Page pide "toda la fuerza del Estado" ante la "invasión" de Ceuta

El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page criticó este miércoles la gestión del Gobierno de España ante la llegada masiva de personas a Ceuta, a la que calificó de "invasión" y "violación de la integridad territorial", en declaraciones a los medios realizadas en Navalcán (Toledo), donde acudió para inaugurar unas instalaciones deportivas. El presidente castellanomanchego reclamó al Ejecutivo central que actúe "con toda la fuerza del Estado", descartando que lo ocurrido sea un problema de inmigración: "Es un problema claramente de seguridad nacional".

García-Page fue rotundo al valorar la reacción de Moncloa: "No creo que haya nadie en España que piense que haya habido siquiera respuesta a lo que pasó". El presidente regional subrayó que la respuesta ha sido "evidentemente insuficiente desde todo punto de vista" y añadió una crítica implícita a los tiempos: "Hemos tenido la desgracia de que se haya producido el incidente de seguridad al comienzo de las vacaciones; a lo mejor ese mando único habría estado mucho antes de haber sido al final de las vacaciones".

La contradicción entre Robles y Marlaska, en el punto de mira

El mandatario fue preguntado por si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó o no de la llegada masiva de personas a Ceuta, asunto en torno al cual la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han ofrecido versiones contradictorias. García-Page admitió no tener "la más mínima idea" de lo ocurrido, pero alertó de que si "a la impotencia en el control de las fronteras se suman discrepancias y contradicciones en las distintas versiones, lo único que cabe esperar es mucha zozobra, mucho desasosiego y mucha incertidumbre".

El presidente regional descartó además entrar a calificar la actitud de Marruecos —como sí han hecho varios ministros del Gobierno— y pidió "ser serios" en lugar de "enredar con la figura del rey cuando es un problema de seguridad nacional". Sobre el papel de Felipe VI, García-Page recordó que en una crisis de esta naturaleza el jefe del Estado "tiene que acomodarse a las consignas del gobierno, y por tanto que nadie juegue con valores que están muy por encima". Sí ofreció plena colaboración al ministro Torres en su papel de mando único.

Pacto de Estado y rechazo a las competencias autonómicas en migración

García-Page reclamó la apertura de negociaciones entre Gobierno y oposición para alcanzar "un auténtico pacto de Estado en relación con la migración", que a su juicio no debería satisfacer a "ninguno de los radicales en unos extremos y en otros". Advirtió de que el "ambiente político de crispación y de frentismo" hace hoy inviable ese acuerdo, y reclamó "sacar del frentismo barato y del populismo barato" el debate sobre cómo tratar "humana y legalmente" a quienes llegan por necesidad, aunque reconoció que "todo tiene que tener un límite y un perímetro".

El presidente manchego fue especialmente crítico con la tramitación de la normativa que reclama competencias en materia de inmigración para Cataluña, a la que calificó de "chantaje independentista". "Si la emigración y el problema de las fronteras es una cuestión de seguridad nacional, no se puede dejar en manos de ningún gobierno autonómico", afirmó, en un mensaje dirigido sin mencionar expresamente al Gobierno central.

Reparto de menores: "Devolver a todos los que han entrado ilegalmente"

Preguntado sobre el eventual reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas, García-Page fue tajante: "El Gobierno tiene que cumplir con la palabra que ha dado y es devolver a todos los que han entrado ilegalmente; lo contrario sería tanto como provocar nuevas invasiones". Argumentó que si el propio Gobierno ha calificado lo sucedido de invasión y ha prometido que los llegados "perderán la esperanza incluso de pasar a la península", debe cumplir ese compromiso.

El presidente manchego reconoció que Castilla-La Mancha "acoge desde hace ya años a muchos más menores emigrantes de los que le corresponden por nuestra propia población" y aseguró que la región prestará "todos los servicios que se le pidan dentro de las leyes". Sin embargo, advirtió de que sin un control efectivo de fronteras —con la consiguiente carga financiera asumida por el Estado, no por las comunidades— el problema será "el cuento de nunca acabar". García-Page fue explícito al trasladar la responsabilidad al Ejecutivo nacional: "Hasta que el gobierno de España no entienda que todo lo derivado del control de fronteras le corresponde al Estado, no habrá medidas serias".