Castilla-La Mancha avisa de que no puede acoger a menores de Ceuta

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, alertó este jueves de que la comunidad autónoma ha agotado su capacidad para acoger a menores no acompañados procedentes de Ceuta. "En estos momentos nuestro sistema no lo soporta más", afirmó en una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER con el periodista Pedro Blanco, horas antes de acudir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Gobierno central en Madrid para tratar la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.

"En este momento Castilla-La Mancha está en una situación en donde todo su sistema está sobre ocupado y no puede asumirlo", subrayó García Torijano, quien precisó que el Ministerio de Juventud e Infancia es consciente de esa saturación porque la Junta se lo ha trasladado en el marco de la coordinación de acogidas de los últimos meses. Pese a ello, la consejera reconoció que no habían mantenido conversaciones directas con la ministra Isabel Rodríguez Rego y que su conocimiento de la situación provenía fundamentalmente de lo publicado en los medios de comunicación.

La titular de Bienestar Social puso cifras a esa presión: Castilla-La Mancha tiene actualmente alrededor de 1.200 menores bajo tutela de la comunidad autónoma, y en un solo año se han tramitado más de 350 expedientes para dar respuesta al real decreto ley sobre acogida, una cifra que, según García Torijano, supera lo inicialmente previsto. "Son cifras que destacan notablemente respecto a otros años", señaló.

La financiación, una carga que debe asumir el Estado

La consejera reivindicó que Castilla-La Mancha ha cumplido con sus obligaciones legales, pero subrayó el coste que ello implica. "Hemos cumplido, porque siempre cumplimos con la ley y colaboramos en las soluciones, pero los sistemas están tensionados, sobreocupados", afirmó. García Torijano insistió en que la atención a estos menores va más allá del alojamiento: "No solo es dormir, sino tener un proyecto de vida que implica Sanidad, Educación, autonomía o transición a la vida adulta. Nuestro sistema no puede aguantar más".

En ese sentido, reclamó que el Gobierno de España asuma el coste económico que la crisis genera a las comunidades autónomas. "A las comunidades autónomas nos supone un coste importante que hay que asumir y que el gobierno de España desde luego debería de asumirlo", afirmó. Aunque reconoció la voluntad de las autonomías de colaborar y mostrar solidaridad, advirtió que eso no puede ser la única respuesta: "Hace falta poner recursos sin miramientos y dar respuesta mientras se toman otras medidas".

"Una crisis muy superior" que trasciende la inmigración

En línea con la posición expresada por el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, la consejera calificó la situación en Ceuta de "una crisis muy superior" que va más allá de la cuestión migratoria. "Lo que ha pasado este verano en Ceuta no debía de haber pasado y debía de haberse controlado de otra manera", señaló, y enmarcó el problema en el ámbito del "control de fronteras" y como una cuestión de Estado que exige "una respuesta general".

García Torijano abogó por trabajar en el posible retorno de los menores a su lugar de origen a través de entidades sociales de primera acogida, y confió en que el Ministerio se implique directamente en la resolución de la crisis. Respecto a la Conferencia Sectorial, la consejera precisó que la reunión contaba inicialmente con un único punto del orden del día centrado en la distribución de 25 millones de euros para Ceuta, al que se incorporó un segundo punto informativo para abordar con mayor amplitud la crisis. "Entiendo que ahí ya nos explicarán cómo quieren trabajarlo", indicó.

Amnistía pide a la Junta que mantenga su compromiso con la acogida

En paralelo a la Conferencia Sectorial, Amnistía Internacional hizo pública este jueves una petición expresa al Gobierno de Castilla-La Mancha para que facilite la reubicación de los menores no acompañados que han llegado a Ceuta y garantice "su acogida digna y la protección efectiva de todos sus derechos". La organización mostró su preocupación por la posición del presidente Emiliano García-Page de no asumir esa acogida, una postura que, a su juicio, contrasta con la respuesta que la propia Consejería de Bienestar Social le había trasladado previamente, en la que expresaba su "plena colaboración institucional y solidaridad" y reconocía que la crisis requería "el compromiso y la implicación de todas las partes involucradas".

Ante esa aparente divergencia, Amnistía Internacional Castilla-La Mancha dirigió una carta a la Presidencia del Gobierno autonómico para solicitar que aclare si se ha producido un cambio en la posición de la Junta respecto a la acogida y reubicación de estos niños y adolescentes. La organización subrayó que la situación en Ceuta "sigue siendo especialmente preocupante", con centenares de menores en situación de calle y con necesidades básicas sin cubrir, y alertó sobre posibles deficiencias en los procesos de determinación de edad y en la identificación, el censo y la filiación de los menores por parte de las instituciones públicas.

Amnistía reclamó a Castilla-La Mancha que mantenga "el compromiso que ha venido demostrando hasta ahora" en los mecanismos de solidaridad y corresponsabilidad entre comunidades autónomas, y recordó que cualquier decisión sobre estos menores debe basarse en el principio del interés superior del menor, garantizar su derecho a solicitar protección internacional y respetar en todo caso el principio de no devolución.