Castilla-La Mancha forma a 400 empleados contra la despoblación

El Gobierno regional de Castilla-La Mancha ha formado a 400 empleados públicos de la Administración autonómica desde el año 2022 con el fin de que conozcan de primera mano las políticas puestas en marcha para combatir la despoblación en el territorio. La iniciativa, impulsada desde la Vicepresidencia Primera, busca que los funcionarios estén en condiciones de aplicar e informar correctamente sobre el conjunto de instrumentos que contempla la legislación autonómica en esta materia.

Así lo trasladó el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, durante la presentación del último curso celebrado este viernes en la ciudad de Toledo. En su intervención, Alique insistió en que los empleados públicos desempeñan un papel esencial a la hora de desplegar sobre el terreno las medidas recogidas en la ley, por lo que su formación resulta imprescindible para garantizar la eficacia de las políticas.

"Es fundamental que adquieran el conocimiento para poder trasladarlo a la ciudadanía que se dirige a ellos para informarse de esas medidas", declaró el comisionado, quien añadió que la capacitación del personal es condición necesaria para que las actuaciones "se puedan desplegar" y hagan frente de manera real a la despoblación en el medio rural.

Un recorrido progresivo por las herramientas de la ley

El programa formativo ha avanzado de forma acumulativa desde su puesta en marcha. En su primera etapa, los empleados públicos recibieron información sobre las deducciones fiscales pioneras aplicables a quienes residen en las zonas despobladas de la región, una medida considerada referente a nivel nacional. La siguiente fase amplió el foco hacia las actuaciones de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, definida como la principal herramienta para ejecutar los mandatos de la ley autonómica.

En ediciones posteriores, la formación abordó las Memorias de Impacto Demográfico, documento que se integra en los presupuestos regionales y que agrupa todas las partidas destinadas a combatir la pérdida de población en los territorios rurales. El programa también incluyó los informes de impacto demográfico que acompañan a la elaboración de normativa regional, un instrumento de análisis previo que permite valorar las consecuencias demográficas de cada nueva disposición antes de su aprobación.

Servicios básicos, empresas y proyectos de vida en el rural

El comisionado del Reto Demográfico situó la formación dentro de un objetivo estratégico más amplio: lograr que la Administración sea "más operativa" a la hora de implementar las medidas diseñadas para frenar el vaciamiento del territorio. Alique concretó tres ejes de actuación prioritarios: garantizar los servicios básicos en las zonas con mayor riesgo de despoblación, favorecer la instalación de empresas en esos municipios y, en última instancia, "convertir a los pueblos en el destino de familias que quieran tener su proyecto de vida en ellos".

La iniciativa formativa se enmarca en el compromiso del Ejecutivo castellanomanchego de dotar a su aparato administrativo de las herramientas necesarias para dar respuesta a uno de los principales retos territoriales de la región. Castilla-La Mancha, con extensas zonas clasificadas como áreas de baja densidad de población, fue una de las primeras comunidades autónomas en contar con una ley específica contra la despoblación, y la formación continua de sus empleados públicos se concibe como pieza clave para que esa legislación produzca efectos reales sobre el territorio.