Castilla-La Mancha renueva su ley agraria tras 20 años y blinda su calidad

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, ha abierto este lunes, 1 de junio de 2026, el proceso participativo para la elaboración de la Ley de Calidad Agroalimentaria de la comunidad autónoma. La consulta, accesible en el Portal de Participación regional, busca recoger las aportaciones de la ciudadanía, profesionales, organizaciones y entidades del sector agrario y agroalimentario antes de que el texto definitivo inicie su tramitación parlamentaria.

La nueva norma pondrá fin a casi dos décadas de vigencia de la Ley 7/2007, que desde su aprobación ha operado en un escenario muy diferente al actual. La región afronta así la necesidad de adecuar su legislación a los profundos cambios producidos en los reglamentos europeos sobre calidad agroalimentaria, un proceso de transformación normativa que Bruselas ha acelerado en los últimos años y que las comunidades autónomas están obligadas a trasladar a sus marcos jurídicos propios.

El futuro texto legal fijará las reglas que garantizarán la calidad y la conformidad de todos los productos agroalimentarios producidos, almacenados o distribuidos en Castilla-La Mancha. Entre sus principales objetivos figura la mejora de la trazabilidad, el etiquetado y los sistemas de control oficial, así como el incremento de la transparencia a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor hasta el consumidor final.

Las figuras de calidad diferenciada, eje central de la norma

Uno de los pilares sobre los que se construirá la nueva ley es el refuerzo de las figuras de calidad diferenciada. La normativa autonómica prestará atención especial a las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG), instrumentos clave en la estrategia de valor añadido que define la producción agroalimentaria de la región.

En este punto, la adaptación al marco comunitario vigente abre una novedad relevante: la posibilidad de que cada figura de calidad pueda contar con una agrupación de productores reconocida, una figura que el Reglamento europeo en vigor ya contempla y que hasta ahora no tenía reflejo en la legislación castellanomanchega. La ley también regulará los procedimientos y plazos específicos en el ámbito autonómico para la inscripción, modificación y cancelación de estas figuras en los registros de la Unión Europea, cubriendo así la denominada fase preliminar nacional de estos trámites.

Artesanía alimentaria, control oficial y promoción del producto local

Más allá de las figuras de calidad, la ley incorpora nuevas herramientas orientadas a poner en valor los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha. Entre las novedades destaca la regulación de la artesanía alimentaria, un segmento en expansión que hasta ahora carecía de un encuadre legal propio en la normativa regional.

El texto también clarificará el papel de los distintos actores que participan en el control oficial de la calidad, un mecanismo que la ley define como instrumento para velar por la calidad de los productos, la lealtad en las relaciones comerciales y la veracidad de la información facilitada a los consumidores. En paralelo, se establecerán medidas de fomento de la calidad agroalimentaria, con especial atención a la promoción de los productos amparados por alguna de las figuras de calidad reconocidas.

Participación abierta hasta el 8 de junio

El proceso participativo está disponible en el Portal de Participación de Castilla-La Mancha, en la dirección participacion.castillalamancha.es/node/2038, y permanecerá accesible hasta el 8 de junio de 2026. Pueden contribuir en él tanto particulares como profesionales del sector, organizaciones agrarias, cooperativas y cualquier entidad con interés en la futura norma.

Con esta consulta, el Gobierno regional subraya su apuesta por la participación ciudadana como base del proceso de elaboración normativa, un modelo que permite incorporar la experiencia directa de los actores implicados antes de que el texto llegue a las Cortes de Castilla-La Mancha. La región cuenta con un tejido agroalimentario de primer nivel nacional —con producciones estratégicas como el vino, el aceite de oliva, el queso manchego o el azafrán— cuya competitividad futura dependerá en buena medida de la solidez del marco legal que esta ley aspira a construir.