APAG exige cesar al delegado de Agricultura por el parque solar
La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), Ecologistas en Acción, la Plataforma Aliente y la Plataforma de Afectados por el Parque Solar Fotovoltaico 'Haza del Sol' exigieron este lunes el cese del delegado provincial de Agricultura, Santos López Tabernero, quien es al mismo tiempo alcalde de Fuentelencina (Guadalajara), municipio en el que está prevista la instalación de un macroparque solar de 275 hectáreas.
Los colectivos, reunidos en una rueda de prensa celebrada en Guadalajara capital, reclamaron una moratoria municipal inmediata que permita revisar el expediente y abrir un proceso de diálogo. El Ayuntamiento de Fuentelencina respondió horas después con un comunicado en el que defendió haber actuado "con legalidad y en función de sus competencias".
Agricultores, ganaderos, ecologistas y vecinos afectados por el proyecto fotovoltaico 'Haza del Sol' se concentraron este lunes en Guadalajara capital para exigir el cese del delegado provincial de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha, Santos López Tabernero, que ejerce también como alcalde de Fuentelencina (Guadalajara), el municipio donde está prevista la implantación de una planta solar de 275 hectáreas —2,75 millones de metros cuadrados— y una línea de evacuación de 41 kilómetros hasta conectar con la red de Madrid. Los colectivos denunciaron el conflicto de interés que supone que el responsable institucional del sector agrario en la provincia respalde, a su juicio, una infraestructura que consideran perjudicial para los agricultores y el medio rural de la Alcarria.
El presidente de APAG, Juan José Laso, fue el portavoz principal de la protesta y dirigió al consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, una petición formal de destitución del delegado. "Un delegado de Agricultura tiene que apoyar al sector agrícola y defender las incorporaciones de jóvenes agricultores, no ser un adalid de empresas fotovoltaicas", afirmó Laso, que calificó de "incomprensible" que López Tabernero, en su condición de alcalde, no haya informado a sus vecinos del alcance real del proyecto. Asimismo, instó al Ayuntamiento a aprobar una moratoria municipal "para abrir un periodo de discusión y diálogo" antes de que el expediente avance de forma irreversible.
Laso sostuvo que la infraestructura "no aporta ningún beneficio" a la provincia y que su único propósito es la exportación de energía eléctrica fuera del territorio. "Esto va a ser una cicatriz más para transferir energía a Madrid, sin ningún beneficio para los que habitamos el medio rural de Guadalajara", subrayó.
La denuncia de los afectados: "O cedíamos las tierras o nos las quitaban"
El portavoz de la Plataforma de Afectados por el Parque Solar Fotovoltaico 'Haza del Sol', Aurelio Urigoga, relató que los propietarios y agricultores de la zona no tuvieron conocimiento oficial de la existencia del proyecto hasta febrero de este año, cuando comenzaron a recibir cartas de la empresa promotora en las que se les planteaban contratos de arrendamiento o se les advertía de posibles expropiaciones. "O cedíamos las tierras por 1.000 euros por hectárea o nos las quitaban", resumió Urigoga, que denunció que los vecinos se habían sentido "desprotegidos" durante todo el proceso.
La plataforma calcula que hay más de 50 afectados directos e indirectos entre propietarios, agricultores y explotaciones agrarias vinculadas tanto a la superficie del parque como al trazado de la línea de evacuación. Urigoga explicó que muchos de ellos no pudieron presentar alegaciones en fases anteriores del expediente porque desconocían que el proyecto había sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Ningún agricultor de Fuentelencina se lee el BOE todos los días", lamentó.
Según los técnicos de APAG presentes en la rueda de prensa, el proyecto inició su tramitación ambiental en 2021 y obtuvo posteriormente declaración de impacto ambiental favorable con modificaciones. Sin embargo, todavía resta pendiente el procedimiento vinculado a la declaración de utilidad pública y las expropiaciones, fase que los colectivos consideran clave para intentar frenar o replantear la instalación mediante alegaciones y herramientas de ordenación urbanística local.
Jóvenes agricultores en riesgo de devolver ayudas públicas
Uno de los aspectos más graves puestos de manifiesto durante la comparecencia fue el impacto del proyecto sobre los jóvenes agricultores que se incorporaron recientemente al sector gracias a subvenciones públicas. Víctor Plaza, representante de Jóvenes Agricultores de APAG y vecino de Fuentelencina, advirtió de que algunos podrían verse obligados a devolver las ayudas recibidas si pierden el acceso a las tierras de cultivo sobre las que sustentaron sus planes de negocio. "Hay jóvenes que han invertido en maquinaria, modernización y explotaciones y ahora podrían verse obligados a devolver ayudas públicas", denunció. "Mientras unas administraciones fomentan el relevo generacional, otras permiten proyectos que nos expulsan del territorio", añadió.
Ecologistas cuestionan las garantías técnicas del expediente
Ecologistas en Acción y la Plataforma Aliente también sumaron su voz a las críticas y denunciaron "prepotencia" por parte de las empresas promotoras. Cuestionaron especialmente los plazos de 15 días con los que algunas cartas remitidas a los propietarios instaban a aceptar acuerdos antes de iniciar posibles expropiaciones, y trasladaron la situación a la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Los colectivos advirtieron además de lagunas técnicas en el expediente: la ausencia de un plan de desmantelamiento de la planta al término de su vida útil, la falta de estudios de seguridad específicos frente a incendios y los posibles impactos sobre la fauna protegida y sobre explotaciones ganaderas próximas, entre ellas una finca de caballos árabes situada junto al trazado de la línea de evacuación. En ningún momento, subrayaron, se oponen a las energías renovables como principio, sino al modelo de implantación elegido y a la ausencia de mecanismos que protejan a los propietarios afectados. Criticaron igualmente que la Junta de Castilla-La Mancha carece de una normativa autonómica clara en esta materia.
El Ayuntamiento responde: "Actuamos con legalidad"
Horas después de la rueda de prensa, el Ayuntamiento de Fuentelencina emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones de opacidad y defendió que su actuación "se ha guiado siempre desde la responsabilidad institucional, la escucha y el cumplimiento estricto de la legalidad vigente". El consistorio precisó que "concede únicamente aquellas licencias y autorizaciones que correspondan conforme a la ley y siempre que el proyecto cumpla todos los trámites, requisitos e informes establecidos por las administraciones competentes".
El Ayuntamiento recordó además que 'Haza del Sol' "afecta a varias comunidades autónomas y municipios", por lo que "excede del ámbito exclusivo de decisión municipal", e informó de que presentará alegaciones dentro del periodo de información pública abierto por el Ministerio de Política Territorial relativo a la solicitud de modificación de la autorización administrativa previa, la autorización de construcción y la declaración de utilidad pública del proyecto.
El consistorio defendió igualmente que el alcalde ha mantenido "conversaciones directas con representantes de la plataforma de afectados" y que sus puertas "han estado y seguirán estando abiertas para todas las personas que quieran trasladar sus planteamientos, preocupaciones o propuestas". La posición del Ayuntamiento deja, sin embargo, sin respuesta directa la exigencia de moratoria municipal planteada por APAG, y no se pronuncia sobre el conflicto de interés denunciado por los colectivos en relación al doble cargo de Santos López Tabernero. El debate sobre el modelo de implantación de las energías renovables en la Alcarria queda así abierto ante una administración regional que, de momento, no ha tomado posición pública.
