Las víctimas de abusos en la Iglesia podrán pedir indemnización desde febrero

Las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica podrán comenzar a presentar desde febrero sus solicitudes de reparación e indemnización, gracias al acuerdo formalizado este jueves entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER). El mecanismo está dirigido a quienes no pueden ya acudir a la vía judicial porque los hechos están prescritos o porque el agresor ha fallecido.

Un convenio en un mes y un año de plazo para solicitar reparación

El texto firmado, consultado por Europa Press, establece que la Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes deberán rubricar "un convenio de colaboración" en el plazo de un mes. Será desde esa firma cuando comience a computar un periodo de un año —prorrogable a dos si así lo acuerdan las partes— para que las víctimas presenten sus solicitudes de reparación.

"A los efectos de la presentación de las solicitudes de reparación, el plazo de vigencia de este acuerdo será de un año, prorrogable por un año más si las partes así lo acuerdan. En todo caso, dicho plazo se computará desde la firma del convenio previsto en el apartado siguiente que deberá producirse en el mes siguiente a la adopción del presente acuerdo", indica el documento firmado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños; el presidente de la CEE, Luis Argüello; y el presidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego.

El convenio deberá contar con la opinión de las víctimas y definir "el estatuto básico" aplicable al proceso, especificando el procedimiento para reconocer la condición de víctima y detallando las distintas formas de reparación integral: medidas restaurativas y simbólicas, asistencia psicológica o psiquiátrica —también para familiares— y reparación moral.

Un sistema alineado con la ley de protección a la infancia

El acuerdo se encuadra en el compromiso del Gobierno con la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). La CEE considera que el Ejecutivo "se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social, como solicitaba la Iglesia".

Tras la firma, Luis Argüello destacó que se "abre la perspectiva para que el desarrollo" de la LOPIVI pueda ampliarse a otros ámbitos más allá del eclesial. Félix Bolaños, por su parte, subrayó que "este es un acuerdo exclusivo, circunscrito a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica" y que "no hay ningún acuerdo fuera".

El texto confirma también que la CEE y la CONFER mantendrán su propio sistema de reparación mediante la comisión asesora del PRIVA, operativa desde 2024.

Casi dos millones de euros abonados ya por PRIVA

Argüello reveló que, a través de la comisión asesora del PRIVA, ya se han ofrecido "casi dos millones de euros" en indemnizaciones a víctimas. La cifra asciende exactamente a 1.858.420 euros: 854.000 correspondientes a casos diocesanos y 1.004.420 euros a casos de instituciones religiosas.

El presidente de la CEE admitió, no obstante, que algunas víctimas habían mostrado desconfianza a la hora de acudir al mecanismo interno de la Iglesia, y señaló que este acuerdo "abre una nueva vía acompañada".

Un mecanismo en manos del Estado y con resolución final del Defensor del Pueblo

El procedimiento diseñado prevé que la víctima inicie el proceso en una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que garantizará la intimidad y la protección de datos. Desde allí, el caso será remitido a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que elaborará una propuesta de resolución y reparación —simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica— atendiendo a lo solicitado.

La propuesta se enviará después a la comisión asesora de la Iglesia prevista en el PRIVA, que la evaluará y emitirá un informe. Si ambas partes coinciden, la resolución será definitiva. Si no, intervendrá una Comisión Mixta con participación de asociaciones de víctimas para intentar un acuerdo unánime. Persistiendo la discrepancia, la decisión final corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

El ministro Bolaños sintetizó la clave del pacto: "El Estado decide la reparación y la indemnización, la Iglesia católica la paga". Añadió que "el Estado no abonará ni un céntimo".

Agradecimiento al Vaticano y compromiso para ampliar el marco fiscal

Bolaños explicó que el acuerdo es fruto de una "negociación compleja, ardua, dura y larga" y agradeció la mediación del Vaticano. Expresó su reconocimiento a los Papas Francisco y León XIV y al secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, cuyo impulso "ha favorecido la existencia de este acuerdo".

El Ministerio se compromete, además, a promover las modificaciones necesarias para aplicar exenciones fiscales a las reparaciones reconocidas a las víctimas.

En cuanto al plazo, el ministro aseguró que "si es necesario extenderlo, se extenderá", aunque consideró que un año, prorrogable a dos, es un periodo "más que suficiente". Y remató: "Puede que el Estado haya llegado tarde, pero hoy lo hacemos con carácter retroactivo. Ayer no tenían nada, porque todos estos hechos están prescritos".