Cientos de agricultores presionan a la Eurocámara para llevar el Mercosur al TJUE

Cientos de agricultores de la Unión Europea, procedentes principalmente de Francia, Bélgica, Italia, Polonia y España, se concentraron este martes en las inmediaciones del Parlamento Europeo en Estrasburgo para presionar a los eurodiputados en la víspera de la votación sobre la posible remisión del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La movilización se produjo apenas tres días después de la firma del acuerdo en Paraguay y respondió a la convocatoria del principal sindicato agrícola francés, la Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas (FNSEA), que ya había mostrado su rechazo al pacto el pasado día 18 con protestas en lugares simbólicos de París en las que participaron más de 300 tractores.

Según su presidente, Arnaud Rousseau, la FNSEA esperaba movilizar este martes hasta setecientos tractores y unos 4.000 manifestantes en Estrasburgo. El dirigente sindical subrayó que el acuerdo con Mercosur “no puede ser tratado como un acuerdo comercial más” y alertó de los riesgos legales, la falta de reciprocidad y la presión a la baja sobre los precios que, a su juicio, supondría para los agricultores franceses y europeos.

Ante la protesta, las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de seguridad, reforzado con unidades antidisturbios, para proteger la sede del Parlamento Europeo, que inició este lunes su actual sesión plenaria.

Está previsto que este miércoles los eurodiputados voten sobre la posible remisión del texto del acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el objetivo de que examine su compatibilidad con los tratados europeos y, en caso de un dictamen desfavorable, forzar su modificación.

Además de aumentar la presión política, la FNSEA pretende mantener reuniones con numerosos eurodiputados y permanecer en Estrasburgo hasta la votación. “Es fundamental que los agricultores estén presentes en Estrasburgo”, afirmó la ministra de Agricultura francesa, Annie Genevard, en declaraciones al programa “Grand Rendez-vous”, de la radio Europe 1, la televisión CNews y el diario económico Les Echos.

La ministra explicó que la movilización también busca respaldar a los parlamentarios europeos partidarios de acudir al Tribunal de Justicia para verificar la conformidad del acuerdo con los tratados, los textos comunitarios y los principios fundamentales de la integración europea. “Se plantean varias cuestiones jurídicas sobre las cuales el Tribunal de Justicia tendría motivos para debatir”, señaló.

Francia fue uno de los pocos países de la Unión Europea que votaron en contra de la firma del acuerdo, negociado desde 1999, tal y como está planteado. El pacto prevé la creación de una de las mayores zonas de libre comercio del mundo entre la UE, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que abarcaría a más de 700 millones de consumidores.

Gracias a su oposición, Francia logró la inclusión de cláusulas de salvaguarda que permitirían restablecer aranceles si las importaciones procedentes de Mercosur provocan una desestabilización del mercado, ya sea por variaciones de los flujos comerciales o por caídas de precios superiores al 5 %. París también impulsó las denominadas cláusulas espejo, que exigen reciprocidad en materia de normas sanitarias, uso de fitosanitarios y controles sanitarios, veterinarios y fitosanitarios sobre los productos procedentes de Sudamérica.

Pese a estas concesiones, todos los sindicatos agrícolas franceses se oponen de forma tajante al acuerdo desde el inicio de las negociaciones, lo que ha dado lugar a numerosas movilizaciones, especialmente en las últimas semanas. Consideran que el pacto perjudica a los productores de remolacha y caña de azúcar, pollo y, sobre todo, carne de vacuno, mientras que beneficiaría a los sectores del vino, los quesos y determinadas ramas industriales.

Al margen de su rechazo al acuerdo con Mercosur, los manifestantes, apoyados por Copa-Cogeca, la principal organización agrícola europea, protestan también por la financiación de la Política Agrícola Común en el nuevo proyecto presupuestario plurianual de la UE y reclaman medidas de simplificación administrativa.