Las horas extra sin pagar equivalen a 3.153 empleos en Castilla-La Mancha

El Gabinete Económico de Comisiones Obreras (CCOO) hizo público este lunes, 3 de agosto de 2026, un informe elaborado con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que acredita que las horas extraordinarias no remuneradas siguen siendo una de las principales formas de abuso laboral en España, con un impacto especialmente significativo en Castilla-La Mancha, donde 17.452 personas trabajadoras realizan cada semana 117.789 horas extra sin cobrar, el equivalente a 3.153 empleos a jornada completa que el mercado no llega a generar.

Según el informe, en la región un total de 42.426 asalariados y asalariadas reconocen haber realizado horas extraordinarias de un universo de 804.284 personas asalariadas. De ese volumen, en el último año se abonaron 230.358 horas extra semanales a una media de 29.491 trabajadores. Sin embargo, otras 117.789 horas semanales realizadas por 17.452 personas quedaron sin retribución alguna.

La secretaria de mujeres, igualdad y juventud de CCOO en Castilla-La Mancha, Ana Villaseñor, subrayó que "es un fraude y tiene una consecuencia muy grave: que muchas personas que buscan trabajo no tienen una oportunidad y otras acumulan horas sin cobrar, por lo que no podemos aceptar que ésa sea la forma de organizar el empleo".

El coste para el trabajador: 7.696 euros al año

El informe de CCOO detalla con precisión el impacto económico que soporta cada trabajador afectado. De media, una persona en esta situación realiza 5,8 horas extra no pagadas a la semana, lo que equivale a "regalar" a la empresa 148 euros semanales entre salario y cotizaciones sociales no percibidas. A lo largo de un año, esa cifra asciende a 7.696 euros por trabajador.

En cuanto al reparto sectorial dentro de la región, las horas extraordinarias pagadas se concentran principalmente en la industria (34.819 horas), la construcción (29.290) y el transporte (20.937). El perfil es diferente cuando se analiza el trabajo no remunerado: en ese caso destacan el transporte (25.016 horas), las actividades sanitarias y de servicios sociales (16.868), la educación (11.623) y la hostelería (9.606).

Un problema estructural a escala nacional

La radiografía regional se inserta en un problema de mayor calado a nivel nacional. En España, 436.000 asalariados trabajan cada semana de media 2,54 millones de horas extraordinarias sin remuneración. Ese volumen de trabajo no pagado es equivalente a 68.000 puestos de trabajo a jornada completa que el tejido productivo deja de crear, y supone que el empresariado deja de ingresar al erario público 3.378 millones de euros al año en concepto de salarios, cotizaciones sociales e impuestos.

Por sectores, el mayor volumen nacional de horas no pagadas corresponde a la educación (19,5%), seguida de la industria manufacturera (9,9%), las profesiones científicas y técnicas (9,8%) y la hostelería (8,9%). Si el análisis se hace por porcentaje de plantilla afectada, encabezan el ranking las finanzas y seguros —con un 6,5% de sus asalariados trabajando horas extra sin cobrar— y la educación (5,2%).

La intensidad de las horas no retribuidas por trabajador presenta también diferencias acusadas entre sectores. El más gravoso es el de edición, radiodifusión y distribución de contenidos, con una media de 8,5 horas extra no pagadas a la semana. Le siguen la hostelería, con 7,5 horas, y el binomio transporte-almacenamiento, con 7 horas semanales no retribuidas.

CCOO exige más Inspección de Trabajo

Ante estos datos, CCOO reclama que se refuerce el control del cumplimiento de la normativa sobre jornada laboral para erradicar una práctica que, a juicio del sindicato, vulnera los derechos de los trabajadores, distorsiona la competencia entre empresas y merma los ingresos del Estado.

Villaseñor fue contundente en el diagnóstico: "La ley existe pero hay que hacerla cumplir porque nadie debería regalar su tiempo de trabajo. Cada hora trabajada tiene que pagarse, es una cuestión de derechos, de salarios y de creación de empleo". El sindicato insiste en que el fraude en el registro de jornada no solo precariza la vida de quienes lo padecen, sino que actúa como un freno estructural a la creación de nuevos puestos de trabajo en la región y en el conjunto del país.