Plataformas contra el biometano en Castilla-La Mancha piden la nulidad del decreto

La plataforma regional Stop Biometano CLM y el partido Verde Verdes-Equo Castilla-La Mancha comparecieron este miércoles ante los medios para exigir la nulidad del proyecto de decreto del Gobierno regional que establece las condiciones para la transformación de residuos orgánicos en biometano, al que han trasladado más de 5.400 alegaciones. Sumadas a las 15.071 presentadas al anterior Plan de Biometanización, los colectivos contabilizan ya más de 20.000 alegaciones procedentes de ciudadanos particulares, ayuntamientos, asociaciones, plataformas y otras entidades de toda la región y de comunidades limítrofes.

Rafael Ruiz, portavoz de la plataforma ciudadana de Torralba de Calatrava (Ciudad Real), afirmó que "el decreto tiene muchísimos elementos que generan inseguridad jurídica y por tanto podrían ser motivo de nulidad", y reclamó que fuera revisado y anulado. Ruiz advirtió además de que, si la Junta de Comunidades mantiene su postura, "no nos quedará más remedio que acudir a la Justicia", y anunció que las plataformas han solicitado una reunión con el presidente autonómico, Emiliano García-Page, para trasladarle directamente su oposición. Reclamó también que la Junta emita "comunicación oficial" sobre la prescripción del Plan de Biometano, de su evaluación ambiental estratégica y de su declaración ambiental estratégica.

El decreto y el papel de los ayuntamientos

Los colectivos concentraron buena parte de sus críticas en lo que consideran una contradicción de fondo en el texto: el decreto reconoce que los ayuntamientos tendrán la última palabra para permitir o rechazar una planta de biometano, pero, al mismo tiempo, el Gobierno regional tramita la ley de proyectos empresariales estratégicos que, a su juicio, "se pone por encima de estos informes que hacen los ayuntamientos". Los portavoces denunciaron además que el decreto no aclara el poder, el papel, el procedimiento ni los recursos de que disponen los consistorios para ejercer su autoridad en su propio municipio.

En ese mismo sentido, señalaron que el texto tampoco establece cuáles serían los criterios "motivados" que la Junta podría aducir para declarar "estratégica" una instalación, lo que permitiría aprobarla incluso "en contra de la voluntad de los ayuntamientos" y "pese a la no conformidad" con el proyecto. Ruiz subrayó que la reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental permitirá a los ayuntamientos "decir sí o no" a estos proyectos mediante un informe técnico "razonado", aunque admitió la paradoja: la Junta puede considerar "estratégicos" aquellos proyectos declarados "de utilidad pública", sin que el decreto precise los criterios para ello.

Riesgo de accidentes, codicia empresarial y falta de técnicos

Elisa Díaz, representante de Verdes-Equo, calificó de "maniobra" el hecho de que la Administración regional haya sustituido el Plan de Biometanización por un decreto y advirtió de que la ciudadanía "no se va a quedar de brazos cruzados". Alertó de que "la codicia" de las empresas puede ser "perjudicial" para el territorio y de que el decreto no prevé "lo suficientemente" el riesgo de fugas o accidentes. "El problema de los residuos hay que abordarlo y hay que hacer un tratamiento lo más adecuado posible, pero no pensamos que las macroplantas sean la solución", afirmó.

Díaz aclaró que su organización no se opone a la gestión de residuos, pero sí rechaza que Castilla-La Mancha sea "la que tenga que limpiar los residuos de toda España, los residuos de Madrid o los residuos de otras comunidades". "No nos parece de recibo hacer aquí la gran megaindustria de reciclaje del territorio", añadió. Apuntó también que muchos de los municipios afectados carecen de los técnicos competentes a quienes el decreto atribuye la elaboración de los informes necesarios para evaluar los proyectos.

Los colectivos pidieron además a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que mantenga reuniones más frecuentes con las plataformas ciudadanas, en contraposición a los encuentros que, según denunciaron, sí sostiene con empresas gasísticas y constructoras.

71 proyectos en curso y doce alternativas al modelo

Carmelo Donoso, portavoz de Stop Biometano en Carrión de Calatrava (Ciudad Real), precisó que el Gobierno regional tiene actualmente 71 grandes proyectos de plantas de biometano en curso —tres de ellas ya activas en Balsa de Ves (Albacete), Noez-Casas Buenas (Toledo) y Belinchón (Cuenca)— y alertó de que "ningún municipio de Castilla-La Mancha tiene, ni por asomo, los residuos suficientes para el enorme tamaño de procesamiento" que se pretende instalar. Las plantas son, a juicio de los colectivos, "contaminantes, malolientes y nocivas" y pueden generar impactos sobre "la flora, la fauna y el paisaje". "Poner las plantas a dos kilómetros de donde vive la gente no solamente es irracional, sino que es insensible, es antipopular, antisocial y antidemocrático", afirmó Donoso, que advirtió de que ello "daría pie a ser denunciado ante los tribunales".

Ruiz subrayó que existen al menos doce métodos alternativos para la gestión de residuos orgánicos sin necesidad de recurrir a estas instalaciones, propuestas sobre las que las plataformas trabajan con argumentación técnica. La plataforma regional, que agrupa actualmente a 46 colectivos y aspira a llegar al centenar, califica el modelo impulsado por la Junta de "político antisocial, antipopular y antidemocrático", al pretender implantar estas infraestructuras "en contra de la voluntad de los pueblos".

La campaña para salvar las Tablas de Daimiel

Alberto Celis, representante de la plataforma en Daimiel (Ciudad Real), centró su intervención en el riesgo que suponen para el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel las tres plantas de biometano proyectadas en la zona. Celis criticó que el decreto no incluye ningún artículo que "imposibilite" la instalación de plantas en espacios naturales protegidos y anunció el lanzamiento de una campaña nacional y regional bajo el lema Salvemos las Tablas de Daimiel para movilizar la oposición ciudadana e intentar que estas instalaciones no afecten al espacio protegido.

La oposición al Plan de Biometanización es, según sus impulsores, "creciente": las más de 20.000 alegaciones contabilizadas proceden "fundamentalmente de ciudadanos particulares", aunque también de ayuntamientos, asociaciones, plataformas y otras entidades y empresas. De no producirse un cambio de rumbo por parte del Gobierno regional, los colectivos advierten que sus argumentos acabarán dirimiendo ante los tribunales.