en aspectos esenciales del presupuesto "sin que ninguna de ellas fuera atendida", lo que a su juicio evidencia que PP y Vox "han aprobado unas cuentas con errores reconocidos en acta".

Errores en acta y advertencias del interventor

El detonante formal del recurso lo constituye el acta de la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el 29 de diciembre de 2025, en la que quedaron documentados errores aritméticos, discrepancias entre documentos e incoherencias en distintas partidas. En esa misma sesión, según relató Palma, el propio interventor municipal llegó a reconocer la posibilidad de "problemas de cálculo", una admisión que los socialistas consideran especialmente relevante porque convierte los vicios del presupuesto en defectos conocidos por el equipo de Gobierno antes de la votación final.

Para el PSOE, el hecho de que esos defectos consten expresamente en un acta oficial refuerza la solidez jurídica de su impugnación. La formación socialista argumenta que la normativa vigente contempla como causas de nulidad de pleno derecho precisamente aquellos supuestos en los que las irregularidades no son subsanadas durante la tramitación sino que se arrastran hasta la aprobación definitiva.

Un presupuesto "viciado desde su origen"

Más allá de los errores de cálculo, la portavoz socialista detalló que las irregularidades detectadas afectan a la propia estructura del presupuesto y no son menores ni aisladas. Entre los defectos identificados figuran, según Palma, posibles desequilibrios entre ingresos y gastos, incoherencias entre los documentos oficiales que conforman el expediente, ausencia de un documento presupuestario único y consolidado, defectos en el trámite de exposición pública e insuficiencia de crédito en partidas de obligado cumplimiento.

A juicio del grupo socialista, todos estos elementos encajan en los supuestos que la normativa vigente establece como causas de impugnación, sin que durante la tramitación se introdujeran correcciones para subsanar ninguna de esas deficiencias. Palma insistió en que "no estamos ante un error aislado, sino ante una forma de gobernar en la que las advertencias técnicas se ignoran y los errores se arrastran hasta la aprobación definitiva", una dinámica que, advirtió, "genera inseguridad jurídica, pone en duda la fiabilidad de las cuentas municipales y compromete la estabilidad económica del Ayuntamiento".

La sombra de la alcaldesa-diputada provincial

El PSOE también introdujo en su argumentario una dimensión de responsabilidad política de mayor alcance territorial. La portavoz socialista apuntó directamente a la alcaldesa, Soledad de Frutos, quien acumula simultáneamente el cargo municipal y el de diputada provincial de Hacienda de la Diputación de Toledo, señalando que "no se puede exigir rigor presupuestario a otros mientras se aprueban en casa unas cuentas que acaban en los tribunales".

Esta doble condición de De Frutos —máxima responsable de las cuentas en el municipio y al mismo tiempo referente institucional en materia hacendística en la diputación— es presentada por los socialistas como un factor agravante de la situación, en la medida en que, a su juicio, acentúa la contradicción entre el discurso público de la alcaldesa y la gestión real de las finanzas locales.

"Una obligación, no una estrategia"

Ante posibles lecturas que interpretaran el recurso como una maniobra de desgaste político, Estela Palma lo descartó con rotundidad: acudir a la vía judicial "no es una estrategia, sino una obligación cuando existen dudas fundadas sobre la legalidad de las cuentas públicas". La portavoz concluyó que "un presupuesto no es válido solo por aprobarse: tiene que estar bien hecho y ajustado a la ley, y cuando no lo está, hay que dar la cara".

El Grupo Municipal Socialista exigió además al equipo de Gobierno "explicaciones claras a la ciudadanía" y que asuma la responsabilidad política de haber aprobado un presupuesto que, pese a todas las advertencias previas, ha terminado siendo impugnado ante el TSJCLM. Palma cerró con una advertencia de calado social: "Cuando fallan las cuentas, falla la gestión, y cuando falla la gestión, lo pagan los vecinos y vecinas". Ahora será el tribunal el que determine si el presupuesto de La Puebla de Montalbán para 2026 es o no conforme a derecho.