Derechos versus burocracia: la doble cara de la titularidad compartida para la mujer rural

Mónica, Josefa, Sonia y Petri decidieron hace años compartir con sus maridos la titularidad de sus explotaciones agrarias, un paso que les abrió las puertas a la cotización y otros derechos, aunque aún sufren el lastre de la burocracia.

Estas cuatro mujeres forman parte del reducido grupo de cerca de 1.400 altas que figuran en el registro de explotaciones de titularidad compartida del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Su número ha ido creciendo desde que en 2011 se aprobó la Ley de titularidad compartida para profesionalizar la actividad agraria de las mujeres, pero su figura no termina de calar en el campo, por lo que el Gobierno tiene previsto modificar la norma con la próxima ley de agricultura familiar.

Ganadería en Toledo

La ganadera Mónica Castellanos reivindica que "la mujer siempre ha estado en el negocio" y, en su caso, estuvo ayudando a su pareja cada vez más hasta un punto en el que quiso hacerse cotitular de la explotación en Navahermosa (Toledo).

Explica a Efeagro que al principio les pusieron "muchísimas pegas" -"todavía en 2016 había muchos problemas porque nadie sabía gestionar la titularidad compartida"-, si bien reconoce que luego la situación fue mejorando y personalmente ha recibido "muchas ayudas" a medida que se ha ido valorando más el papel de la mujer rural.

No obstante, conoce a muchas mujeres que siguen trabajando sin estar dadas de alta en la Seguridad Social o lo hacen como autónomas, y centra la crítica en la burocracia: "Los papeles nos matan. Todos los días nos ponen pegas. No podemos estar siempre pendientes de los papeles y de los cambios que se hacen a diario".

Frutales en Zaragoza

Para Josefa Acerete, una de las primeras en sumarse a la titularidad compartida con su explotación de frutales en la comarca de Calatayud (Zaragoza), la mayor ventaja que le ha reportado ha sido la de cotizar, aunque su cuota es mínima y la de su marido es mayor "porque el campo va bastante mal y hay que pagar todos los meses".

Además, querían tenerlo todo regularizado, teniendo en cuenta que en la finca cada año contratan a trabajadores para la campaña de la fruta y ella está al mando, organizando la recogida y el almacenamiento para enviarla al mercado.

A sus 62 años, opina que "el futuro para las mujeres rurales está difícil, sobre todo en los pueblos pequeños donde no queda gente y los pequeños agricultores no pintan nada".

Pollos en León

En León, la provincia española con más altas en titularidad compartida, Sonia Castro gestiona junto a su marido una granja de pollos y 70 hectáreas de cereal y remolacha.

"Tras trabajar en el sector servicios, yo quería incorporarme a la actividad agraria e hicimos la titularidad compartida en 2016. En aquel momento la figura era bastante desconocida en algunas administraciones y hasta tuvimos problemas para abrir una cuenta común en el banco", comenta Castro.

Atrás quedaron los días en los que solo su marido podía encargarse de las gestiones, aunque sigue habiendo "muchos flecos sin hilvanar" como, por ejemplo, las normas "contradictorias" que persisten entre la Seguridad Social, el Ministerio de Agricultura, Hacienda y los gobiernos regionales.

Castro agradece la discriminación positiva hacia las mujeres en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y la titularidad compartida, cuestión en la que suelen recibir el asesoramiento de las organizaciones agrarias.

E insiste en la necesidad de facilitar los trámites, bonificar más las cotizaciones sociales, impulsar la diversificación de los negocios, ofrecer servicios en los pueblos y dar otros incentivos que garanticen el futuro de las mujeres en las zonas rurales.

Cereal en Burgos

Petri Esteban, agricultora de Burgos, comparte con su esposo una explotación de cereal de secano y otra de regadío de patata, remolacha, girasoles y alfalfa, junto con alguna viña.

El único beneficio que dice haber encontrado ha sido el de darse de alta en la Seguridad Social, algo que -en su opinión- "ha llegado con 40 años de retraso", dejando fuera del sistema a muchas mujeres antes.

Esta hija de productores ya quiso tener su propia explotación cuando su padre se jubiló. "No me dejaron porque estaba casada con un agricultor. Hice el curso de incorporación hace 26 años y solo pude empezar en 2018", sostiene.

Esteban se dedica sobre todo a la gestión de la burocracia, que califica como "la gran carga de este país", y pone de relieve lo que significa para ella la titularidad compartida: "visibilizar que la explotación está a mi nombre".