La Plataforma de Servicios Sociales rechaza las críticas de la alcaldesa de Yeles
La Plataforma de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha ha salido al paso de las declaraciones realizadas por la alcaldesa de Yeles, María José Ruiz (PSOE), tras el incidente ocurrido el pasado domingo en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, donde una mujer con antecedentes psiquiátricos causó graves daños en varias imágenes religiosas.
La regidora señaló en medios de comunicación que la situación “se podría haber evitado si se trabajara para prevenir” y acusó de inacción a los servicios sociales, a los que responsabilizó de no haber intervenido con anterioridad. La Plataforma, sin embargo, considera que estas manifestaciones son “precipitadas e irresponsables”, y subraya que ponen en entredicho un recurso esencial que “vela por el bienestar de las personas, coordina apoyos y acompaña procesos”.
En su comunicado, el colectivo recalca que los servicios sociales de atención primaria no tienen competencias en materia de salud mental ni en internamientos involuntarios, funciones que corresponden al sistema sanitario, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en última instancia, a la autoridad judicial. Asimismo, expresa su preocupación porque la alcaldesa hiciera públicos datos que identifican a la mujer, lo que —advierten— puede suponer un riesgo en términos de protección de datos y derechos fundamentales.
El escrito recuerda además que los principios del PSOE se sustentan en la igualdad, la justicia social y la protección de los derechos humanos, valores que “chocan frontalmente” con declaraciones que pueden estigmatizar a una persona vulnerable. A juicio de la Plataforma, el caso de Yeles refleja una problemática extendida en muchos municipios: la falta de recursos preventivos y comunitarios, de seguimiento especializado y de plazas residenciales en el ámbito de la salud mental.
El colectivo defiende el trabajo diario de los profesionales en municipios como Yeles e Illescas, así como de entidades como Cruz Roja, implicadas en el acompañamiento de la mujer detenida. Y rechaza de plano que se les responsabilice de situaciones que exceden sus competencias.
La Plataforma reclama además que las competencias de los servicios sociales de atención primaria, actualmente conveniadas con los ayuntamientos, pasen a depender directamente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Una gestión directa, sostienen, evitaría “declaraciones precipitadas” de responsables municipales sin perfil técnico y garantizaría una intervención más ajustada a la realidad de las necesidades sociales.
Con esta posición, la Plataforma pretende abrir el foco hacia lo que considera el verdadero problema: la ausencia de una política clara y sostenida en salud mental que apueste por la prevención, la intervención comunitaria y la coordinación entre servicios sanitarios, sociales, judiciales y del tercer sector.
