Castilla-La Mancha vota los 25 millones para Ceuta pero avisa de saturación

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, protagonizó este jueves una jornada intensa en torno a la crisis migratoria de Ceuta: primero advirtiendo, antes de la Conferencia Sectorial, de que el sistema regional "no lo soporta más", y después, tras la reunión, respaldando los 25 millones de euros aprobados para la ciudad autónoma y reclamando que se estudien alternativas que no incrementen la presión sobre unas comunidades autónomas ya al límite. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada este jueves bajo la presidencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cerró su orden del día con ese único acuerdo económico, sin abordar criterios de reparto de menores.

En la entrevista previa en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, García Torijano había sido rotunda: "En este momento Castilla-La Mancha está en una situación en donde todo su sistema está sobre ocupado y no puede asumirlo". La consejera precisó que el Ministerio de Juventud e Infancia conocía esa saturación porque la Junta se la había trasladado en el marco de la coordinación de acogidas de los últimos meses, aunque reconoció que no habían mantenido conversaciones directas con la ministra y que su conocimiento de la situación provenía en buena medida de los medios de comunicación.

La titular de Bienestar Social puso cifras a esa presión: Castilla-La Mancha tiene actualmente alrededor de 1.200 menores bajo tutela de la comunidad autónoma, y en un solo año se han tramitado más de 350 expedientes —de los que 267 han sido comunicados como definitivos— para dar respuesta al real decreto ley sobre acogida, una cifra que, según García Torijano, supera lo inicialmente previsto. "Son cifras que destacan notablemente respecto a otros años", señaló.

La Conferencia aprueba por unanimidad los 25 millones para Ceuta

Celebrada la reunión, la posición de Castilla-La Mancha se concretó en un voto favorable a la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta, aprobada de forma unánime por todas las comunidades autónomas presentes. Únicamente las consejerías de Aragón, Castilla y León y Extremadura, en manos de Vox, estuvieron ausentes y pidieron que constara en acta su voto negativo tanto al crédito como a cualquier eventual reparto de menores.

García Torijano valoró el tono de la reunión y subrayó que la cantidad aprobada constituye "una acción necesaria para empezar a dar respuesta a esta situación que se está viviendo en Ceuta", aunque matizó que la financiación "no es suficiente" y que previsiblemente tendrá que ser ampliada. Los fondos están destinados a sufragar gastos de alojamiento, traslado, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo y servicios de traducción para los menores que permanecen solos en la ciudad autónoma.

La consejera recordó además que "en Castilla-La Mancha llevamos años cumpliendo con los compromisos derivados de la infancia, también con los derivados del Real Decreto Ley del año pasado, que nos ha supuesto un esfuerzo grande y eso ha tensionado mucho nuestro sistema de protección", e incidió en que ampliar la capacidad no siempre puede hacerse de manera inmediata, ya que la protección de un menor requiere no solo una plaza, sino también profesionales, recursos especializados y un acompañamiento adecuado.

CLM aboga por alternativas que no sobrecarguen las autonomías

El elemento más relevante de la posición de Castilla-La Mancha tras la Conferencia fue su apuesta por explorar vías distintas al reparto directo entre comunidades. "Valoramos que se puedan explorar otras vías que permitan dar respuesta a esta situación sin seguir sobrecargando los sistemas de las comunidades autónomas", afirmó García Torijano, quien trasladó la disposición de la Junta "a sentarse, trabajar y buscar entre todos alternativas y soluciones".

Entre esas alternativas, la consejera mencionó la reagrupación familiar cuando sea posible y responda al interés del menor, aunque advirtió que las realidades personales y familiares son "muy diferentes" y que existen situaciones en las que esa opción resulta "especialmente compleja". En cualquier caso, defendió que cualquier solución debe partir del interés superior del menor y prestar atención especial a los perfiles más vulnerables, y remarcó que "los niños y las niñas no son invasores, sino menores cuyos derechos deben ser protegidos por las administraciones".

Rego alerta del cambio de perfil: 1.500 menores, 700 niñas y muchos menores de 13 años

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ofreció tras la Conferencia una radiografía de la situación en Ceuta que subraya la urgencia de la crisis. En la ciudad autónoma hay actualmente 1.500 menores en el sistema de acogida, de los que aproximadamente 700 son niñas, con un elevado número de menores de 13 años. "El perfil migratorio ha cambiado", advirtió la ministra, quien llamó a la "solidaridad" de las comunidades autónomas y rechazó de forma contundente cualquier vía de "deportaciones masivas": "No lo vamos a aceptar. Nos negamos a esto rotundamente".

Rego planteó varias alternativas para aliviar la sobreocupación en Ceuta: traslados directos entre comunidades autónomas mediante acuerdos de cooperación; la oferta inmediata de alrededor de 500 plazas en la Península gestionadas por entidades y con la tutela mantenida por la ciudad autónoma; el acogimiento familiar; y los mecanismos previstos en el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Sin embargo, precisó que la decisión corresponde a Ceuta, que es quien ostenta la tutela. La ministra también reveló que existen 600 expedientes remitidos a Marruecos por la Fiscalía de Menores para acreditar la situación familiar de menores llegados antes del 30 de julio que permanecen aún sin respuesta, lo que ilustra, dijo, "la complejidad que tiene el retorno de menores". Para Rego, la prioridad inmediata es clara: "Sacar a todas las personas de la calle y dar una acogida digna".

Amnistía pide a la Junta que mantenga su compromiso con la acogida

En paralelo a la Conferencia Sectorial, Amnistía Internacional hizo pública este jueves una petición expresa al Gobierno de Castilla-La Mancha para que facilite la reubicación de los menores no acompañados que han llegado a Ceuta y garantice "su acogida digna y la protección efectiva de todos sus derechos". La organización mostró su preocupación por la posición del presidente Emiliano García-Page de no asumir esa acogida, una postura que, a su juicio, contrasta con la respuesta que la propia Consejería de Bienestar Social le había trasladado previamente, en la que expresaba su "plena colaboración institucional y solidaridad" y reconocía que la crisis requería "el compromiso y la implicación de todas las partes involucradas".

Ante esa aparente divergencia, Amnistía Internacional Castilla-La Mancha dirigió una carta a la Presidencia del Gobierno autonómico para solicitar que aclare si se ha producido un cambio en la posición de la Junta respecto a la acogida y reubicación de estos niños y adolescentes. La organización subrayó que la situación en Ceuta "sigue siendo especialmente preocupante", con centenares de menores en situación de calle y con necesidades básicas sin cubrir, y alertó sobre posibles deficiencias en los procesos de determinación de edad y en la identificación, el censo y la filiación de los menores por parte de las instituciones públicas.

Amnistía reclamó a Castilla-La Mancha que mantenga "el compromiso que ha venido demostrando hasta ahora" en los mecanismos de solidaridad y corresponsabilidad entre comunidades autónomas, y recordó que cualquier decisión sobre estos menores debe basarse en el principio del interés superior del menor, garantizar su derecho a solicitar protección internacional y respetar en todo caso el principio de no devolución.

Los trabajadores sociales exigen cumplir la ley y "actuar con responsabilidad"

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha sumó su voz este jueves al debate con una declaración institucional en la que instó a los responsables políticos de la región a "actuar con responsabilidad, mantener la cordura institucional" y cumplir estrictamente con los marcos legales de protección a la infancia. La declaración, dirigida expresamente contra las manifestaciones públicas del presidente García-Page sobre la acogida de menores procedentes de Ceuta, recordó que la Junta tiene competencia y responsabilidad en materia de protección y tutela de menores con independencia de su nacionalidad, origen o procedencia.

El Colegio subrayó que la obligación de colaborar con otras autonomías bajo el principio de solidaridad interterritorial es "un mandato legal y un mecanismo de justicia distributiva", y rechazó con contundencia los discursos que "criminalicen o utilicen términos alarmistas como 'invasión' para referirse a la infancia desprotegida". Los trabajadores sociales también pusieron el acento en la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de protección: "Garantizar los derechos de la infancia requiere sistemas públicos sólidos, suficientemente dotados y capaces de responder de manera adecuada y sostenible", señalaron, en una advertencia que apunta tanto a la presión actual sobre el sistema como a la demanda de recursos estructurales a largo plazo.